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Una respuesta coherente ante los recortes a lo público en general y a la Escuela Pública en particular, porque una Escuela Pública de verdad ha de ser LAICA

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LA LEY WERT “DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA”

¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

(13 de noviembre de 2012)

 

Muchas de las críticas publicadas hasta ahora han incurrido en el error de analizar el anteproyecto de ley al margen del conjunto de medidas ya adoptadas por los gobiernos central y autonómicos en todos los ámbitos del sistema educativo (recortes de presupuestos y plantillas, aumento de horas lectivas del profesorado, grupos más numerosos, supresión de medidas compensatorias, disminución de becas, subida de matrículas etc. y, como consecuencia lógica, nuevos avances en el proceso de privatización).

Por otra parte, este conjunto de medidas deben entenderse dentro del contexto más general del plan de “austeridad” asumido ahora por Rajoy y antes por Zapatero, bajo la presión de instancias internacionales encabezadas por la "troika" FMI, UE y BCE. Todos ellos dirigidos a la destrucción acelerada de servicios públicos y de conquistas sociales. Planes ya viejos en las altas instancias europeas, pero actualizados y acelerados ahora bajo el pretexto de la "crisis" y del aumento de la deuda soberana resultante de la socialización de las deudas y desfalcos privados.

Pero el hecho de subrayar la continuidad con las políticas anteriores no quita para destacar la dimensión, hasta ahora inédita, de la política destructiva llevada a cabo por el PP en los últimos meses, en particular en educación, y en general en todos los servicios públicos. De hecho, la pretendida reforma educativa del PP ya ha recorrido un inmenso trayecto tras los enormes retrocesos impuestos en un tiempo record a logros históricos que, aunque algunos consideramos parciales e insuficientes, fueron fruto de largas luchas en el terreno educativo.

Como lo demuestra la política educativa seguida los últimos meses, el marco de la LOE de 2006 (falsamente caracterizada como "progresista" por quienes se conceden a sí mismos ese título) era plenamente aprovechable para continuar la aplicación de las políticas neoliberales en la educación. De hecho, como las anteriores LODE, LOGSE y LRU, permitió su progresión con el anterior gobierno y ni impedía, ni ha impedido, al actual adaptarlo a las circunstancias a través de simples decretos, órdenes, instrucciones y anexos presupuestarios, como ya se ha venido haciendo desde el MEC y desde las distintas CCAA.

¿Por qué empeñarse, entonces, en medio de una situación crítica y una contestación creciente en la calle, en abrir otro frente y, además, tramitar de forma provocadora el nuevo proyecto por la vía de urgencia, eludiendo consensos? En nuestra opinión, la LOMCE como tal y la premura del ministro Wert para "modificar" la LOE socialista (en buena parte conservada) viene a cubrir dos objetivos al margen del asunto específico de la educación:

a) En primer lugar, dar satisfacción a la clientela fiel del PP, cumpliendo -en lo posible- las promesas de su programa relativas a los elementos más reaccionarios de su ideología (entre ellos, los temas referidos al aborto, código penal, política exterior, relaciones con la Iglesia, presos etarras, nacionalismo españolista, etc.). En esa línea se sitúan aspectos llamativos de las propuestas educativas, pero de menor alcance, como la legalización de los conciertos de centros que segregan por sexo, la recuperación del discurso acerca de los “itinerarios” en la ESO (ya existentes de hecho), la “recentralización” del currículo para “españolizarlo” y “cristianizarlo” (añoranzas del nacional catolicismo franquista), la modificación del nombre y de los contenidos de la “Educación para la Ciudadanía”, la supresión de la Ética filosófica y otras materias ya asentadas en el currículo (referentes imprescindibles de la formación humanística y científica), a la vez que, de acuerdo con el ideario neocon , se mantiene el lugar privilegiado del viejo adoctrinamiento religioso en la escuela o se introduce una nueva asignatura para “aprender a emprender”).

b) En segundo lugar, dar la apariencia de un gobierno “activo” y con iniciativas propias (estando como está supeditado a las órdenes recibidas de fuera), que, a la vez, ayuden a desviar la atención del problema central: la descomunal destrucción de la economía, de las fuerzas productivas y de las conquistas sociales. Este gobierno, cada vez más débil y abrumado por todas partes, necesita crear “ruido” permanentemente, incluidas las declaraciones intempestivas de sus ministros. En este aspecto, los temas educativos dan mucho de sí para alimentar falsos debates o debates desviados hacia elementos de escaso alcance práctico (sirvan de ejemplo la “recentralización” de los currículos, el recorte de competencias a las CCAA, las funciones de los Consejos Escolares, etc.) y hacer que se enreden en esa trampa las distintas fuerzas de oposición (que, por otra parte, aceptaron con escasas resistencias la LOE).

No hay que olvidar, finalmente, que para nuestros gobernantes es el momento de aprovechar el shock producido en la población por la lluvia de palos recibidos desde todos los ángulos, para, en una huida hacia delante, concentrar, también dentro del terreno específico de la enseñanza, los ataques que, en otra situación y uno a uno, difícilmente quedarían sin respuesta.

En ese sentido, el nuevo anteproyecto viene, de una parte, a justificar y dar coherencia ideológica al proceso emprendido, que el gobierno de Rajoy y su ministro Wert, con toda desfachatez, llaman de "mejora". Y por otra parte, intenta definir un plan global y los mecanismos precisos con los que la rancia derecha española, con su peculiar forma de decir y hacer, pretende aplicar a marchas forzadas las directrices de la OCDE y de UE dirigidas desde hace tiempo al desmantelamiento de los sistemas públicos de enseñanza, tal como se han ido configurando al hilo de exigencias y luchas por su democratización. Esas directrices cobran ahora carácter de urgencia, con la excusa de la "crisis" por ellos generada, y con el objetivo más general, nada oculto, de la destrucción acelerada de todo lo público. En definitiva, la LOMCE servirá, pues, para dar una vuelta de tuerca más al proyecto neoliberal de fondo, sobre la base de:

a) Un coste cero en su aplicación o, incluso, un mayor ahorro presupuestario (dentro de la política de recortes del gasto público). De ahí las pegas planteadas por algunos consejeros del PP a las pruebas de evaluación externas, sólo por su excesivo coste.

b) La introducción de algunos cambios para adaptarse más estrechamente a las exigencias de la OCDE, acercarse formalmente a los parámetros medios de fracaso escolar y abandono prematuro (con objetivos para 2020), así como mejorar en el ranking de las pruebas PISA, exclusivamente orientadas a evaluar determinadas “competencias básicas”, de acuerdo con las exigencias del mercado.

c) Una mayor efectividad en la desviación de los flujos de alumnos hacia los niveles inferiores de formación. Lo que indirectamente contribuye a cubrir el expediente estadístico (no hay fracaso, sino que cada uno está donde le corresponde) y lleva de paso a limitar a priori el acceso a la educación superior y a reducir la inversión pública en formación de la mano de obra. Se constriñen, así, los fines de la educación a una enseñanza exclusivamente orientada al mercado laboral, en detrimento de una enseñanza general y universal dirigida al desarrollo de los alumnos como personas y ciudadanos.

d) Un impulso más decidido a las vías de privatización del sistema en su conjunto. No por una mayor desviación de fondos públicos hacia conciertos con los sectores privados (la situación no permite esas alegrías), aunque tratarán de no alterar el espacio y los privilegios de que goza la Iglesia en el terreno de la educación, aumentando las facilidades para la creación de centros privados (ofreciéndoles, por ejemplo, suelo público y reduciendo a la simple demanda las condiciones formales de concertación), sino por la vía indirecta de reducir presupuestos y financiación del sector público, abocándolo a una mayor precariedad y marginalidad. Esto, de por sí, exigirá un mayor esfuerzo económico familiar en todos los sectores, incluso dentro de la enseñanza pública (comedores, libros, actividades extraescolares, disminución de becas, tasas, etc.). Dentro de la llamada clase media, habrá quienes el empobrecimiento les obligue a retornar a la enseñanza pública, rebajando aspiraciones, pero también otros –los que se lo puedan permitir- que dedicarán una porción mayor de sus ingresos para llevar a sus hijos a centros privados o concertados (más baratos para la Administración al sostenerse con un “copago” paralelo y en aumento), que todavía puedan ofrecer, a través de mecanismos de selección económica, social y cultural, mayores garantías de calidad o “excelencia” y faciliten el tránsito, cada vez más restringido, a los niveles de alta cualificación (mucho más costosos y sólo al alcance de quienes cuentan con ventajas de salida).

La insistencia en delimitar la “enseñanza básica y obligatoria” abre la puerta a eliminar la gratuidad de la no obligatoria (Infantil, FP y Bachillerato), más que a extender subvenciones.

 

Las propuestas fundamentales de la LOMCE

Dentro del marco anterior, se pueden entender mejor el significado y el alcance de las propuestas concretas del anteproyecto de LOMCE.

En nuestra opinión, el anteproyecto no supone ningún giro substancial en la orientación del sistema educativo, sino, por el contrario, una continuidad con las políticas educativas seguidas desde hace más de treinta años: mantenimiento del sistema dual público/privado heredado del franquismo, y supeditación a las directrices más regresivas de la OCDE y de la UE, dirigidas, entre otras cosas, a regular el flujo de alumnos, dirigiéndolo hacia los niveles más bajos de titulación, y a la privatización y mercantilización del sistema educativo. Aunque, eso sí, la LOMCE representa una profundización muy acelerada de lo que ya estaba en marcha. Sin embargo, no faltarán los que aprovechen los aspectos más extravagantes e ideológicos, propios del PP y su ministro Wert, para desviar la discusión hacia ellos y así ocultar el acuerdo de fondo en que han convivido durante las sucesivas reformas y contrarreformas educativas.

 

1. Premisas ideológicas

Todas las reformas educativas de la “democracia” se han situado sobre el eje neoliberal de “adecuar la educación a las necesidades del desarrollo económico” (es decir, del mercado laboral). La LOMCE avanza un paso más haciendo profesión de fe, con todo descaro (al estilo de un PP “sin complejos”), del abandono definitivo de toda alusión al derecho ciudadano a la educación y al valor de ésta como bien personal y social, con independencia de su rentabilidad y su acomodo a los intereses del mercado (capitalista y guiado por el máximo beneficio, para más señas).

En un enfoque exclusivamente economicista, la LOMCE considera la educación, directamente y en primer lugar, como “motor de la competitividad de la economía y prosperidad del país” , que supuestamente reporta a los individuos el instrumento para “abrirse las puertas a puestos de trabajo” , en relación con la idea de empleabilidad , de la que les hace responsables.

Conviene aclarar que, en un momento de crisis con visos de prolongarse en el tiempo, la competitividad significa, en primer lugar y sobre todo, abaratar el coste de la mano de obra (“devaluación interna”, le llaman), incluida su formación. En segundo lugar, la generalización del trabajo precario, de escasa base de cualificación y peor remuneración. Y, finalmente, la flexibilidad para adaptarse y aceptar “lo que salga” y “en las condiciones que sea”. Queda atrás por tanto la ilusión demagógica de que la “nueva sociedad del conocimiento y de la información” exige, como paso previo, jóvenes con mayor formación para un cambio de “modelo productivo”. No hay nuevo modelo, sino la destrucción masiva de las fuerzas productivas. En esta situación, la realmente existente, es el mercado de trabajo, totalmente hundido y en fase de recesión, el que marca las necesidades de mano de obra y su cualificación, cuando a los ya cualificados no se les ofrece otra cosa que paro prolongado, subempleo o emigración.

Este desahucio del sistema educativo, en tanto que institución pública de que se dota el Estado para satisfacer el derecho universal a la educación (según una "vieja" aspiración republicana), se ratifica explícitamente en la primera enmienda que introduce a la LOE: “ A efectos de esta ley orgánica, se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo” . No se puede ser más claro: la educación, como cualquier otro bien o mercancía, es un servicio (se elimina incluso formalmente lo de “público”) que pueden prestar cualesquiera agentes a sus beneficiarios o clientes y en todo tipo de relaciones y estructuras. Es decir, un mercado abierto a la regulación y financiación tanto pública como privada (¿o mejor hablar de desregulación?), sometido a las leyes de la oferta/demanda y de la competencia, como cualquier otro servicio, de acuerdo con las pretensiones del Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC.

 

2. Objetivos fundamentales

Aparte de la descarada justificación de los recortes ya efectuados (y los por llegar) y la consiguiente degradación de la enseñanza pública con eso de que lo importante es el output (los resultados) y no el input (inversión, profesores, ratios, recursos,…) desligándolos o incluso tratando de establecer una relación inversa (raptos de desvergüenza del Ministro de Educación más insensato de los conocidos), los esfuerzos “de mejora” van encaminados a un doble objetivo directamente interrelacionado:

a) Nuevos mecanismos para orientar, con más éxito que las anteriores reformas, el flujo mayoritario de alumnos hacia la Formación Profesional en sus niveles inferiores: Básica y Grado Medio. Una formación de escasa cualificación, pero la más consecuente con el principio (vendido por muchos como “progreso”) de que es necesario formarse “a lo largo de la vida”, al vaivén de las demandas del mercado, entendiendo que el horizonte para la inmensa mayoría es el de una sucesión de empleos precarios y eventuales, intercalados con periodos de paro, dada la flexibilidad -indefensión del trabajador y bajo coste del despido- que se pretende para el mercado laboral. En esa misma dirección se sitúa el invento, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, de la formación “dual” en empresas, un tipo de contrato de formación y aprendizaje más extenso y barato que el hasta ahora conocido, que deja en manos de las empresas (subvencionadas) incluso la totalidad de los contenidos formativos y la titulación de los alumnos.

b) Continuar una política, ya vieja, de maquillaje estadístico, para disminuir significativamente, aunque de manera engañosa, las tasas de fracaso y abandono prematuro para acercarse a los parámetros medios de la UE y mejorar en el ranking de las pruebas PISA, por muy discutibles y reduccionistas que puedan ser consideradas.

Ampliando la vía de la formación profesional de grado medio, menos exigente, pero que cumple el requisito formal de ser considerada “Secundaria Superior”, en la que obligatoriamente se encontrarán encarrilados al final de la ESO (contando con la ayuda adicional de un pavoroso horizonte de desempleo que retenga o devuelva al sistema educativo a un número mayor de jóvenes), no parece fuera de lógica aventurar un retroceso notable tanto del fracaso escolar (se ofrece una vía de titulación más fácil aunque devaluada) como del abandono prematuro (ya ha bajado en los últimos años del 31% al 26,3% sólo por el factor desempleo y, así las cosas, ¿cómo no seguir un año más para obtener el grado medio de FP?).

 

3. Modificaciones en la “arquitectura” del sistema educativo

La nueva “arquitectura” del sistema educativo deja fuera de consideración la Educación Infantil, (el ciclo 0-3 años no tiene carácter educativo y el de 3-6 no pertenece a la educación básica); elimina la distribución de la Primaria en tres ciclos que permitía mayor flexibilidad en los ritmos y mayor eficacia en el logro de objetivos de los alumnos; reduce a un ciclo de tres años la formación común de la Secundaria Obligatoria; desdobla el 4º de la ESO en cursos iniciales y específicamente orientados al Bachillerato o a la FP de grado medio; anticipa a 2º de la ESO las vías alternativas de diversificación o a 3º de la ESO la desviación hacia la FP Básica (heredera de los PCPI y UFIL, herederos, a su vez, de los antiguos programas de Garantía Social, reservados inicialmente para el porcentaje, estimado como muy bajo, que no terminara la ESO). Las tareas de apoyo y recuperación para los alumnos de "bajo rendimiento" quedan confiadas a la acción taumatúrgica (desde luego, más barata) de las TIC (también la formación del profesorado).

Estos nuevos mecanismos anticipan, en definitiva, la selección de alumnos, en atención a sus diversos “talentos” , para orientarlos hacia distintas “trayectorias” que, pese a supuestos puentes intermedios, los encauza de forma casi irremediable a destinos muy diferentes: a) la vía académica hacia el Bachillerato y la Educación Superior -que se hará cada vez más estrecha y en buena parte confiada a la red privada-; b) la vía de las enseñanzas aplicadas , el amplio cauce hacia una FP de grado medio, cada vez más precaria, e irrelevante incluso para el objetivo con que la adornan: el de facilitar el acceso al mundo laboral.

Las pruebas de evaluación o “reválidas”, al final de cada etapa, además de ser utilizadas para establecer rankings de centros (abundando en el propósito de establecer un mercado educativo en base a la recurrente invocación a la “libertad de elección de centro”) no están dirigidas a la deseable homogeneización de los niveles de formación y a su homologación por el Estado (que debería llevar aparejados mecanismos serios de recuperación y refuerzo para que la inmensa mayoría consiga los mismos objetivos). Cumplirán, sobre todo, un papel fundamental en la selección y diversificación de flujos: reforzará la separación e irreversibilidad de los itinerarios que, de forma apriorística, se han diseñado para encuadrar a los alumnos en dependencia primordial de su origen social, como apunta sin sonrojo el propio anteproyecto.

A este respecto, es de resaltar que, mientras la prueba final de Primaria sólo tiene valor de “diagnóstico” (y permite trasvasar a los alumnos a la ESO sin garantías de haber superado los mínimos objetivos que les permitan transitar con éxito la nueva etapa), las pruebas diferenciadas al final de la ESO tienen un carácter altamente selectivo y determinante de la "trayectoria" hacia la que se encauza a los alumnos (Bachillerato o FP), selección que, de nuevo, se refuerza con el doble filtro que suponen la reválida al final del Bachillerato y la posibilidad añadida de que las distintas universidades y facultades puedan establecer pruebas específicas de acceso. En todo caso, servirán de simples instrumentos de acompañamiento al filtro ahora primordial: la capacidad económica de las familias para afrontar las altas tasas de los estudios universitarios.

La “racionalización” de la oferta educativa, poniendo mayor énfasis en las materias instrumentales, sería bien recibida si no estuviera pervertida de origen por los desiguales niveles de exigencia en esas materias según las distintas “trayectorias” y por su remisión en exclusiva a cubrir las “competencias básicas” definidas por PISA, sometidas a severas críticas desde el campo de la educación. Desde luego, el mayor número de horas dedicadas a dichas materias, en caso de que estuviera justificada su necesidad, deberían haberse detraído de asignaturas fuera de lugar en una enseñanza universal y laica (como es el caso del adoctrinamiento religioso confesional), en lugar de otras que sí tienen un carácter formativo general.

En este sentido, las modificaciones introducidas en el currículo, además de servir para desviar la atención a pugnas internas entre los distintos especialistas y departamentos que se sienten perjudicados, no son inocentes: tienen mucho que ver con una orientación, a la vez frívola y reaccionaria, que recorre todo el anteproyecto de LOMCE y transluce un menosprecio de los contenidos científicos y de gran valor formativo humano, en favor de un sesgo ideológico que combina las concepciones más rancias con el obtuso pragmatismo de obtener “resultados” de cara exclusivamente a las estadísticas oficiales y al éxito “competitivo” que pueda verse reflejado en los rankings a escala nacional e internacional.

 

4. Mayor "autonomía" como instrumento de desregulación

Curiosamente, el recorte de la, aparentemente, alta dosis de autonomía de las CCAA, en aras de una mayor "recentralización" (que, algunos apoyaríamos si fuera en beneficio de un sistema educativo más homogéneo e igualitario), se transforma en un impulso entusiasta a la autonomía de los centros y de sus directores. No hay contradicción: la imposición y control de unos mismos planes no está reñida, sino al contrario, con que esos planes sean los del desmantelamiento de un sistema educativo único e igualitario y, a la par, la desregulación de la enseñanza como servicio público, a fin de favorecer su progresiva privatización.

Para convertir el sistema educativo en un verdadero mercado diferenciado de ofertas y demandas no es suficiente hacer convivir en su seno diferentes redes, privadas y pública, manteniendo cada una sus rasgos específicos, sino que el proceso hacia la privatización de todo (o casi todo) el sistema exige despojar a la red pública de los principios que la han configurado a lo largo de la historia: las condiciones de universalidad e igualdad, de una parte, y la regulación precisa tanto del servicio prestado como de los cuerpos de servidores públicos que han de garantizar las condiciones señaladas de forma permanente y con independencia de las alternancias en el poder político. Se trata, por tanto, de remodelar lo que va quedando de sector público (hasta hacerlo desaparecer, objetivo de los partidarios del "Estado mínimo") de acuerdo con los criterios que rigen en los modelos de gestión privada empresarial.

Bajo la invocación de mayor autonomía de los centros, se promueve, de un lado, una diferenciación y "especialización" (incluso curricular) de los mismos para ajustar su oferta educativa a las características (¿sociales y económicas?) de los alumnos-clientes que pretenden atraer (centros de "excelencia") o que están obligados a aceptar (centros marginales). La nueva ley garantizará así el camino hacia mayores cotas de desigualdad y discriminación dentro del campo de la educación.

De otro lado, el respaldo decisivo al "liderazgo" pedagógico y organizativo de los directores, otorgándoles plenas atribuciones como jefes de personal -a imagen y semejanza de la empresa privada-, además de eliminar cualquier rastro de organización democrática de los centros (en particular, del claustro de profesores, que reformas anteriores ya habían despojado de sus funciones de control y participación), permitirá a las direcciones configurar las plantillas, hasta el punto de, remitiéndose a su "proyecto de centro" o a difusas “acciones de calidad educativa” (relacionadas con la especialización curricular del centro), poder admitir o rechazar a profesores (tanto funcionarios como interinos), al margen de su estatus objetivo y de sus derechos adquiridos. El aumento del control y de la dependencia del profesorado que se pone en manos de las direcciones (así como la propuesta de suprimir el derecho de huelga de los estudiantes) busca establecer en los centros un clima de autoritarismo y sumisión que logre trasplantar al sector público el modelo de “gestión empresarial” privada, enaltecido por su pretendida eficacia.

Esa discrecionalidad en el trato al funcionariado, poco a poco residual, combinado con la libre contratación fuera de toda reglamentación (como ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid), no tiene otro objetivo que la desregulación del sistema público de educación y una mayor precarización de las condiciones del profesorado. En este sentido, es de temer que el anuncio de retomar el propósito -aparcado finalmente por Gabilondo- de elaborar un Estatuto Docente , lejos de asentar garantías y derechos, vaya dirigido a dividir aún más al profesorado, diversificar e individualizar sus condiciones laborales dentro de una "carrera docente" en dependencia de arbitrarias evaluaciones y decisiones de directores e inspectores, al tiempo que se sancionan legalmente las diversas formas de acceso a la docencia que, de forma experimental, ya se están poniendo en marcha. Todo ello enmascarado con invocaciones demagógicas y vacías a la "dignidad" y a la "autoridad" del profesorado, cuando su precarización, e incluso desmoralización, forman parte esencial de la degradación y desprestigio de la enseñanza pública, como previo indispensable para acelerar los procesos de privatización, como ya hemos conocido en otros servicios públicos.

En esa dirección, no cabe pensar que las recientes medidas de la CM, generalizadas ya a escala estatal, y el empeoramiento de las condiciones docentes (con repercusión directa en la calidad de la enseñanza), vayan a tener carácter coyuntural, por aquello de la "crisis". Se trata de imponer situaciones de no retorno, porque los objetivos de liquidación de derechos y conquistas sociales -lo que malintencionadamente llaman ellos "estado del bienestar"- están en el centro de las pretensiones de los poderes políticos y económicos que, a fin de preservar y aumentar su riqueza, están dispuestos a sumir en la ruina a la inmensa mayoría.

Otra cosa es hasta dónde puedan llevar esos planes, porque en eso también cuenta la resistencia ofrecida por la población que, en el caso de la enseñanza y con todas las limitaciones apreciadas en las movilizaciones llevadas a cabo, se viene prolongando y multiplicando hasta niveles no conocidos con anterioridad. Pero, como se suele decir, esa es otra historia, sobre la que hemos escrito a lo largo del curso pasado y volveremos a prestar específica atención.

Colectivo Baltasar Gracián

Noviembre de 2012

 

SEPTIEMBRE 2012, UN COMIENZO DE CURSO DISTINTO:

HACIA LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA GENERAL INDEFINIDA

(9 de septiembre de 2012)

 

1. La experiencia del pasado curso

Aunque la política general de recortes ya se había iniciado bajo Zapatero, ha sido el gobierno de Rajoy el que ha hecho de ella el eje principal de su Gobierno y fue Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quién decidió el pasado curso utilizar la enseñanza madrileña como banco de prueba para las propuestas más ultraneoliberales de actuación ante la "crisis".

La respuesta del profesorado madrileño fue ejemplar, arrastrando a amplios sectores sociales en defensa de la enseñanza pública contra unas agresiones hasta entonces inéditas. Quien más quien menos ha hecho su propio balance de esa experiencia y de sus resultados. Para muchos, el resultado de la experiencia del curso pasado fue frustrante: se tuvo y se perdió, por la pacata actitud de los sindicatos mayoritarios, la oportunidad de vencer a la Consejería de Educación de la CM y de echar atrás las instrucciones de principios de curso. L a prolongación del conflicto y la intermitencia de las huelgas en Secundaria, la escasa generalización a otros niveles de la enseñanza y el callejón sin salida a que llevó la ilusa política "negociadora" de los dirigentes sindicales, terminó por malograr un potente movimiento al que faltó la suficiente extensión, autonomía y contundencia para culminar exitosamente ese primer embate. Tal análisis justifica sobradamente la posición de un sector de vanguardia de los enseñantes que considera que sólo una actitud de verdadera fuerza puede obligar a nuestros gobernantes a cambiar su política educativa.

 

2. Un nuevo, más grave y amplio escenario

Sin embargo, este comienzo de nuevo curso, no nos encontramos ante la simple repetición, corregida y aumentada, del pasado. Durante el último curso escolar hemos asistido a una cadena ininterrumpida, y de una intensidad jamás conocida, de ataques a todos los trabajadores, a todos los servicios públicos, a todos los derechos sociales y democráticos que considerábamos intocables. La invalidación de todo tipo de convenio laboral o marco legal anterior, el despido masivo de interinos y personal laboral en todos los servicios públicos, los salvajes y sucesivos recortes en presupuestos y gastos -empezando por los salarios-, el desmantelamiento de las estructuras básicas de las prestaciones sociales, la subida de los impuestos indirectos y el consiguiente aumento de precios... se han extendido ya a todas las comunidades. Perdida toda su autonomía y su capacidad de financiación, todas se pliegan a las condiciones impuestas por el gobierno, que a la vez se somete a las dictadas por el BCE y por Bruselas.

En el caso de la enseñanza, a la tremenda precariedad a que se le ha condenado con los despidos de profesores (¿80.000 a escala estatal?), el aumento de horas de trabajo de los profesores y de las ratios de alumnos, la disminución de salarios y de recursos... se añade la ofensiva reaccionaria emprendida por el ministro Wert en cuanto al funcionamiento de los centros y los contenidos curriculares incluidos en su "nueva reforma educativa", descaradamente orientada a satisfacer intereses privados y confesionales.

 

3. Hay que parar este proceso de destrucción masiva

Esta política es una verdadera declaración de guerra a las conquistas sociales y a los derechos democráticos más elementales (trabajo, casa, salario digno, subsidio o pensión, salud, educación...) y, como no podía ser menos, está levantando multitud de protestas y de movilizaciones (parados, mineros, funcionarios, hospitales, guarderías, centros de estudio...). En todas partes se plantea el mismo problema: ¿Cómo parar esta destrucción masiva de lo público y al gobierno que la empuja?

Cada movilización, por parcial o sectorial que sea inicialmente, no puede por menos que apuntar a la necesidad de extenderse, de juntar fuerzas y de confluir para llegar a una verdadera Huelga General sin plazo fijo, hasta conseguir parar la política de recortes ("justificados" por el pago de una deuda que no es de los trabajadores y que, todos sabemos, nunca se podrá terminar de pagar) y echar a los gobiernos que la aplican .

Con esa dinámica hacia la Huelga General, nada tienen que ver los esfuerzos de los principales dirigentes sindicales por aislar y contener cada una de las luchas en curso (como en los casos recientes de la educación en la CM y la minería en Asturias, León y Teruel...), mientras tratan de desviar los objetivos políticos hacia el redil de las instituciones -de escandaloso comportamiento antidemocrático- solicitando al gobierno un improbable y estéril referendum .

Ese horizonte presente no releva a nadie de sus propias responsabilidades e iniciativas de lucha. Pero es necesario aprender de la experiencia pasada y tomar el pulso a la situación actual. De nada servirá, y el profesorado lo sabe, volver a la sucesión de concentraciones "verdes" y/o de manifestaciones testimoniales. También hemos aprendido la ineficacia de las huelgas esporádicas o intermitentes, que terminan agotando los esfuerzos desplegados en un sinfín de actuaciones y de momentos.

De ahí que muchos docentes hayan sacado conclusiones de la lucha desarrollada el curso pasado y pongan de manifiesto que sólo la paralización del sistema educativo con una huelga indefinida puede echar atrás los planes de recorte generalizado. Pero tamaña empresa sólo será posible si se plantea partiendo de las condiciones actuales: Cualquiera que sea el ámbito en que esa propuesta tome su impulso, su éxito dependerá de que adquiera una dimensión estatal y logre unir todos los niveles de la enseñanza. La reivindicación unificadora no puede ser otra que la "Derogación de los recortes ya decretados" . Objetivo que, a su vez, permite caminar en la misma dirección con el resto de los servicios públicos , igualmente en trance de desmantelamiento y privatización, y contribuir al movimiento en ciernes de Huelga General del conjunto de los trabajadores para echar a este Gobierno y parar las medidas que nos llevan a la ruina (como está sucediendo en otros países) bajo el dictado del FMI, la UE y el BCE (y detrás, el Bundesbank), sólo interesados en salvaguardar las millonarias ganancias de banqueros y especuladores.

 

4 ¿Por dónde empezar?

Dejando de lado las posiciones derrotistas -que las hay y las habrá-, y pasando por alto las propuestas de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, promotores habituales de variopintas maniobras de entretenimiento y distracción, estamos con quienes no se resignan al proceso de destrucción definitiva de la Escuela Pública y de los Servicios Públicos, de las propias condiciones laborales de los docentes y del conjunto de los trabajadores. No existe ningún destino, ni "divino" ni humano, escrito e irremediable. Únicamente están perdidas de antemano las batallas que no se dan. Pero también es verdad que no basta el conocimiento preciso del terreno que se pisa y la buena voluntad de unos pocos para retomar la lucha de manera eficaz.

Si los dirigentes de las organizaciones mayoritarias de que se han dotado los trabajadores (CCOO y UGT, en particular) estuvieran a la altura de sus responsabilidades, el camino hacia una Huelga General de verdad sería más fácil y rápido. Sabemos que no es el caso, aunque los trabajadores deben aprovechar cualquier convocatoria como punto de apoyo para manifestar su rechazo a las medidas del gobierno y su disposición a la lucha. Es probable que ese camino se vaya desbrozando a través de muchas luchas en diferentes sectores y en distintos puntos geográficos. Nadie está obligado a esperar ese llamamiento desde "arriba", que puede que nunca llegue, a no ser por la presión de las luchas existentes.

En ese sentido, la propuesta de huelga indefinida en la enseñanza madrileña que se ha anunciado para el día 17 de septiembre, con el lema de que "en estas condiciones, no comienza el curso", aun respondiendo a la decisión voluntariosa de algunos sectores de vanguardia del profesorado para continuar la lucha emprendida el curso pasado, no debe plantearse al margen de las condiciones exigidas para que tenga eco suficiente. E n las actuales circunstancias, una iniciativa de huelga dentro de un sector y en una sola región sólo puede tener posibilidades de éxito si se convierte en la chispa que extienda el incendio al resto de sectores y de comunidades. Pero eso no debe dejarse al azar o a la improvisación . Sea para esa fecha o para más adelante, lo importante es preparar las condiciones para una huelga efectiva y masiva. No basta lanzar una convocatoria y dejar fiado su éxito a un seguimiento espontáneo e imprevisible. Es del todo imprescindible empezar por poner de nuevo en pie las asambleas de centro, de zona y regional, para impulsar la discusión y para tomar decisiones soberanas (que nadie pueda luego ignorar o desfigurar). De quedar en el esfuerzo aislado de unos pocos, la retirada llevará a más frustración dentro de un sector que ha demostrado con creces su capacidad de respuesta cuando ha visto motivos claros y una disposición colectiva para la lucha.

Septiembre de 2012

Colectivo Baltasar Gracián

 

LA ENSEÑANZA Y LA HUELGA GENERAL

(24 de junio de 2012)

Llegamos al final de un curso intenso y plagado de acontecimientos de inusitada trascendencia. Amenazas al sistema educativo, que venían de largo, han cobrado realidad con un ritmo y dureza impensables hasta ayer. Pero también ha sido sorprendente la masividad y perseverancia del movimiento en defensa de la Enseñanza Pública, protagonizado por amplios sectores del profesorado y de la población. La “marea verde” se ha extendido por todos los rincones del país y es un activo muy valioso como punto de apoyo para encarar las batallas, aún más duras, por venir. Hay una experiencia de lucha y unidad que nos permitirá, en la próxima ocasión, no partir desde cero ni repetir -esperemos- los mismos errores.

Su origen y mayor desarrollo lo tuvo en la Comunidad de Madrid, de ahí que sea en ella donde los escasos resultados obtenidos han suscitado una viva discusión en torno a los aciertos y debilidades de una movilización tan importante y constante. Algunos seguimos pensando que en su momento, dada la amplitud de las fuerzas movilizadas y la coincidencia con un periodo preelectoral, fue posible echar atrás, en todo o en buena parte, la agresión que Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar habían orquestado contra la enseñanza pública, con el fin de constituirse en ejemplo y referencia para el gobierno central y el resto de Comunidades Autónomas. El cansancio por un largo proceso de huelgas intermitentes, el aislamiento del conflicto y, finalmente, el callejón sin salida al que llevó el señuelo de una negociación ficticia, terminaron por malograr ese primer pulso. A estas alturas de la historia, sin menospreciar la utilidad de las experiencias acumuladas y de los diferentes balances que podamos hacer, se trata de agua pasada. En todo caso, mirando a lo que se nos viene encima, resulta estéril instalarse en el lamento de lo que pudo haber sido y no fue o esperar que se reproduzcan, sin más, situaciones y condiciones anteriores.

Ahora pasamos por otro momento. Con un país al borde de la intervención directa desde el FMI, la UE y el BCE, y un gobierno que ya obra a su dictado sin reparar en medidas “antipopulares”, nos enfrentamos, también en la enseñanza, a una situación nueva, en continuidad con la anterior, sin duda, pero con distinta dimensión y alcance.

Al poco de aprobar los Presupuestos más “austeros” en muchas décadas, el anuncio por parte del gobierno de un “ahorro” suplementario de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, ya se ha empezado a traducir en severos recortes en todos los capítulos, incluidos aquellos que son esenciales para el mantenimiento de esos servicios públicos con mínimas garantías de equidad, eficacia y calidad.

En lo que a la enseñanza se refiere, los necios eufemismos del gobierno difícilmente pueden ocultar el panorama que se está preparando para septiembre, esta vez, a escala estatal. Desde instancias sindicales, plataformas y organizaciones relacionadas con la enseñanza, se han descrito suficientemente las graves consecuencias que entraña el cúmulo de recortes anunciados. Y sabemos, por la reciente experiencia de sobresaltos diarios, que no se ha agotado el amplio margen que este gobierno, y cada uno de los gobiernos autonómicos, se conceden a sí mismos para la improvisación y las particulares ocurrencias, al ritmo de las incesantes imposiciones marcadas desde fuera.

Aún así, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que las medidas todavía en cartera o por concretar redundarán, además de las ya anunciadas pérdidas en retribuciones y poder adquisitivo, en más despidos de interinos y disminución de plantillas, eliminación de recursos internos y programas compensatorios, aumento de las horas lectivas para el profesorado y de las ratios de alumnos por aula,…, en definitiva, en un ataque sin precedentes a las condiciones profesionales de los docentes y, a la vez, en un acelerado deterioro del sistema público de educación.

Que nadie se engañe, no se trata de un retroceso coyuntural debido a la “crisis”, sino que ésta se está utilizando como pretexto para empujar a la enseñanza pública hacia un camino sin retorno de degradación y marginalidad. La ocasión la pintan calva para profundizar en las desigualdades ya asentadas en el sistema y establecer de forma más clara un marco educativo discriminador y selectivo. Se trata también de una batalla ideológica: desarmar de una vez por todas la conciencia social de que la educación es un derecho ciudadano y un servicio público, que no debe verse supeditado a las leyes de la rentabilidad o de la oferta y demanda del mercado, como propugnan los ideólogos neoliberales. Al igual que con respecto a cualquier otro bien, el acceso a la enseñanza estará cada vez más restringido y vendrá determinado por la posición económica y social.

De manera inmediata, las exigencias impuestas en nombre del rescate bancario, del aumento de la deuda pública y del compromiso adquirido de “control del déficit”, van a traer aparejados nuevos y mayores recortes en el gasto público. Los planes en curso apuntan a sumirnos en una verdadera espiral de regresión social y de involución democrática. La ingente acumulación de capital y los beneficios desorbitados de unos pocos exigen como contrapartida el arruinar a millones de familias y despojar a los ciudadanos de a pie de todo derecho y garantía. Sólo una decidida resistencia de la inmensa mayoría que se ve afectada en sus condiciones más elementales de vida y trabajo -de simple supervivencia en muchos casos- puede frenarlos.

Por eso, todas las justas reivindicaciones, que surgen desde cualquier ámbito sectorial, no tienen más remedio que trascender sus propias limitaciones y sumarse al movimiento en ciernes de Huelga General, seria y efectiva, que ponga sobre el tapete la fuerza de esa mayoría ciudadana que se niega a pagar en propia carne las estafas multimillonarias que han urdido desaprensivos especuladores de fuera y de dentro.

La defensa de salarios y pensiones, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, todos ellos en grave peligro, puede ser el aglutinante que logre la unidad y la fortaleza necesarias para hacer retroceder a los gobiernos y a las mafias internacionales. Y no sólo en nuestro país. Hoy se extiende la conciencia de que, junto a los países ya sometidos a deudas impagables y planes de ajuste que los llevan al desastre, es el conjunto de los pueblos europeos los que ven cernerse sobre ellos un retroceso global e histórico sin parangón y la necesidad, por tanto, de plantearse la defensa en común. De ahí que la perspectiva de una Huelga General a escala europea, lejos de ser un brindis al sol, empieza a ser considerada como un recurso de mayor efectividad -ante los gobiernos y las instituciones antidemocráticas- que las sucesivas y vanas reuniones en las que estos andan enredados.

Las organizaciones sindicales y políticas, que dicen defender a los trabajadores, tienen la responsabilidad y capacidad de contribuir decisivamente a esa dinámica latente hacia la Huelga General en todos los sectores y a todos los niveles, pero hasta ahora no han mostrado más que vacilaciones, “comprensión” con los gobiernos por el “momento difícil” actual (como si la crisis hubiera caído del cielo) y ambiguas propuestas de negociación. Con las manifestaciones del 20J parece que quieren aplazar para un “otoño caliente” toda iniciativa de acción. Sin embargo, es más que probable que las nuevas y sangrantes medidas que tienen en mente los de arriba no entiendan de plazos ni treguas.

En cualquier caso, y empezando por lo más cercano, ese urgente proceso de confluencia y unidad, no puede sino alimentarse de las propias dinámicas surgidas en los desarrollos reivindicativos que brotan por todas partes. Los mineros de Asturias, Teruel, León,… han marcado el camino: su huelga general, contundente e indefinida, ha logrado arrastrar a todos los sectores productivos y al conjunto de la población de comarcas enteras, que ven peligrar su inmediato porvenir. Ahora vienen a Madrid para plantear sus reivindicaciones, que se resumen en el derecho al trabajo y al salario y que coinciden con las de la mayoría, ante los centros de decisión (el gobierno y las Cortes), buscando el apoyo del resto de los trabajadores. Es una ocasión para unir fuerzas al proceso de Huelga General que ellos han iniciado.

Aunque nadie puede predecir cuándo y dónde puede producirse la chispa que prenda la indignación social generalizada, la acción de los mineros constituye el referente más serio y próximo, frente a las políticas que dejan pasar una medida tras otra y aplazan hacia un futuro incierto las respuestas necesarias. Como mínimo, la manifestación expresa de solidaridad y apoyo a los mineros, que vienen a Madrid para quedarse hasta lograr una solución a sus demandas, es una iniciativa a difundir entre todos los sectores en lucha, empezando en nuestro caso por las asambleas y movimientos en defensa de la enseñanza.

Debemos permanecer atentos para sumar, en cualquier momento, la capacidad de movilización demostrada en nuestro sector a un plante generalizado de la ciudadanía, no podemos hacer dejación de nuestra propia responsabilidad. Hay motivos más que suficientes para que, llegado el caso, la defensa del derecho a la educación ante ataques de tan amplio espectro pueda convertirse también en uno de los motores decisivos de una auténtica Huelga General. La idea de que, en las condiciones actuales (con miles de interinos en la calle y los centros en condiciones de máxima precariedad), “no se inicia el curso” empieza a calar entre muchos profesores, padres y alumnos. La experiencia nos dice que, de aceptar la puesta en marcha del nuevo curso en todos sus niveles y bajo el lastre de los recientes decretos y las próximas medidas, las protestas “verdes” a toro pasado tendrán escasa o nula incidencia. Que esa idea no quede en una propuesta retórica -o simple moratoria sin compromisos- depende de que desde ahora se vayan dando pasos serios en su preparación y organización, conscientes de que, esta vez, la paralización del sistema educativo ha de tener dimensión estatal y no debe limitarse a un paro testimonial.

Colectivo Baltasar Gracián

Junio de 2012

 

LAS TRAMPAS A LA "MAREA VERDE"

(19 de mayo de 2012)

Desde el inicio del curso 2011/12 se han producido tantos acontecimientos que es difícil recapitular y, como consecuencia, reconsiderar algunas de las formas de entender lo que está pasando.

Ya no se le escapa a nadie que la crisis es una excusa para recortar derechos sociales e individuales a los ciudadanos. Pero cabe preguntarse si hemos estado atentos a los mensajes que recibimos o emitimos en función de la situación y de las circunstancias concretas.

En el mundo de la educación y concretamente en Madrid, se ha producido un movimiento que abrió algunas de las esperanzas perdidas y que motivó a muchos trabajadores de la enseñanza y a los sectores sociales implicados a rechazar las medidas que se han ido adoptando y a reaccionar con huelgas y movilizaciones diversas. En este ambiente se han dado momentos de especial unión entre los afectados, independientemente de ideologías o intereses particulares. Los trabajadores se sintieron orgullosos, con razón, de estar defendiendo algo mucho más importante que unas condiciones concretas de trabajo como la jornada lectiva y se lanzaron a la calle a defender la escuela de todos para todos. Pero la trampa en la que se podía caer al elevar tanto la mirada podía suponer no ver lo cercano, una cierta presbicia que conviene corregir.

 

Ni gasto ni inversión

La primera trampa en la que se ha caído y que tiene más importancia que la que pueda parecer, es en el eslogan que se ha propuesto desde las organizaciones sindicales y sociales: “La educación no es un gasto, es una inversión”. Se trata de una frase que contiene un fundamento económico derivado de la misma trampa de la crisis provocada por el neoliberalismo más radical. La educación es ante todo un derecho de los ciudadanos (Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU) y no es ni necesario ni conveniente considerarla una inversión de capital a largo plazo ni tampoco una inversión en un sentido figurado (social) por el que se da la posibilidad de encontrar más fácilmente un puesto de trabajo de mayor cualificación. En este último caso tendríamos que asumir que la educación tiene como única finalidad, o por lo menos como principal objetivo, la formación de mano de obra mejor cualificada. Esto no es en sí mismo negativo, pero oculta intencionadamente (es decir, ideológicamente) el fin primordial y más amplio. En el citado artículo 26, en su apartado 2 se señala con claridad la primera finalidad de la educación: “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Es algo más que una cuestión de matices, es una toma de postura en relación con las prioridades.

¿Por qué no destacar la importancia (como lo hizo el director de un Instituto de Secundaria madrileño al comienzo del curso) de la labor de integración de los inmigrantes que se ha desarrollado en los centros públicos, cuya rentabilidad no se puede medir, ni siquiera a largo plazo, en euros? Tal vez puede que alguien se empeñe en estas formas de medir y calcule cuánto hubieran costado los policías necesarios para evitar la delincuencia derivada de una mala integración. Otra trampa que no vale la pena señalar.

 

Competitividad y competencia

A lo largo de los últimos años, con la excusa de una evaluación externa (en sí misma con aspectos que pueden ser positivos) saltan a los medios de comunicación informes de organismos “económicos” como la OCDE, el famoso informe PISA y, al socaire, métodos de evaluación como las pruebas CDI. Todos coinciden en un punto: la comparación de resultados, ya sea entre países, zonas geográficas o centros. En muchos Institutos se reflejan los datos que proporcionan los responsables de las Consejerías o del Ministerio y se observan para ver “cómo hemos quedado”. La intención es evidente: que el profesorado se esfuerce en conseguir mejores resultados y desarrollar así la competitividad, tan neoliberal y tan de moda. Además se publican para que los “clientes” escojan lo que sea mejor para sus hijos. Esta es una trampa saducea que puede llevarnos a la perniciosa respuesta de competir para mejorar en el ranking. Por si a ninguno se le ha ocurrido, una buena forma de mejorar resultados es seleccionar clientes, fidelizarlos y ofrecerles las ventajas de un servicio pulcro que, si bien no garantiza una buena enseñanza, al menos lo parece. Así surgen folletos publicitarios, visitas para captar clientes y ofertas de servicios en muchos casos engañosas, pero eso no importa. Se trata de ser competitivos, se sea a no competente. De este modo se podría llegar a la reserva del derecho de admisión (como en cualquier negocio) y a ofertas que requieren de publicidad sea o no engañosa. Por ejemplo, hay centros en los que se promete un modelo aula-materia y lo único cierto es que los alumnos cambian de aula cada hora en un revoltijo cuya única finalidad es que quepan más.

Ya han aparecido cartelones en muchos centros contando sus grandes ofertas. Aparte de lo vergonzoso del caso, considerar la educación un servicio en venta es justamente lo que espera el modelo neoliberal, para así conseguir domesticar la crítica y la reflexión sobre los objetivos más importantes de la educación en una sociedad y conseguir en definitiva la plena privatización de la enseñanza. Si creemos que los centros públicos van a poder librarse de su desaparición entrando en este juego, hemos caído en otra trampa. Nunca un centro que se dedique a ofrecer un servicio público sin más interés que el propio servicio podrá ganar en un mercado a los expertos en captación de clientes, de los buenos clientes. Y aquellos que no sean buenos, se verán obligados a permanecer en los centros de beneficencia, que es en lo que se convertirán los de titularidad pública. Comienzan por competir los centros y acaban compitiendo los alumnos o sus familias. Pura selección social del más fuerte. De ahí a posiciones ultraconservadoras y abiertamente segregadoras solo hay un paso.

El objetivo del Estado es el servicio público y el del mercado el beneficio económico. Cada uno tiene sus reglas del juego y arriesgar, por no decir destruir, el servicio público educativo entrando en el juego del mercado es perder definitivamente la batalla de los ciudadanos, que ya solo serán clientes.

 

Publicidad engañosa

Toda publicidad tiene como objetivo convencer, intervenir en las decisiones del cliente para captarlo como tal. La reciente propuesta de cotizar para realizar una campaña publicitaria a favor de la escolarización en la enseñanza pública es otra trampa en la que no se debe caer, porque ignora, entre otras cosas, el deterioro y efectos perniciosos que para ella está suponiendo la fragmentación del sistema educativo, el trasvase de recursos públicos a la privada, la contraposición en los hechos entre el desarrollo de una u otra red. Supone, además, aceptar ingenuamente el juego de un mercado educativo, de “libre” oferta y demanda, donde los centros públicos debieran “competir” (en clara desventaja, al estar sujetos a políticas de recortes, concentración de alumnos con dificultades,…) con los centros privados y concertados que, por una u otra vía, cuentan con mayores recursos y descaradas medidas de selección académica y social. Aparte de renunciar, de esa manera, a la reivindicación de una Escuela Pública “de todos y para todos”, que garantice en condiciones de igualdad el derecho universal a la educación, se acepta someter el campo de la educación a la lógica del consumo que reduce a familias y alumnos a meros clientes de “productos educativos”. Dentro de esa lógica, la voluntad y profesionalidad de los docentes públicos no es condición suficiente para, al margen del resto de condiciones que escapan a su control, lograr que la mayoría de las familias elijan, por simples razones éticas, un centro público. No se podrá competir con instituciones que imposibilitan las huelgas, que controlan o explotan debidamente a sus trabajadores y que ofertan la seguridad del tratamiento como cliente al que (como a los tontos) siempre se le dará la razón y se le ofrecerá lo que pida puesto que paga por ello. Las instituciones públicas deben atender a ciudadanos con derechos y no a clientes. En el extremo, podría darse el caso de que en función de la demanda se enseñen las matemáticas que deseen el niño o sus padres. La oferta de bilingüismo con el fin de conseguir dos lenguas de uso y ninguna de cultura, los centros de excelencia para luego trasladar el modelo a la privada y así “competir” más y más o los caramelos de proyectos ampulosos que solo conducen a una buena imagen, no son los objetivos de una enseñanza de todos para todos.

Los objetivos de la educación van más allá que la preparación para el trabajo, aunque la propia Universidad, negando el origen de su nombre, se esté convirtiendo cada vez más en una formación profesional cualificada. La publicidad incluirá pronto, además de resultados de selectividad o pruebas externas, índices de colocación de sus antiguos alumnos. Lejos quedan aquellos objetivos de la instrucción pública que han logrado, entre otras cosas, alfabetizar a toda la población y afianzar los niveles culturales y democráticos de los ciudadanos. Dicen muchos que hay que adaptarse a los tiempos, que han cambiado, pero admítase que hay cambios para bien y para mal y la resistencia a los segundos es algo especialmente necesario en los “tiempos” que corren.

Adaptarse a los elementos del absolutismo mercantil, incluida una de sus principales formas de presentarse, la publicidad comercial, es una trampa en la que se cae seguramente con buenas intenciones, esas de las que dicen está empedrado el infierno. El valor de la enseñanza pública no requiere publicidad comercial, sino conciencia ciudadana.

 

Trabajadores públicos e intereses privados

Conocido es el orgullo con el que se llevaba y se lleva la camiseta verde por parte de gran cantidad de profesores en defensa de la educación pública. El valor del funcionariado, tan atacado en los últimos tiempos, es justamente el que dio lugar al gran prestigio que ha tenido la enseñanza pública en nuestro país hasta que por diversas razones se ha intentado quebrar de forma paralela a como se han minimizado muchos de los derechos sociales.

Los funcionarios son trabajadores públicos que dan sentido al valor de su trabajo y que necesitan del prestigio y la consideración que la sociedad les pueda brindar. Muchos políticos neoliberales tienen verdadera inquina contra los servidores públicos y continuamente intentan desprestigiarlos para lograr eliminarlos, puesto que pueden representar justamente lo que ellos desprecian, lo que tiene un valor que no es medible por el precio: el servicio público sin intereses privados. Para ellos todo lo que se escape del mercado no debe existir por ser peligroso, peligroso para sus intereses.

Hay quien critica la reivindicación laboral de los servidores públicos. Muchos de ellos son los mismos que los despreciaban y se jactaban de mejores remuneraciones y consideración social antes de la crisis, su crisis, la que intentan trasladar a los demás, haciéndoles de forma más o menos explícita, responsables de su actual situación. Como si los funcionarios se hubieran cubierto de dinero mientras los negocios privados fructificaban. Tener un puesto de trabajo estable no es un privilegio, es un derecho y los puestos públicos nunca han sido los mejor remunerados.

También en la marea verde se ha caído en alguna ocasión en la trampa de la crítica a la reivindicación laboral de los enseñantes, incluso por parte de quien presume de estar del lado de los trabajadores. El representante de una de las organizaciones de padres de alumnos se permitió responder a un profesor interino que destacaba la importancia de la jornada lectiva para que aumentara el número de profesores en los centros y así salir del paro, que “no se mirara el ombligo” y lo hizo nada menos que en el seno de una asamblea de trabajadores a la que había sido invitado. Es cierto que la defensa de la escuela pública para todos los ciudadanos es más importante que un número concreto de puestos de trabajo, pero es perder el norte criticar a un trabajador en paro porque luche por su puesto de trabajo, otro derecho fundamental, no lo olvidemos. Además, no hay contradicción alguna. La disminución de profesores, al igual que el aumento del número de alumnos por aula, supone una merma evidente en el servicio educativo. Es precisamente la grandeza del servicio público y de la consideración que sus trabajadores tienen de él lo que ha llenado las calles de reivindicaciones por la enseñanza pública. Todas las tablas reivindicativas incluyen, además de los términos laborales, la defensa de las condiciones en las que se desarrolla la educación. Los funcionarios públicos que se sienten orgullosos de serlo, luchan por los servicios en los que trabajan, a veces con el riesgo de expedientes, como se ha demostrado en la llamada marea verde, cuyo principal eslogan no es precisamente el que adoptaría alguien que solo se mira el ombligo: “educación pública de todos para todos”.

Cabe también señalar que el ataque que se viene perpetrando contra la enseñanza pública alcanzará tarde o temprano también a la concertada. No conviene olvidar que también están en “el mercado”. El estricto modelo neoliberal excluye que lo de todos se pague entre todos. Extrapolando sus criterios habituales ¿por qué va a pagar alguien que no tenga hijos la educación de los hijos de los demás? Cada uno que se pague lo suyo y, en todo caso, quien no pueda, porque ha caído en la pobreza y en la marginación social, será atendido en centros de beneficencia, la forma de caridad que sustituye a los derechos, tan coherente con las posiciones que defienden los “neocon”.

 

¿Y ahora qué?

El ataque despiadado que están sufriendo los servicios públicos con la excusa de la crisis seguirá avanzando mientras no sea detenido por los ciudadanos. Todos hemos de luchar para todos y la única forma de conseguir frenar el deterioro de lo de todos es defenderlo juntos sin caer en las trampas que tan hábilmente nos ponen para dividirnos mediante el desprestigio de unos u otros. Si los representantes del gobierno ya califican de algaradas violentas las manifestaciones de los ciudadanos, no podemos esperar más que descalificaciones a toda protesta que se les ponga por delante. Huelgas simbólicas o manifestaciones continuas nos llevarán al agotamiento y no podrán doblegar a voluntades tan poderosas como los “mercados” y sus acólitos. Conviene reunirse y pensar si merece la pena la defensa de lo que tanto ha costado a tantas generaciones de ciudadanos.

La Huelga General convocada para toda la enseñanza y a escala estatal es un paso importante (que no se pudo o no se quiso dar en el primer trimestre de este curso para dar salida positiva a la huelga de la enseñanza en Madrid y otras CC.AA.) de cara a plantear una respuesta acorde con la dimensión de los ataques generalizados a la enseñanza. Pero no puede quedarse ahí. Tal vez sea el momento de plantarse de una vez, paralizar el final o el comienzo de curso, hasta conseguir echar atrás la política demoledora de los gobiernos central y autonómicos. La escuela pública de todos y para todos es uno de los servicios públicos más importante y ahora está en juego. Hemos de jugar sorteando las trampas y llegando a acuerdos para así reunir todas las fuerzas posibles. Se van a necesitar.

Colectivo Baltasar Gracián

Mayo de 2012

 

¿A DÓNDE APUNTAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS DEL GOBIERNO DEL PP?

(25 de marzo de 2011)

 

El ministro José Ignacio Wert, desde el primer día de su nombramiento, no ha parado de hacer declaraciones apresuradas sobre los propósitos (y despropósitos) del gobierno del PP en materia educativa. En una primera impresión, las medidas anunciadas en cascada pudieran parecer improvisadas y faltas de racionalidad. Pero, tal vez, esa puesta en escena -como la representada por el conjunto del gobierno y, en particular, por los ministros económicos- tengan una intención premeditada. Pretenden, ante todo, producir miedo y desconcierto en el “enemigo” (los simples ciudadanos), crear un cierto estado de shock -como lo describe Naomi Klein en su conocido libro-, que logre paralizar cualquier tipo de respuesta y preparar el terreno para encajar golpes que, uno a uno o en condiciones normales, levantarían fuertes resistencias.

En el caso de la enseñanza, se trata de desarmar ideológica y moralmente al conjunto de la sociedad, y en particular al profesorado, respecto a las demandas, largo tiempo asentadas, acerca de una educación pública, gratuita y accesible para todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante. Quieren transmitir la idea de que se impone y se impondrá (“haremos lo que hay que hacer”) un cambio profundo de todo el sistema educativo, dando por sentado que el actual es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado laboral y, sobre todo, insostenible en tiempos de “crisis”, austeridad y recorte “obligado” del gasto público: cualquier situación presente, garantías y derechos, pueden ser sometidos a revisión y revocados de la noche a la mañana.

 

1. En continuidad con una orientación que viene de lejos

Los proyectos, todavía apenas desvelados, no son tan novedosos como para cogernos desprevenidos: están en continuidad con los principios que inspiran desde hace décadas la ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, incluidas la sanidad y la educación. Su “liberalización” -a la par de otros sectores que ya han puesto en circulación en el “mercado”- implica el recorte del gasto público, su desregulación y progresiva privatización . La denuncia de ese proceso, no siempre lineal (porque la movilización y las demandas sociales también entran en juego y han logrado frenarlo en más de una ocasión), ha sido el eje del análisis que ha venido realizando nuestro Colectivo.

Todas las pretendidas “reformas democráticas” de la enseñanza, en lo esencial, han ido en esa dirección. Poco a poco, se han introducido los referentes ideológicos y pautas de actuación de la OCDE y la UE, cuyas directrices, siempre en función de los intereses patronales, han terminado por aceptar sumisamente la mayoría de los países. En el nuestro, con desiguales ritmos y resultados, los distintos gobiernos centrales y autonómicos han ido avanzando en el retroceso y degradación de la enseñanza pública, favoreciendo la expansión de los centros privados y concertados. Bien es cierto que hasta el presente, y gracias a la constante movilización social, no se habían atrevido a tocar seriamente las partidas destinadas a educación, la regulación del sistema educativo y el status de la función docente.

 

2. Aprovechar la “crisis” para dar un salto cualitativo

Sería, sin embargo, un error de bulto pensar que tampoco ahora piensan llegar mucho más allá, que sólo habrá “algo más de lo mismo”. Por el contrario, algunos pensamos que lo que se va a poner sobre la mesa no es “otra reforma” educativa, con sesgos más conservadores (tipo LOCE), sino un avance decisivo en el desmantelamiento directo del sistema público de educación.

Bueno será tomar conciencia del momento trascendental que estamos viviendo. El espantajo de la “crisis” de nunca acabar se está utilizando para imponer un retroceso social inédito en los países europeos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero no incide de igual manera en todos los países. Para algunos, como Grecia, Irlanda, Portugal y también España o Italia, los planes de Bruselas y del FMI (junto con los ataques de los capitales especulativos) pueden suponer la ruina y empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. En nuestro caso, como hace de forma palmaria la reforma laboral, la eliminación de derechos democráticos y constitucionales nos retrotrae a situaciones de precariedad y desprotección de muchas décadas atrás.

Aparte de las convicciones ideológicas del gobierno del PP y sus fieles seguidores, los contenidos filtrados de la famosa “carta” del BCE en el pasado septiembre al gobierno español (nunca hecha pública ni por Zapatero ni por Rajoy) parecen tajantes: el apoyo financiero para capear los problemas de liquidez y de la deuda está condicionado a “reformas” que precipiten: a) un trasvase de rentas salariales a rentas del capital del orden del 15% al 20% (“reforma laboral”); b) acometer un plan serio de privatización de los sectores públicos y, muy en concreto, de la sanidad y la educación (reformas pendientes de precisar). La Comisión de la UE y agencias de calificación crediticia, como Moody's Corporation, acaban de insistir en lo mismo. Así de graves son los planes, ligados al objetivo de reducir el déficit público al 3% en dos años, con los que el gobierno español se ha comprometido.

 

3. Las previsibles líneas de ataque

Olvidado el discurso anterior sobre el avance hacia un “nuevo modelo productivo” y la “sociedad del conocimiento”, y metidos en una recesión sin fondo ni fecha de salida, la “adecuación” del sistema educativo a las “necesidades de la economía”, asume nuevos imperativos. De una parte, un recorte sin precedentes del gasto público (el ministro ya ha anunciado que la responsabilidad del gasto educativo debe ser compartida con la familias). De otra, y siguiendo los dogmas neoliberales sobre la educación, una mayor vinculación de ésta a un mercado laboral, ahora más precario que nunca (insisten en que sobra formación que no se va a utilizar y califican de despilfarro crear titulados que tienen que emigrar fuera para buscarse la vida).

Aunque todavía se está en periodo de tanteo sobre las medidas más efectivas, el gobierno y nuestro locuaz ministro no han ocultado que Madrid es guía y modelo de por dónde avanzar en todas partes, sin despreciar otras iniciativas de CC.AA. prestas a competir en ocurrencias y desmanes (Cataluña, Valencia,…). Ese “modelo”, muy parecido a lo que se está haciendo en otro servicio básico como la sanidad, se plantea como horizonte:

a) En primer lugar, y de forma perentoria, recortes presupuestarios muy superiores a los conocidos en el presente curso. Tarea encomendada, sobre todo, a gobiernos autonómicos y municipales por tener transferidas las competencias. Aparte de una reducción severa de efectivos (menos profesores con más horas y más alumnos) y eliminar recursos habituales y compensatorios en la Escuela Pública, su degradación y encogimiento deben ir paralelas a la promoción de las fórmulas de “copago”.

Efectivamente, como insisten los anuncios publicitarios puestos en marcha, “un puesto escolar privado es más barato que uno público”, porque, aparte de no atender zonas y pueblos no rentables, lo pagan en su totalidad o en parte las familias (mediante cuotas y “donaciones” complementarias e ilegales en el caso de los concertados). La patronal privada propone pasar directamente a la fórmula del “cheque escolar” en todos los niveles y redes de centros: una subvención igual e individual para todos los alumnos, que las familias se verían obligadas a complementar de acuerdo con el nivel de calidad y costes de cada centro. Un primer paso en esa dirección es la desgravación en la declaración de la renta por el gasto educativo de las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados.

b) En segundo lugar, y vinculado a lo anterior: puesto que la escolarización en centros privados sale más barato al estado, el objetivo será extender los procesos de privatización hasta dejar la enseñanza pública gratuita en situación marginal y mínima calidad, a modo de beneficencia para los sectores más depauperados. Ya lo es en buena parte de la Comunidad de Madrid, donde la privada suma el 48%, y aún más en Madrid capital donde llega al 67%. Avanzar hacia esos porcentajes a escala estatal supondría, efectivamente, cambiar de modelo y un buen ahorro de gasto público (y mayor coste para las familias), sin descartar otras formas de copago en los propios centros públicos (la eliminación de becas de comedor, libros, matrícula,... ya son un anticipo).

La concertación de todo el Bachillerato, al iniciarse dentro de la etapa obligatoria, y la reducción paralela de los grupos que lo cursen en los IES puede ser una de las primeras decisiones. La progresiva implantación de la “formación dual” (pese al débil tejido industrial español), con incentivos a las empresas y facilitando un tipo de contrato aún más precario que los ya decretados, puede llevar a un desmantelamiento acelerado de la FP pública y del costoso mantenimiento de sus instalaciones.

Tampoco hay que descartar que, ante la incapacidad de ayuntamientos y CC.AA. de mantener siquiera los centros públicos, no se limiten a facilitar terrenos gratis a los privados y priorizar su construcción, sino que cedan algunos colegios públicos a entidades privadas, como se está haciendo con los hospitales (y ya se intentó con el CEIP de El Álamo, siguiendo un ejemplo extendido en Gran Bretaña).

c) En tercer lugar, el avance hacia distintas formas de privatización del grueso del sistema educativo exige la desregulación del propio sistema. Se trata de romper las fronteras entre lo público y lo privado, favoreciendo su interpenetración y confusión: un sistema público, regido y regulado por sus propias normas y leyes (y, por tanto, poco “flexible”), es inasumible por las empresas privadas que, como han hecho en la apropiación de otros servicios públicos, exigen su previa “liberalización” y rentabilidad, de acuerdo con las leyes del mercado.

Se empezó por “externalizar” servicios como limpieza y comedores. Se ha continuado con encomendar a entidades privadas (con o sin “ánimo de lucro”) programas de refuerzo y actividades extraescolares. Ahora se va más allá, introduciendo dentro del currículo académico y del horario lectivo personal privado y ajeno a los requisitos de acceso a la función docente (nuevo tipo de contratos a “irlandeses”, fundación Botín “Empieza por educar”, etc.). También se deriva hacia entidades privadas funciones de control y evaluación del sistema (formación del profesorado, evaluación de centros,…).

Se trata, en definitiva, de desestructurar la función pública, empezando por el propio cuerpo de funcionarios públicos y sus “privilegios”. No sólo la organización y gobernanza de los centros públicos han de asimilarse al “modelo de gestión privada”, como se viene postulando, sino que también lo han de ser las condiciones del profesorado. Así, además de configurar un personal docente más flexible y precario, podrá ser fácilmente intercambiable y reconvertible a las condiciones que rigen, por ejemplo, en un centro concertado. Para empezar: ¿Por qué no una bolsa común de profesores en paro administrada por ETTs -ahora autorizadas para gestionar empleo público- para ofrecer indistintamente puestos de trabajo para unos y otros centros?

 

4. Una formación precaria para un mercado laboral precario

Como se ha dicho más arriba, el discurso políticamente correcto hasta hace poco vigente hablaba de buscar salida a la crisis ganando en “competitividad” sobre la base de un “nuevo modelo productivo”, orientado hacia sectores de “alto valor añadido”, que exigen más formación y cualificación, en el marco de una “sociedad del conocimiento y la información”, con un desarrollo significativo en I+D, y bla, bla, bla. Ese discurso ha quedado arrumbado, empezando porque no hay impulso sino reducción o desmantelamiento de las escasas infraestructuras de investigación; no hay nuevo modelo productivo sino cierres de empresas y recesión, pérdida masiva de empleos en todos los sectores y en todos los niveles de cualificación.

Ahora la competitividad estriba exclusivamente en recortar gasto e inversiones por doquier y rebajar las condiciones laborales hasta emular “la cultura del esfuerzo del pueblo chino”, según propone uno de los prohombres de la patronal. Esto es: incrementar hasta límites insospechados los niveles de explotación y desprotección.

En las condiciones presentes, hay que abandonar definitivamente los postulados de igualdad y acceso generalizado a la formación, como bien social y derecho democrático de todos los ciudadanos a la educación, tal como se ha mantenido siquiera formalmente. Los mensajes actuales, y con todo descaro, van en sentido contrario:

- La Educación Superior quedará reservada sólo para una élite “excelente”, académica y económicamente (el frágil y contraído mercado español no necesita tantos titulados superiores), sobre la base de encarecer mucho más las matrículas (especialmente los másters) y reducir becas. De otro lado, el recorte en la oferta de títulos -con la reconversión anunciada de universidades, facultades y escuelas- y su desigual validez en el mercado según el ranking de “excelencia”, son medidas añadidas para lograr en poco tiempo un freno serio al acceso “masificado” a los estudios superiores.

- También se piensa en establecer, de forma más clara y eficaz, la orientación/selección de los flujos de alumnos en la Secundaria, adelantando la diversificación de itinerarios a partir de 3º de la ESO (algo parecido se planteaba en la LOE). Se refuerza, así, nuevamente un sistema ramificado y sin fácil retorno, desviando a la mayoría de forma definitiva hacia niveles de escasa formación y multiplicando los obstáculos para reincorporarse en los caminos “excelentes”.

- En la Educación Infantil, dejada en su mayor parte en manos de la iniciativa privada, se propicia que, desde el comienzo, se alimente la vía privada, sin solución de continuidad en los siguientes niveles, para aquellas familias que puedan pagarla, lo que a la vez redundará inevitablemente en mayor desigualdad en educación y expectativas desde la base.

- La formación ha de ajustarse (tanto por costes como por rentabilidad) a las necesidades de las empresas; y las empresas españolas que sobreviven a la crisis sólo necesitan mano de obra barata y flexible. La FP de grado medio, el menor nivel de cualificación, es más que suficiente para la mayoría de los puestos de trabajo que se van a ofertar (hacia ella debe encauzarse el mayor flujo de alumnos y, de paso, “solucionar” con menores exigencias, y sólo a efectos de estadística, el fracaso escolar). Es el tipo de formación que genera menos expectativas salariales y se adecúa mejor a aquello de “formarse a lo largo de la vida”, es decir, plegarse a las tareas cambiantes que exige cada uno de los trabajos eventuales sobre los que el joven trabajador irá saltando cada poco (en el mejor de los casos). Si esa FP se inserta, de forma “dual”, en las empresas (según el propósito declarado por el nuevo ministro), será el modo más eficaz de acomodarse a las concretas “competencias” que el mercado laboral le exige al joven en cada momento. Es el propio empresario (que tutelará hasta el 60% del currículo de dicha formación) el que, en definitiva, certificará su aptitud y le facilitará el título. Otra forma no sólo de privatización del sistema público de enseñanza, sino también de su desregulación.

De esta manera, la excusa de la “crisis” no quedará en simple argumento para un recorte “temporal” de los recursos destinados a la educación (y a otros servicios públicos). Más bien, se convierte en la oportunidad para asentar de forma definitiva la eliminación del concepto de educación como derecho ciudadano y responsabilidad de las administraciones públicas, para vincularlo directamente a las exigencias del mercado laboral y a la responsabilidad del individuo (y, antes, de su familia). Al futuro trabajador no le queda otra opción personal que la de adaptar su itinerario formativo a la de su presunta empleabilidad en un mercado inestable y depauperado, en condiciones nuevas y más precarias, que le vienen impuestas desde fuera y sin ningún tipo de regulación.

 

5. La resistencia ante la destrucción de la Escuela Pública y de todo derecho ciudadano

Como siempre, una cosa son los planes de los de arriba y otra su capacidad de imponerlos, como ellos quisieran, a quienes toca sufrir sus inaceptables consecuencias.

La masiva y prolongada movilización de la “marea verde” (y no sólo en la Comunidad de Madrid), de la que muchos somos partícipes y testigos, ha puesto de manifiesto la disposición del profesorado y de amplias capas de la ciudadanía a oponerse a cada una de las medidas dirigidas a la degradación y desmantelamiento de la enseñanza pública. A pesar de los altibajos propios de cualquier proceso de movilización extendido en el tiempo, ha cundido la conciencia del peligro que se cierne sobre conquistas democráticas fundamentales en el terreno de la educación (universalidad, gratuidad, calidad,…).

Nadie ignora las limitaciones en el grado de organización, democracia interna y contundencia de las acciones desarrolladas hasta ahora, que han impedido el éxito deseado del amplio movimiento levantado en defensa de la Escuela Pública ( la de todos y para todos ). Pero también son ciertas las debilidades de un gobierno que, alardeando de mayorías absolutas, se ve obligado a dar marcha atrás en su política de provocación e intimidación ante la protesta en la calle de un puñado de chavales de un instituto de Valencia y la respuesta ciudadana desencadenada en su defensa.

Poco ayudan a desbloquear la situación la actitud suicida de los dirigentes sindicales, empecinados en pactos imposibles y en supuestas negociaciones con quienes exhiben de continuo una inusitada prepotencia para imponer por las bravas medidas de hondo calado antisocial y antidemocrático. Los obstáculos con que se ha encontrado hasta ahora la movilización social -el único medio para frenar planes tan devastadores- no pueden perpetuarse so pena de llevarnos al descalabro que los poderes reaccionarios están orquestando.

La convocatoria de Huelga General, a la que se han visto obligados los mismos aparatos sindicales puestos en la picota, debe ser aprovechada como punto de apoyo y un primer paso para organizar, desde todos los ámbitos, la respuesta a los ataques generalizados a las condiciones más elementales de vida y trabajo, a todos los derechos conquistados a lo largo de muchos años de lucha.

La gravedad del momento plantea que esta huelga y las que probablemente la han de seguir, deben ir más allá de una simple huelga laboral, convirtiéndola en una movilización social y política en su más amplio sentido. Social, porque ha de organizarse desde pueblos y barrios en conexión con los centros de trabajo y estudio; con la participación de parados y jóvenes a los que se niega todo futuro. Política, porque ha de dirigirse a quienes dicen representar la voluntad de los ciudadanos para plegarse a renglón seguido a las imposiciones de poderes ajenos a la democracia. Los gobiernos en todos sus niveles (central, autonómico, municipal) y los parlamentarios, que pretenden ser depositarios de la soberanía popular, están obligados –hay que obligarles- a hacer ley de los intereses y reivindicaciones de la mayoría de la población.

Ese proceso constituyente, que empieza a tomar forma en asambleas populares, en los centros de trabajo y a distintos niveles territoriales, es el que puede unir todas las fuerzas en una sola dirección: echar abajo las contrarreformas en marcha, blindar de forma constitucional no prebendas de corruptos y especuladores sino leyes que nos hacen y defienden como ciudadanos iguales, recuperar y hacer efectivos los derechos que nos otorga la consideración de seres humanos y nos permiten vivir en sociedad: trabajo digno, vivienda, prestaciones sociales universales como la sanidad y educación, protección contra el desempleo, etc.

Tenemos mucho camino por andar, por discutir y hacer. Todo menos entregarnos de antemano y dar por perdida una lucha que, en el nuevo marco político y en las nuevas formas de responder, no ha hecho sino empezar.

Colectivo Baltasar Gracián

Marzo de 2012

 

LA HUELGA DE LA ENSEÑANZA MADRILEÑA

BALANCE Y PERSPECTIVAS

(31 de diciembre de 2011)

Tras una larga y rica experiencia de lucha, la mayoría de quienes han participado, derrochando entusiasmo y esfuerzos continuados, se hace dos preguntas fundamentales: ¿De qué ha servido lo que hemos hecho? y ¿Qué posibilidades de continuidad y de éxito hay en el futuro inmediato?

Haciendo más explícitas estas preguntas:

Después de tres meses de huelgas y movilizaciones, a pesar de las dimensiones que ha cobrado un movimiento tan amplio y perseverante, de la imparable “marea verde” que ha logrado aglutinar a profesores, alumnos, padres, etc. ¿Por qué no se ha conseguido hacer retroceder al gobierno de la Sra. Aguirre ,?

Si no ha sido la voluntad de lucha y la determinación ¿Qué ha faltado a nuestro movimiento para salir airoso?

Partiendo de un altísimo porcentaje de seguimiento en la huelga y con masivas y reiteradas acciones en la calle ¿Por qué la movilización se ha visto abocada a un declive paulatino y falto de perspectiva?

Y, por otra parte, y puesto que nada se ha resuelto y el conflicto sigue abierto y cabe que más enconado ante la posibilidad de nuevas y mayores agresiones ¿Cómo dar continuidad a la lucha emprendida?

El inevitable cansancio no se ha traducido en sensación generalizada de derrota. Nadie da por definitivo el resultado y buena parte de la gente que se ha movilizado no está por abandonar sin más. Pero también es verdad que existe un enorme desconcierto y muchas dudas sobre el camino a seguir. Las hay entre los profesores de a pie, entre los dirigentes sindicales y entre los activistas que mayor compromiso han adquirido a lo largo de este movido cuatrimestre.

 

1. Logros del movimiento

Si recurrimos a la historia y, en concreto, a las experiencias pasadas de la enseñanza, nadie pone en duda que el movimiento que se ha levantado lo ha hecho con una fuerza desconocida desde hace décadas en este sector. El proceso de huelga se inició con un prometedor seguimiento cercano al 80% en Secundaria, el sector que se lanzó de forma masiva porque era el más directa e inmediatamente afectado, pero que, desde el principio, fue consciente de que una lucha en solitario tendría un recorrido breve.

En el haber hay que apuntar:

a. El potente proceso de organización inicial (asambleas de centro, zona y región) con el sano propósito de que fueran los propios huelguistas quienes controlasen el contenido y desarrollo de la huelga. Nadie estaba dispuesto a quedarse en la mera protesta testimonial y en el ciego seguidismo de los tibios planteamientos que apuntaron desde el principio las direcciones sindicales. De hecho, ese impulso y ese nivel de autoorganización han sido los que han preservado la unidad, empujando a dichos dirigentes a ir (a remolque) más allá de lo previsto y a alargar el calendario de huelgas y manifestaciones, incluyendo la ruptura de la “tregua electoral” e impidiendo el cierre del conflicto tras el 20N, augurado por algunos.

La excusa de la “unidad” sindical, para frenar el movimiento y alzarla como obstáculo para no ir más allá, saltó por los aires más de una vez. El movimiento se apoyó en los sindicatos y en sus convocatorias, pero buscando en todo momento su expresión independiente, remitiéndose a lo discutido y decidido en sus asambleas, tomando iniciativas propias, agrupándose en las multitudinarias manifestaciones en torno a sus pancartas de centro y de todo tipo de asociaciones.

b. Desde el comienzo, existía la conciencia generalizada de que las “instrucciones de comienzo de curso” suponían en sí una agresión de grado superior a lo ya conocido (contra las condiciones docentes y el propio funcionamiento de los centros públicos), a la vez que se percibían como una premonición de un ataque general a la Enseñanza Pública (más recortes por la “crisis” y nuevos avances en las vías de privatización). Esto puso sobre el tapete, de forma natural, la necesidad de implicar a otros niveles de la enseñanza y a otros colectivos (estudiantes, padres, ciudadanos,…) preocupados por el porvenir de la escuela y de lo público.

c. Esta conjunción de profesores en huelga, arrastrando a otros sectores y colectivos a una masiva y continuada movilización, es lo que ha dado lugar al fenómeno novedoso, imaginativo y omnipresente de la llamada “marea verde”. Miles de profesores y ciudadanos han llegado a la conclusión de que los recortes anteriores, presentes y futuros ponían en cuestión el mantenimiento de un derecho fundamental como es la educación, si no se ponía freno a la dinámica complementaria de su degradación y su privatización. De ahí que se despertase un sentimiento de orgullo entre quienes han desarrollado esta lucha en defensa de la Escuela Pública , de manera que, incluso ante el aparente callejón sin salida en que ha terminado esta fase de la movilización, se mantenga el ánimo de proseguir en la brecha. La perplejidad propia de los momentos de impasse no ha derivado en la capitulación y el abandono.

 

2. ¿Qué ha faltado?

Pero es inevitable hacerse la pregunta del principio. ¿Por qué no han sido suficientes los esfuerzos realizados? ¿Por qué tras ocho o nueve días de huelga, de numerosas manifestaciones y concentraciones, cientos de iniciativas prodigadas por centros, barrios y pueblos de la Comunidad , no se ha conseguido doblegar la postura intransigente de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar?

Es cierto que, aparte de su apuesta por dar ejemplo de dureza hacia fuera y hacia dentro de su partido, las previsiones cada vez más firmes de una mayoría absoluta del PP amortiguaban los riesgos de una repercusión negativa del conflicto en los resultados electorales, que era una de las bazas de los huelguistas (de hecho, se sabe que la preocupación trascendió a la calle Génova).

Pero, ¿hubieran mantenido su postura si se hubiesen encontrado con una Huelga General de toda la enseñanza y una paralización de los centros educativos? ¿Pero, era también un objetivo en el horizonte de quienes tenían la responsabilidad de dirigir el movimiento?

a. Sin descartar los empecinamientos suicidas, de que en ocasiones hacen gala algunos responsables políticos, es difícil cerrarse en banda ante un desafío como el que han supuesto esos miles de huelguistas y de manifestantes a lo largo de tres meses. En nuestra opinión, una Huelga General e indefinida del conjunto de la enseñanza (y “había motivos” para ella) era el paso exigido tras las primeras acciones, que manifestaron una fuerza y una decisión poco habituales. Un planteamiento que, por otra parte, rondó por la cabeza de muchos cuando se plantearon jugar en serio la partida, pero que quedó diluido con la martingala de los “sondeos” individuales, más propicios para la confusión que para la movilización cuando, como fue el caso, se plantean al margen de la discusión y de la toma de decisiones colectiva en las asambleas.

Sin embargo no fue esa la perspectiva (la de extender la huelga al conjunto de toda la enseñanza y mantener el pulso, sin interrupciones, a la Administración ) la que predominó entre las direcciones sindicales ni en el núcleo de activistas surgido del movimiento asambleario.

Evidentemente, la huelga general e indefinida no estaba en la mente de las direcciones sindicales. Mientras éstas “hacían tiempo” con un calendario de huelgas puntuales y espaciadas, el funcionamiento de los centros se “normalizaba”, la aplicación de las “instrucciones” se consolidaba en los hechos y el brío inicial de los huelguistas se desgastaba. Sólo tardía y parcialmente llamaron a sumarse a la huelga a Infantil y Primaria (sin desplegar muchos esfuerzos). Nunca lo hicieron con la Universidad , sabiendo como sabían (y ahora ha salido a la luz) que sobre ella pendía igualmente un severo plan de austeridad y recortes.

Como ya hemos señalado en artículos anteriores, si la huelga indefinida (que probablemente no hubiera necesitado nueve días para surtir efecto) no contaba con suficiente preparación a primeros de septiembre, debería haberse planteado como objetivo a corto plazo, poniendo todos los medios para la extensión y generalización de la huelga a todos los sectores de la enseñanza. Sin abrir esa perspectiva, el carrusel de huelgas separadas en el tiempo sólo podía servir para desgastar las fuerzas iniciales y abocarlas a su agotamiento progresivo.

No se trata sólo de un problema de acumulación de fuerzas y de aumento de su intensidad para ganar el pulso, que también. La perspectiva de una Huelga General tiene siempre un contenido directamente político: pone en cuestión una política (en este caso, la referida a la educación) y a los poderes que la aplican; exige un cambio de rumbo. Más aún si se plantea a escala estatal (y a ello apuntaba la Marcha a Madrid del 22 de octubre), puesto que similares medidas se estaban tomando en otras Comunidades Autónomas y eran no sólo permitidas sino alentadas por el Gobierno de la nación en su obsesión por recortar el déficit por todos los medios, tal como le exigían desde la UE , el BCE y el FMI. El propio Ministerio de Educación venía favoreciendo e impulsando esas políticas: austeridad presupuestaria, drástica reducción de la oferta de empleo público, pasos hacia una mayor privatización en todos los tramos educativos, desde la Infantil a la Universidad ,…

La amplitud del movimiento y la concentración de todas las reivindicaciones en defender la Enseñanza Pública , contra los recortes y la privatización, no podía tener otra salida en proporción que el de la Huelga General. No se puede decir que el tema nos afecta a todos y dejar que lo defienda sólo un sector del profesorado, hasta la extenuación.

b. Esas perspectivas, la de generalizar la huelga y la de hacerla indefinida, tampoco lograron abrirse paso en el movimiento asambleario que buscaba organizarse en un terreno independiente respecto a las presiones que sufren los aparatos sindicales por sus vínculos institucionales y sus dependencias económicas. En particular, el articulado en torno a la “red verde”, que si bien en su inicio se presentó como un simple instrumento de coordinación, su hipotética eficacia dependía de los objetivos a que se encaminara y no llegó a cuajar a tiempo por las dudas y los ritmos que siguió, desacompasados con las exigencias de un movimiento de huelga.

En primer lugar, no fueron suficientes los esfuerzos realizados ni el nivel de organización alcanzado porque a ese movimiento, con base real en centros, zonas y pueblos, le faltó dar el paso para conseguir una verdadera centralización independiente a nivel regional (Comité de Huelga) y dotarse de una orientación política (Huelga General). Sometiéndose a la táctica de confusión y desmovilización de los “sondeos”, centrando la discusión en un día más o menos dentro de un calendario de huelgas intermitentes, y dispersando la atención hacia un sinfín de propuestas, no logró traducir su deseo de independencia en un plan diferente al propuesto por los sindicatos. Conformarse con crear un foro aparte, con tintes un poco más “radicales” (y más sectarios), no ayudó a mantener la unidad del conjunto del movimiento ni a hacerlo progresar.

En segundo lugar, porque esa falta de perspectiva política se pretendió sustituir con interminables y paralizantes discusiones organizativas. En nombre de una presunta “horizontalidad” (aplicada, además, de forma torpe y mimética a una dinámica real de huelga, que implicaba a cientos de centros educativos y miles de huelguistas), se obstaculizó la imprescindible centralización del movimiento en un verdadero Comité de Huelga, elegido democráticamente y revocable, basado en los representantes de centros y zonas (y que integrase a las organizaciones sindicales comprometidas realmente con la huelga), capaz de tomar medidas de organización, extensión y acción, sometiendo siempre las decisiones fundamentales al respaldo mayoritario de las asambleas de base.

Las asambleas de delegados al mayor nivel posible de coordinación, aun pudiendo ser abiertas, para garantizar su publicidad y transparencia, no tienen otro objetivo que el de asumir tareas de Comité de Huelga (las señaladas más arriba) y ponerse a la cabeza de la movilización.

La organización democrática de los trabajadores en huelga es la única garantía de que el control de su propia lucha y de los objetivos levantados permanezca en sus manos y no sean traicionados. Poner en cuestión, por principio, la representatividad y capacidad de decisión de los delegados elegidos en sus respectivos centros y zonas, (como se hizo en las asambleas regionales convocadas por sindicatos, pero también en las convocadas por la “red verde”), o reducirlos a meros informadores de datos, significa oponerse directamente al avance en unidad y extensión, a la centralización que todo movimiento necesita para tomar decisiones inaplazables para orientar las acciones en un misma dirección y generalizar la huelga. Esa organización (y no separar una parte del movimiento, de forma sectaria) es, a la vez, la mejor manera de poner a las direcciones sindicales ante sus propias responsabilidades en la organización de la lucha y en el mantenimiento de la unidad.

En conclusión, la gran movilización desarrollada en la enseñanza madrileña no ha encontrado el apoyo necesario en ningún sector organizado capaz de impulsar, más allá de la propaganda, esa orientación, pese a que la Marcha sobre Madrid del 22 de octubre apuntaba a las claras hacia la necesidad de organizar la Huelga General de la enseñanza no sólo en nuestra Comunidad sino a escala estatal. A tiempo estamos de corregir errores de cara a los próximos e inevitables combates.

 

3. ¿Cómo continuar?

En el momento actual, plantear nuevos “calendarios” o “sondeos” es desconocer que el tiempo en política es un factor esencial, que no debe ignorarse alegremente, y obviar que, a partir de ahora y con el nuevo gobierno, se abre un nuevo panorama, aún no precisado en su totalidad pero que, verosímilmente, supondrá una nueva y más profunda andanada de recortes presupuestarios y, como consecuencia, nuevos ataques a los salarios, al empleo público, a las condiciones laborales, etc.

Planear la continuidad de las huelgas y manifestaciones de la enseñanza al mismo nivel (o inferior) al alcanzado al final de este trimestre, sólo puede conducir al agotamiento definitivo de las fuerzas hasta ahora implicadas.

Las variadas formas de organización y de asociación que surgen de la voluntad de mantener encendidos los rescoldos de las últimas movilizaciones, de cara a los próximos ataques, son una clara muestra de que el movimiento iniciado en la enseñanza madrileña no está acabado. Pero está obligado a hacer balance de las carencias que han impedido su éxito y precisar la orientación y condiciones para volver a la lucha, cuando las fuerzas y la oportunidad lo hagan posible. No hay por qué partir siempre de cero. Las experiencias recientes deben servir de lección para futuros combates y merecen ser discutidas sosegadamente para enmendar errores, restablecer la unidad y ampliar el horizonte de lucha, tratando de implicar a todas las organizaciones de los trabajadores que quieran ser fieles a los intereses de éstos frente a los planes que nos llevan a un desastre social.

Pero la posible continuidad del movimiento anterior se dará, en todo caso, con un cambio de escenario: nuevo gobierno que, en continuidad con el anterior, se siente obligado a tomar decisiones trascendentales a partir de la sumisión a los dictados de la Unión Europea , del FMI, del BCE,… Decisiones dirigidas a un control del déficit a costa de recortes sociales y de un empobrecimiento generalizado de la población hasta límites insospechados, en beneficio exclusivo de financieros y especuladores.

De lo que no hay duda es que estamos enfrentados a un verdadero proceso de desmantelamiento de los servicios públicos sobre los que se sustentan derechos fundamentales, recogidos en declaraciones de organismos internacionales y en toda constitución que se estime democrática, como bases mínimas de consenso y convivencia social. La defensa de esos servicios públicos, entre ellos la enseñanza, se convierte en estos momentos en el eje prioritario que puede unir a la mayoría de la población que se siente agredida en los aspectos más vitales. Todas las prestaciones sociales están en peligro de ser recortadas incluida, entre ellas y de forma especial, la sanidad pública y con ella el derecho de todos a la salud. Más que de recortes, habría que hablar, con toda propiedad, de destrucción programada y de privatización del conjunto de los sistemas de protección social levantados con el esfuerzo de muchos años atrás. Incluso el agua (el Canal de Isabel II) está a punto de ser privatizada.

Probablemente surjan nuevos motivos para saltar a la lucha, desde nuestro sector o desde cualquier otro, buscando la imprescindible unidad de fuerzas con otros colectivos. Ya se ha anunciado la extensión del aumento de dos horas y media semanales más de trabajo al conjunto de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Al igual que en la enseñanza, además de una sobrecarga de trabajo para unos, implica el despido o la no renovación de contratos de muchos miles de trabajadores. Aún queda por ver el alcance final de las medidas contra los salarios, la drástica reducción de empleo público, la anulación de acuerdos y convenios y de los derechos en ellos recogidos, la implantación de nuevos tipos y más abusivos de contratación, etc. Las medidas adelantadas en Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha y otras comunidades son un anticipo de la apuesta más que previsible y generalizada por seguir descargando la “crisis”, y ahora de forma brutal, sobre los más débiles, desmantelando los mínimos aún existentes de protección social.

La defensa de todos los servicios públicos es una reivindicación inmediata a levantar desde la enseñanza y desde el resto de sectores implicados, conscientes de que, además, afectan al conjunto de la población.

Cualquiera que sea la chispa que produzca un nuevo incendio, la respuesta no puede sino inscribirse en una orientación a la Huelga General : contra la sumisión y la aplicación de los planes de regresión social, que proponen los mercados y sus valedores políticos internacionales y nacionales; en defensa de los servicios públicos, de las prestaciones sociales, de los salarios y las condiciones dignas de trabajo.

Es la respuesta que, a la vuelta de las recientes elecciones generales, tiene que volver a poner en cuestión el edificio entero y antidemocrático de un régimen de corrupción en torno a los sacrosantos e intocables poderes de la corona y de los sectores financieros. Con mayor actualidad que en el pasado mayo hay que poner de nuevo a la orden del día y con mayor contundencia el problema de la democracia real, el papel de las Cortes y de los parlamentos autonómicos, que no ejercen soberanía alguna para defender los derechos y necesidades de la mayoría, que se desdicen al día siguiente, sin sonrojo, de las promesas electorales y no dudan en ponerse al servicio de los intereses de quienes crean las “crisis” para especular a costa de hundir en la miseria a poblaciones enteras.

Pero siempre es bueno comenzar por lo más inmediato y cercano. El movimiento de la enseñanza madrileña, que sigue con las espadas en alto sin haber conseguido aún sus objetivos, puede y debe tomar su propia iniciativa, sirviendo de estímulo para aunar fuerzas y sumar a otros sectores a la lucha.

En estos momentos no hay proceso de huelga a la vista ni condiciones que permitan dar un salto adelante de forma aislada. El remedo de discusiones y propuestas de acción, que tuvieron su momento, en nada contribuyen a desbrozar los próximos pasos a dar. Nuevas e ingeniosas apariciones públicas de nuestras “camisetas verdes” no van a remover, por sí solas, los obstáculos encontrados y los ahora añadidos frente a las legítimas reivindicaciones levantadas en la enseñanza madrileña. Si hay voluntad y condiciones para volver a la huelga en defensa de la Enseñanza Pública , contra los recortes generalizados y la privatización, ha de plantearse desde ahora para el conjunto de la enseñanza, desde la Infantil a la Universidad , preparando al mismo tiempo una convocatoria a escala estatal.

Las asambleas de profesores, las organizaciones y plataformas que se han implicado en el proceso de movilización y huelga están obligadas a discutir serenamente el camino a seguir en nuevas y más duras condiciones, a buscar las vías de confluencia con otros sectores de los servicios públicos igualmente en peligro, a proponer una salida en común frente al feroz ataque a los derechos y condiciones de vida de la inmensa mayoría.

A esa discusión queremos aportar nuestro pequeño granito de arena.

Colectivo Baltasar Gracián

31 de diciembre de 2001

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REMOVER OBSTÁCULOS

ABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA

(9 de noviembre de 2011)

Ya entrado el mes de noviembre y comenzada la campaña electoral, los profesores de Secundaria de Madrid han seguido hasta ocho convocatorias de huelga, contando las dos últimas con la incorporación de un número significativo de centros de Infantil y Primaria. Para la semana anterior a las elecciones generales del 20-N, coincidiendo con la nueva convocatoria -aceptada finalmente por CCOO, FETE-UGT, STEM y CGT-, se anuncian también huelgas y movilizaciones en las universidades de Madrid y Cataluña.

¿Cuál es el reto del momento presente?

Hay quienes llevan tiempo tratando de limitar el alcance del amplio movimiento con el que se ha iniciado el nuevo curso. Les parece que ya ha ido demasiado lejos y que resulta difícil de controlar. Buscan con denuedo el autocumplimiento de las previsiones más derrotistas y tocan a retirada a la menor muestra de debilidad, en gran parte provocada por ellos mismos. En estos momentos, tampoco ayudan mucho al éxito de la lucha los sectarios de turno, enzarzados en una estéril presión sobre las direcciones sindicales, evitando, a su vez, que los delegados elegidos asuman sus propias responsabilidades para organizar, dirigir y ampliar el proceso de huelga. De poco sirve la apariencia de radicalidad, cuando consiste en encerrarse en posiciones minoritarias y numantinas, en lugar de volcar sus esfuerzos en el objetivo prioritario de sumar a más compañeros y extender la movilización a otros sectores de la enseñanza. Y, sin embargo, ahí, en la intensificación del seguimiento de la huelga y su extensión a otros sectores, radica el problema fundamental al que nos hallamos confrontados. De su solución depende que el fiel de la balanza se incline en uno u otro sentido.

Después de tantas jornadas de huelgas intermitentes, la clave no está en más o menos días de huelga de los mismos, o de los más incansables y heroicos. Porque el peligro de estancamiento y de repliegue proviene, no tanto del cansancio natural de quienes llevan muchos días en pie de guerra, como, y sobre todo, de que el vigoroso movimiento, representado por esa “marea verde” que ha desbordado todas las previsiones, se vea privado de una perspectiva de futuro. Y eso justo cuando apuntan en el horizonte nuevos elementos esperanzadores.

La amplitud de las movilizaciones, su prolongación a lo largo de los dos últimos meses, la extensión de las protestas a otras comunidades y la multitudinaria marcha a Madrid del pasado 22 de octubre han sentado dos hechos innegables. De una parte, que el movimiento busca salida en su extensión y generalización, porque generales son los problemas a los que se enfrenta y porque necesita acumular mayor fuerza para conseguir sus objetivos. De otra, que nadie confía en que las elecciones del 20-N, cualquiera que sea su resultado, vayan a suponer una solución positiva y, por tanto, que no hay lugar para las ilusiones ni, tampoco, para las treguas.

Cuando los candidatos de uno y otro signo aceptan, por principio, el marco de imposiciones de la UE , traducido en durísimos recortes del gasto público, de los servicios y prestaciones sociales, no cabe esperar de ninguno de ellos un comportamiento muy diferente. Su sometimiento dócil a organismos internacionales que hablan al dictado de los “mercados” no deja opción a soluciones democráticas.

Ante este panorama, el único recurso en nuestras manos para cambiar esos planes y evitar un desastre largamente anunciado está en la movilización de la mayoría social. Es el camino que han abierto las movilizaciones de la enseñanza en este comienzo de curso. Para evitar que esa lucha quede aislada y que se extinga por agotamiento, se impone de forma urgente avanzar hacia una Huelga General de toda la enseñanza , que suponga un salto cualitativo y permita inclinar de nuestro lado el pulso entablado.

Para ello, es necesario comprender la importancia de los importantes pasos dados en esa dirección, pero también las carencias y los obstáculos que han entorpecido su desarrollo.

 

Un movimiento nuevo y potente

Obviamente, no es la primera vez que un colectivo concreto responde de forma resuelta ante una agresión a sus condiciones de vida y trabajo. En los últimos años, y dentro del campo de la enseñanza, hemos conocido otros ataques con reacciones similares y diversa fortuna. En esta ocasión, lo que ha habido de nuevo ha sido, por un lado, el mensaje emitido, y recibido, de amenaza global al sistema de educación pública, y, por otro, la dimensión y el carácter de la respuesta dada.

Al rechazar de manera tajante las “instrucciones” decretadas por el gobierno de Esperanza Aguirre (que dejaban en la calle a miles de interinos, eliminaban actividades educativas fundamentales y afectaban gravemente al normal desarrollo de la docencia), los profesores de Secundaria han sido conscientes de que lo que se ponía en cuestión era la propia existencia y viabilidad de la enseñanza pública. En un contexto de abierto impulso al sector privado, las nuevas medidas no podían tener otro significado que el de precipitar el deterioro del sector público, para relegarlo a un papel marginal y, así, dejar un espacio mayor a las distintas opciones privatizadoras. Ese es el objetivo de los sectores interesados en introducir las reglas del mercado en el campo de la educación, al promover una desigualdad creciente de ofertas y de demandas.

Por eso, la lucha emprendida no podía quedar encerrada en meras reivindicaciones corporativas y puntuales. La “marea verde” que ha inundado las plazas y calles de Madrid ha logrado arrastrar no sólo a otros colectivos del profesorado, sino también a estudiantes, padres y a simples ciudadanos preocupados por el inmediato futuro de un bien público, como es la enseñanza, que ven seriamente amenazado. La camiseta con la inscripción “Escuela Pública, de todos y para todos ” se ha convertido en el símbolo de la resistencia a la destrucción del sistema público de educación (desde Infantil a la Universidad ), que hoy toma un curso acelerado.

Al analizar los rasgos que han definido el desarrollo de este movimiento, hay que resaltar, en primer lugar, su carácter global y político . Político no, como dice la señora Aguirre, porque se escondan detrás intereses espurios de partidos y sindicatos, sino porque se afirma frente a una decisión, igualmente política, orientada al desmantelamiento de los servicios públicos con el objetivo de provocar su ruina y justificar su privatización. Una línea de actuación que ya vienen aplicando las distintas administraciones públicas y que previsiblemente se verá profundizada tras el 20-N.

De ahí, también, la intención preventiva de un movimiento que se alza ante lo que siente como un asalto frontal y definitivo a las conquistas de años atrás. El acceso generalizado a los distintos niveles educativos puede verse, en un futuro inmediato, restringido y condicionado por las crecientes desigualdades de origen social y económico. Y esto a la vez que disminuye la calidad de la educación destinada a la gran mayoría de la población.

Estamos ante un marco inédito por el grave peligro de desmantelamiento social al que nos quieren llevar los intereses de especuladores desaprensivos, que ningún poder político tiene intención de frenar ni controlar. La invocación a la “crisis” actual sirve de excusa para lanzar ataques a las condiciones laborales y sociales con una crudeza desconocida. La “liberalización” de servicios esenciales, como la sanidad y la educación, llevaba tiempo desarrollándose, propugnada por la OCDE. La "crisis" sirve ahora para justificar su aceleración sin disimulos. Bajo la excusa de “racionalizar” y abaratar los costes de la sanidad, la exigencia de proceder a un drástico recorte del espacio público ha llevado a la Generalitat de Cataluña a fraccionar el Instituto de la Salud en veinte empresas bajo gestión privada y con ánimo de lucro.

Los mismos motivos sirven de excusa para avanzar hacia la conformación de un “libre” mercado educativo, con acceso diferenciado según las posibilidades económicas de las familias. El “copago”, que se está barajando para la sanidad, hace tiempo que existe encubiertamente en la enseñanza concertada, en el encarecimiento de las matrículas universitarias, en la casi total privatización de la educación infantil y en la extensión del "cheque escolar".

El trasvase de fondos públicos al sector privado y su abierta promoción desde instancias oficiales conducen a una reconversión completa de la educación que, de tener éxito, reducirá la Escuela Pública a una función subsidiaria de beneficencia social. Ese es el objetivo, mal disimulado, de los programas electorales que, en nombre de la “libertad de enseñanza”, apuestan por una mayor pluralidad de ofertas educativas y el establecimiento de un ranking de centros (bajo criterios aberrantes de eficacia y rendimiento) con el objetivo de favorecer la “libre elección” por parte de quienes puedan elegir.

Esos planes no son nuevos, pero sí la urgencia y la rudeza con que ahora se presentan. Esa es la razón que ha encendido todas las señales de alarma. Alarma que ha generado y que seguirá alimentando esa formidable “marea verde” como respuesta.

 

La importancia de los pasos desarrollados

Sin caer en un triunfalismo autocomplaciente y sin obviar las carencias, es necesario hacer un primer balance del largo camino recorrido por los miles de huelguistas y manifestantes en defensa de la Escuela Pública. La fuerza política del impulso hacia la generalización de la huelga y de la movilización se ha expresado en importantes logros, tanto en el terreno de la unidad y de la democracia interna, como en el de la continuidad y la extensión del movimiento.

La masiva concurrencia a las primeras asambleas, a pesar de ser convocadas en pleno verano, expresó la voluntad de miles de profesores de caminar juntos, con las organizaciones sindicales del sector, para echar atrás las nuevas “instrucciones” publicadas por la Consejería de Educación. A la decisión de no aceptar más recortes se sumaron de inmediato los interinos dejados en la calle y, después, los profesores de otros niveles de educación que ya venían encajando ataques parecidos. Esa es la verdadera unidad que ha ido creciendo de forma incesante: la que ha logrado sumar a la huelga a la mayoría de los compañeros en las asambleas de centros, zonas y región, la que ha ido arrastrando a otros sectores de la enseñanza, a estudiantes, a padres y a multitud de ciudadanos dispuestos a luchar por la preservación de la enseñanza como bien público, y la que ha reunido en Madrid a miles y miles de manifestantes procedentes de todos los rincones del país.

Como no podía ser de otra manera, el propio desarrollo de la huelga y de las protestas en la calle ha planteado el problema crucial de la democracia : ¿Quién controla y quién decide sobre la acción de huelga, su modalidad y duración? Aunque el referente cercano del movimiento del 15-M ha estado presente en todo momento y ha ejercido una influencia positiva, en la confianza de que se puede pasar a la acción y cambiar las cosas, también se ha recuperado la propia memoria de la dinámica seguida en anteriores movilizaciones de la enseñanza. La discusión y decisión libres en los centros, la designación de compañeros como portavoces de las propuestas aprobadas, la distribución de responsabilidades entre los más comprometidos para organizar las acciones e incorporar a padres y alumnos, para coordinarse con otros centros y para asumir tareas de extensión, etc. han ido conformando, de forma natural, verdaderos comités de huelga a distintos niveles (centro, zona, barrio, pueblo,…). Aunque ese proceso de autoorganización -que se ha dotado de instrumentos propios como la “red verde”- no ha culminado en la constitución de un Comité de Huelga a escala regional, no ha podido ser marginado y, de una manera u otra, se ha hecho presente en multitud de asambleas parciales y generales.

Igualmente, el problema de la intensidad y la continuidad de la huelga ha sido motivo permanente de debate. Es cierto que las huelgas de verdad, para no quedar en mero gesto testimonial, se deben plantear sin más límites en el tiempo que el de la consecución total o, al menos, parcial de los objetivos y el de la evaluación de las propias fuerzas para continuarla. Pero era necesario reunir previamente esa fuerza y esa voluntad, con la capacidad suficiente para paralizar los centros y para forzar una rápida solución. Si, desde el primer día de curso, no existían las condiciones de organización y de decisión para convocar una huelga general e indefinida de toda la enseñanza (no existían, desde luego, en la intención de las direcciones sindicales), la alternativa no era optar por el desgaste paulatino en un carrusel de huelgas intermitentes. Un calendario con sucesivas jornadas de huelga no tiene sentido, como no sea para que cada una de ellas sirva para avanzar un nuevo paso en la generalización. Ese fue el sentir de la mayoría cuando rechazó la idea de una jornada de huelga aislada, convencidos de que si no se daban muestras de firmeza y de continuidad con la incorporación de todos los sectores afectados, junto con un amplio respaldo de la ciudadanía, no se aseguraba el éxito de la acción.

Por eso, la extensión de la movilización ha constituido otra de las preocupaciones principales de quienes se han lanzado a la lucha para ganar. Buscando, primero, el apoyo de los más cercanos, como son los propios alumnos y los padres interesados en mantener las condiciones de calidad de la enseñanza pública. Y al mismo tiempo, buscando la unión con el resto de los sectores de la educación igualmente golpeados. De hecho, la huelga, iniciada fundamentalmente en los institutos, ha ido incorporando a otros colectivos de Secundaria (enseñanzas artísticas, conservatorios, escuelas de adultos, de idiomas,…) y, posteriormente aunque de forma parcial, a los colegios de Infantil y Primaria. Ahora se abre la posibilidad de animar a estudiantes y profesores universitarios para unirse a la decisiva batalla por defender la educación pública y gratuita en todos sus tramos.

 

Palos en las ruedas que impiden avanzar

Frente a esa voluntad de aunar fuerzas, se ha querido alzar más de una vez la falsa "unidad" de la autodenominada "intersindical", constituida por las organizaciones con reconocimiento institucional en la enseñanza. El respeto al consenso interno de la "intersindical" se ha blandido en varias ocasiones contra la voluntad mayoritaria y contra el necesario desarrollo de la huelga. De hecho, las direcciones sindicales, incluidas las que prometían atenerse a las decisiones adoptadas por las asambleas del profesorado, han ido a remolque del movimiento de base.

Tomando distancias con cualquier actitud sectaria, hay que reivindicar el papel histórico de los sindicatos de trabajadores, como forma de organizarse, de manera independiente y permanente, para defender sus intereses. Es la actual falta de independencia de los sindicatos y su integración institucional lo que les impide comportarse como verdadero instrumento de lucha al servicio de quienes dicen representar. Hasta el momento en que hacemos esta reflexión, en buena parte las actuales direcciones sindicales han hecho dejación del papel organizador y centralizador que les incumbe y se han resistido a convocar a la huelga al conjunto de la enseñanza, pese a que todos los sectores se encuentran afectados por la misma política de recortes.

Sólo puntualmente, siempre por detrás de los hechos y bajo la presión de las asambleas y de sus propios afiliados, algunos han ido despegándose de pactos formales, que se contraponían a las exigencias del momento. Cuando, finalmente, se han visto obligados a incluir en las convocatorias a nuevos colectivos (que, en muchos casos, ya se habían sumado a la movilización), ha faltado el despliegue necesario y ha sobrado vacilación. Ha sido también la decisión mayoritaria de los huelguistas de no respetar tregua alguna en el periodo electoral la que ha conseguido hacer saltar por los aires el consenso paralizante y divisor de la "intersindical". Sin embargo, a día de hoy, no ha llegado a plantearse de manera clara y determinante el camino a la huelga general de la enseñanza, que, sin embargo, resulta de una imperiosa necesidad.

El problema clave a resolver, para desbloquear la situación, se centra en la constitución de un auténtico Comité de Huelga a escala regional (y estatal, llegado el caso). Si, como antes se ha señalado, se han organizado comités o comisiones de manera espontánea en centros, zonas, barrios y pueblos, para impulsar y extender la huelga, la pregunta que se plantea cualquier cabeza consciente es ¿Por qué no se constituye un Comité de Huelga a nivel de toda la Comunidad de Madrid con representantes de todos los sectores en lucha? Nos referimos, claro está, a un auténtico Comité de Huelga elegido, que integre a portavoces directos de los trabajadores en huelga y de los sindicatos que la apoyen con toda lealtad. Sus componentes deben tener capacidad de decisión para organizar, extender y centralizar la movilización, recabando siempre la ratificación de los acuerdos fundamentales por las asambleas de centro y zona. Limitar la función de sus delegados a la mera información, convocarlos a asambleas regionales a título de consulta, o negarles representatividad cuando han sido democráticamente elegidos, es eliminar de raíz el derecho de los huelguistas a ser dueños y protagonistas de su propia acción y apostar directamente por la división y el fin de la movilización.

Hay que deshacer equívocos y aclarar algunas ideas. Un principio de elemental democracia (al parecer, ahora proscrito) niega legitimidad a los parlamentarios, que fueron en su día elegidos sobre programas generales y ambiguos, cuando se trata de tomar decisiones imprevistas y trascendentales para el conjunto de la población sin consultarla como es debido. De igual manera, remitirse a elecciones pasadas y a su reconocimiento institucional no legitima a los aparatos sindicales para erigirse en representantes exclusivos de una movilización que se levanta en un momento dado y con unos objetivos precisos. Algunos sindicatos se han desligado, desde el inicio, de cualquier proceso democrático en cuanto a la toma de decisiones, bajo el pretexto de que sólo se deben a sus afiliados, como si sólo de ellos dependiera la huelga. Otros han convocado asambleas, pero sin reconocer a los representantes de centros y zonas otra función que la de hacer encuestas y transmitir datos, para luego reservarse la facultad de interpretar y decidir.

Es una obviedad en todas las tradiciones obreras que la huelga es, en primer lugar, de los propios huelguistas, de su voluntad de seguirla y continuarla hasta donde estimen oportuno. La legitimidad de cualquier sindicato no proviene más que de ser un instrumento efectivo de organización y de sostén de esa voluntad. Tampoco respetan esta realidad quienes niegan el papel, indispensable en toda huelga, de las reuniones de delegados representativos de las decisiones tomadas en sus respectivas asambleas e impiden la constitución de comités de huelga con capacidad de centralización y organización. Es de lamentar que el esfuerzo en esa dirección, derrochado por muchos, se vea bloqueado por posiciones sectarias, que se conforman con jugar un papel de denuncia o de simple presión sindical, sin asumir las propias responsabilidades para avanzar en la unificación de propuestas y en dar mayor impulso a la movilización. Nada ni nadie impide que tomen la iniciativa en tomar contacto con los sectores que aún no se han incorporado, organizar reuniones conjuntas y llamar a la movilización de todos por los mismos objetivos. Aún hay tiempo para hacerlo de cara a las próximas convocatorias.

 

Por nuestra parte, queremos contribuir con estas reflexiones a resolver de forma positiva los problemas aquí planteados que, a día de hoy, aún no han encontrado la salida requerida. Pero nadie puede sustituir ni quitar protagonismo a los que, con toda legitimidad, han de hacer su propia experiencia, porque suyo es el esfuerzo y el riesgo que implica toda acción de huelga y reivindicación.

En todo caso, la extraordinaria movilización desarrollada por miles de profesores, alumnos y ciudadanos en defensa del derecho irrenunciable a la educación ha logrado abrirse paso y superar muchos de los obstáculos levantados desde dentro y desde fuera. Las incontables y valiosas experiencias de tantas personas y colectivos no caerán en saco roto. Puede que la “marea verde” por la Escuela Pública , que ha tenido su inicio en la Comunidad de Madrid, sufra los altibajos de una lucha que se prevé larga. Pero no va a desaparecer de la noche a la mañana. Difícilmente puede verse derrotada y ser obligada a discurrir por los viejos cauces que han conducido a la situación asfixiante del presente. Una y otra vez se volverá a plantear el paso ineludible para una solución positiva de un conflicto que mantiene las espadas en alto: la respuesta unida y contundente de todas las fuerzas comprometidas en la defensa de la “escuela de todos y para todos”. Eso, antes y ahora, con el gobierno que se va y con el que venga, se llama preparar las mejores condiciones para la Huelga General de toda la enseñanza . Esa es nuestra fuerza y la tenemos a mano, a condición de dar los pasos necesarios.

 

Colectivo Baltasar Gracián

9 de noviembre de 2011

 

¿LIQUIDAR O GENERALIZAR LA HUELGA DE ENSEÑANZA?

(Octubre de 2011)

Hacía mucho tiempo que no se veía en la enseñanza la decisión y masividad que ha demostrado la huelga de los profesores de Secundaria en la Comunidad de Madrid. La movilización por la retirada de las “Instrucciones” de comienzo de curso ha contado además con un fuerte apoyo social, de padres y alumnos, conscientes de que las "instrucciones" suponen no sólo una agresión a los docentes, sino también a las condiciones mínimas para el funcionamiento de los propios centros educativos y, en definitiva, un grave atentado al derecho a la educación. Incluso la mayor parte de los medios de comunicación se han visto obligados a hacerse eco de las razones de peso que asistían a la “marea verde” de miles de huelguistas y manifestantes cuando denunciaban el riesgo de desmantelamiento de la “Escuela de todos y para todos”. El momento, por lo demás, favorecía las expectativas de éxito, en tanto que la cercanía del periodo electoral podía actuar como factor disuasorio para el enrocamiento de unos responsables políticos (Esperanza Aguirre y su consejera Lucía Figar, en primer término), a quienes tampoco convenía verse envueltos en un serio y largo conflicto.

La unidad inicial de los trabajadores y de las organizaciones sindicales del sector propició que las asambleas de centros y zonas garantizaran un seguimiento excepcional y el convencimiento de que, esta vez sí, las decisiones se tomarían “de abajo arriba” y que el cómo y el hasta dónde de la movilización estarían en manos de sus protagonistas. El seguimiento de las convocatorias de los días 20, 21 y 22 de septiembre y del 4 y el 5 de octubre, de las numerosas concentraciones y manifestaciones centrales, y también de las de barrios y pueblos, han dejado claro la voluntad firme de mantener la lucha hasta conseguir los objetivos asumidos por todos.

Pero todo esfuerzo sectorial, para ganar, necesita tener una perspectiva clara de continuidad y extensión, así como la confianza en que van a ser respetados los principios democráticos que deben presidir la organización y el proceso de huelga. Y eso es lo que ha empezado a resquebrajarse.

La continuidad ha quedado en entredicho con la subordinación de algunos dirigentes sindicales a sus dependencias económicas y políticas, lo que les ha llevado a poner por delante el respeto a la “campaña electoral” y a ofrecer una tregua a quienes siguen mostrando su olímpico desprecio por lo que acontece en la escuela.

La unidad y la mutua confianza empiezan a quebrarse cuando, unos antes y otros después, esos mismos dirigentes (que no la mayoría de sus afiliados de base, que siguen codo con codo al lado de sus compañeros en los centros) se desvinculan de las decisiones de las asambleas, y contraponiendo el consenso “intersindical” a la unidad de los trabajadores, prefieren abandonar al movimiento a su progresivo debilitamiento.

Pero, sobre todo y es lo más decisivo en este trance, el esfuerzo de un sector, que en esta ocasión ha sido el primero en responder a la agresión, se ve condenado al agotamiento si se queda aislado y sin un horizonte de extensión para recoger nuevos bríos, sumar fuerzas y ampliar objetivos.

Todos los sectores de la educación están sufriendo ataques (incluso los trabajadores de los centros privados o subvencionados). Los recortes sólo pueden ser frenados si hay una respuesta global y unida del conjunto de la enseñanza, desde la primera etapa de infantil a la universidad. Lo que está al orden del día es la Huelga General de toda la enseñanza, porque toda ella está amenazada. Pasan al primer plano de la actualidad su preparación y su convocatoria, retomando la unidad y los procedimientos democráticos que han estado en el origen y el impulso inicial de la huelga de la Secundaria. Ahí se encuentra de nuevo la responsabilidad de las organizaciones de profesores, de padres, de alumnos y de los ciudadanos preocupados por el porvenir de la educación, para recomponer la fuerza y la unidad imprescindibles para la continuidad y el éxito de la movilización.

En esa dirección se inscribe la convocatoria, por parte de la Asamblea regional de representantes de centros y zonas de Secundaria, de una Asamblea Abierta a todos los sectores para el día 20 de octubre (convocatoria incluida más arriba), que pugna por mantener viva la llama de la lucha emprendida y la democracia interna que todo movimiento necesita para preservar su unidad. A sumarse a ella están convocadas todas las organizaciones sindicales y ciudadanas dispuestas a defender el derecho universal a la educación, hoy en grave peligro.

De forma inmediata, lo que está planteado es la liquidación paulatina de un potente movimiento de huelga o, por el contrario, su reforzamiento con la generalización, sobre la base de recuperar la unidad y la democracia. Esa es la disyuntiva.

Colectivo Baltasar Gracián

15 de octubre de 2011

 

HUELGA Y DEMOCRACIA EN UN TRANCE DECISIVO

(Octubre de 2011)

Los brutales recortes en educación con los que se ha iniciado el curso en varias Comunidades Autónomas han levantado una verdadera alarma y contestación social. Se extiende la conciencia de que está en peligro, cierto y cercano, algo tan serio como la pervivencia de la Enseñanza Pública y las mínimas condiciones para garantizar el derecho democrático a la educación (como también sucede con la sanidad).

La fragmentación actual del sistema educativo y la artificial división creada en relación a las diferentes demarcaciones territoriales, a los medios materiales, a la situación de las distintas etapas educativas y del propio profesorado, se alzan como un verdadero obstáculo para lograr la unidad y fuerza necesarias que permitan echar atrás la cadena ininterrumpida de agresiones a la Escuela Pública y, de forma urgente, el último mazazo que suponen las “instrucciones” de Aguirre y Figar, como ejemplo a seguir en el resto de Comunidades.

No obstante, ese cúmulo de dificultades y la cínica llamada a la resignación en nombre de la “crisis”, no han impedido que buena parte del profesorado, arrastrando también a amplios sectores sociales, se hayan lanzado a una movilización sin precedentes, particularmente en la Comunidad de Madrid.

El proceso de huelga iniciado los pasados días 20, 21 y 22 y las masivas movilizaciones demuestran la disposición mayoritaria a entablar un verdadero pulso a la Consejería de Educación y echar atrás los recortes y demás medidas destinadas a degradar aún más las condiciones de la docencia en la Educación Pública , en todas sus etapas y niveles. Es su desarrollo y no el anuncio de una paulatina retirada lo que debe centrar todos los esfuerzos y el mensaje a transmitir a un enemigo hasta ahora enrocado en su arrogante intransigencia.

Pero el éxito de la huelga en Secundaria y demás expresiones de lucha, así como su extensión al conjunto de la enseñanza, depende de que realmente fragüe la unidad y mutua confianza entre los trabajadores de la enseñanza y las organizaciones que dicen defender sus intereses y los de la Escuela Pública . Las organizaciones sindicales son una conquista democrática de la clase obrera, instrumento para la defensa de sus derechos y nunca deberían tener intereses distintos y enfrentados a quienes dicen representar.

Estamos en un momento crucial para el inmediato porvenir del movimiento de huelga y resistencia. Y la clave no es otra que el respeto escrupuloso a la DEMOCRACIA que debe desarrollarse en su seno, para que los miles de profesores, alumnos y ciudadanos en lucha, asuman su propio compromiso y responsabilidad.

Esa unidad y fuerza imprescindibles para vencer no se consigue oponiendo el “consenso sindical” al movimiento real y democrático de los profesores que se reúnen en asamblea, discuten los problemas y toman decisiones acerca de la huelga y demás formas de lucha en las que se han comprometido. Los delegados de centro y zona constituyen, junto con los representantes sindicales que convocan y apoyan lealmente la movilización, el auténtico entramado del Comité de Huelga que debe decidir el cuándo, el cómo y hasta dónde de la movilización en marcha, respetando las decisiones tomadas democráticamente por sus auténticos protagonistas: los huelguistas, en primer lugar, y los sectores de la población (alumnos, padres, ciudadanos,…) que se suman a la lucha emprendida. Ellos también deben integrarse en los comités de huelga de centro, barrio y zona para el impulso y extensión de la movilización ciudadana.

En todo caso, y cualquiera que sea el nivel de extensión, los huelguistas deben tener representación directa en el Comité Regional de Huelga, al lado de los representantes sindicales que públicamente expresen su apoyo y respeto a las decisiones tomadas democráticamente. Sólo así quienes protagonizan y afrontan el costoso esfuerzo de una huelga la asumirán como propia, sabedores de que está en sus manos la decisión última sobre los objetivos de lucha y negociación.

Quienes ponen en duda la representatividad de los delegados elegidos por sus compañeros, los quieren diluir en asambleas de amalgama circunstancial o pretenden reducirlos a meros comparsas (con la simple función de dar datos), están poniendo en peligro la unidad que todos estimamos imprescindible. El nivel de organización y coordinación alcanzado a partir de las asambleas de los centros y zona es la mejor garantía de que las decisiones tomadas colectivamente puedan ser aceptadas y seguidas por todos, sin recurrir a métodos de confusión y disgregación como las encuestas anónimas e individuales, que a nada comprometen.

Esta es la tarea urgente del momento: la configuración de un verdadero Comité de Huelga en el que la presencia de sus protagonistas sea garantía del seguimiento masivo y control democrático exigidos para lograr los objetivos comunes.

Colectivo Baltasar Gracián

1 de Octubre de 2011

 

Aguirre lanza el mayor ataque al profesorado y a la Escuela Pública

(Agosto de 2011)

De un tiempo a esta parte, dejando a un lado cualquier escrúpulo democrático, gobiernos de diverso color y ámbito vienen recurriendo de continuo a una mala práctica política: eludir la discusión y negociación de temas trascendentales con el uso fraudulento de normas legales menores para colar medidas de asunto distinto y alcance superior. Es lo que han hecho, aprovechando el verano, Esperanza Aguirre y Lucía Figar, su prepotente Consejera de Educación, a través de las habituales y en apariencia meramente técnicas “Instrucciones sobre el Comienzo del Curso Escolar 2011-2012”.

Como quien no quiere la cosa, entre fechas para el inicio de las clases, referencias a los currículos en vigor y simples normas organizativas de los centros, se introducen en ellas, sin previo aviso ni negociación, graves recortes en las plantillas del profesorado (sumados a los ya efectuados el curso anterior), con un sustancial incremento de su horario lectivo y, por consiguiente, del número de alumnos a atender, afectando también a tareas de coordinación así como a desdobles de grupos y medidas compensatorias, imprescindibles para garantizar una mínima calidad educativa y la atención debida al alumnado con o sin dificultades. En el colmo de la provocación, las citadas instrucciones eliminaban la tutoría de grupo, convirtiendo en retribución a la “productividad” el tiempo que un profesor dedicara a la acción tutorial individualizada fuera de horario lectivo.

Aunque este último tema haya sido el que mayor contestación ha suscitado entre padres y pedagogos, al final y como era de prever, ha sido utilizado como elemento de diversión, sujeto a matizaciones posteriores, con tal de imponer lo que realmente importa: recortar el gasto público en un servicio tan fundamental como la educación a costa de reducir personal (más de 3.000 interinos se quedarán en la calle), empeorando las condiciones laborales y profesionales de los docentes y, en consecuencia, la calidad de la Enseñanza Pública. Como nadie puede ignorar, este nuevo paso en el ya largo proceso de deterioro de lo público contribuye de rebote al confesado propósito de avanzar en su privatización. Al igual que en el caso de la sanidad, el mensaje es claro: lo público no da para más y aún dará menos; si los padres quieren calidad, que se lleven el niño a un centro privado y paguen.

Pese a las fechas escogidas para su publicación, la reacción indignada del profesorado y de sectores comprometidos con la defensa de la Escuela Pública ha sido inmediata. El 20 de julio más de mil profesores abarrotaban el salón de actos del IES Beatriz Galindo exigiendo la retirada de tales medidas y proponiendo, en caso contrario, la convocatoria de una huelga real y efectiva que impida iniciar el curso en tales condiciones. Una decisión de lucha que se ratificó nuevamente en la masiva asistencia a la asamblea convocada por el Consejo Regional de Plataformas en defensa de la Escuela Pública el día 26 en el IES San Isidro.

Las medidas ya anunciadas por sindicatos e integrantes de dichas plataformas de cara a la movilización incluyen una asamblea general y decisoria el 31 de agosto, asambleas y claustros los días 1 y 2 de septiembre en los centros, concentración el día 7 ante la Consejería de Educación, jornada de lucha y manifestación multitudinaria el día 14. El tema central de si lo que se inicia el día 14 es una huelga y su modalidad queda pendiente de lo que se proponga y apruebe en las asambleas previstas. Está por ver si el respeto a las decisiones “de abajo arriba”, al que se comprometieron los representantes sindicales en alusión a los métodos del 15M (reconociendo de alguna manera su responsabilidad en fiascos anteriores), se hace carne y sangre de esta movilización que arranca con nueva fuerza desde el primer momento. Porque unidad y democracia son imprescindibles para conseguir echar atrás el órdago propuesto para este inicio de curso.

 

El pulso entablado es serio y las circunstancias excepcionales. Esperanza Aguirre, en pleno periodo preelectoral, avanza “sin complejos” el anticipo de la línea en que el PP pretende solucionar los problemas de la “crisis”. Por si algún iluso pensaba otra cosa, queda claro que para no tocar los intereses de quienes no sólo la provocaron sino que se están beneficiando de ella, el peso del desaguisado ha de recaer sobre los de siempre, disminuyendo salarios y todo tipo de prestaciones sociales, empezando por las de mayor coste público, como son la sanidad y la educación. Es también la política asumida por el gobierno “socialista” en el último periodo, siguiendo los dictados de poderes antidemocráticos propios y ajenos; es la misma que están aplicando, cada uno a su manera, los gobiernos autonómicos de todo signo; y es su profundización lo único que tienen en mente los candidatos a formar nuevo gobierno, en tanto comparten la sumisión esclava a lo que han dado en llamar “los mercados”, de cuya insaciable voracidad y exigencias destructivas están dando muestras sobradas estos días. Es la misma y grosera coartada, utilizada por nuestros gobernantes y los organismos internaciones (FMI, OCDE, UE, BCE,…) a los que se pliegan, con el objetivo descarado de imponer un retroceso social histórico, porque todos sabemos dónde están las responsabilidades, que son posibles otras políticas, otras fuentes de donde incrementar recursos públicos y otros capítulos donde recortar gastos.

Estamos ante el enfrentamiento puro y duro de dos lógicas contrapuestas: la del máximo beneficio de unos pocos, sin reparar en medios incluso a costa de arruinar la vida de muchos, de una parte, y la aspiración de la mayoría a vivir dignamente y no retroceder en los derechos democráticos penosamente conquistados por decenios de lucha, de otra. Hay momentos en que el relato ya no es de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que nos toca de cerca y es imposible escabullirse. Corresponde al profesorado, en primer término, y al resto de la llamada “comunidad educativa” (si realmente padres y alumnos son sensibles a los intereses comunes y generales en juego), plantarse y dar un NO rotundo a las provocadoras medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid contra la Enseñanza Pública.

A favor de la lucha por la que ya se han pronunciado muchas voces en la enseñanza madrileña, está la creciente contestación que las medidas de recorte están provocando en otras comunidades y la perspectiva abierta, ante la parálisis sindical, por la movilización popular reflejada en movimientos como el del 15M y otros paralelos (parados, hipotecados, estudiantes,…) que apuntan a una respuesta unida y central contra el conjunto de ataques a las condiciones elementales de vida y trabajo. También juega a su favor la cercanía de unas Elecciones Generales que no permiten a ninguna de las fuerzas políticas interesadas descubrir sus cartas antes de tiempo y enredarse en un conflicto de amplia repercusión social.

Aunque los motivos inmediatos del rechazo a las medidas decretadas parezcan reducirse a meras reivindicaciones laborales y a elementos circunstanciales del ámbito educativo, nadie puede negar el carácter eminentemente político que adquiere cualquier posición de resistencia en el contexto presente: cuestiona las salidas antisociales que se quieren dar a la crisis y desvela las verdaderas intenciones de aquellos responsables políticos que tratan de ocultarlas tras un discurso plagado de ambigüedades y demagogia. En estos momentos, toda lucha, por limitada que sea en sus comienzos, apunta a la necesidad de unir esfuerzos con otros sectores y generalizar el enfrentamiento con una política que está golpeando sin cesar en todas partes y a la mayoría de la población. Cualquiera que sea su dimensión, se inscribe en la perspectiva de una Huelga General que obligue a los gobiernos, central y autonómicos, a retroceder y cambiar el signo de sus decisiones políticas. Por tanto, se quiera o no, la confrontación en ciernes tiene en sí un gran alcance político. De ahí su importancia y la seriedad con que es preciso abordar el tema.

 

Las “Instrucciones” de Aguirre, como hemos señalado, afectan directamente al profesorado pero también a la propia Enseñanza Pública, pese a la justificación demagógica de las medidas como simple exigencia a los docentes de “trabajar más en tiempos de crisis”. Sin menoscabo del derecho que asiste a los trabajadores de la enseñanza, como a los de cualquier otro sector, a salir en defensa de sus condiciones laborales y profesionales, su respuesta puede y debe encontrar el respaldo de amplios sectores de la población que son también conscientes de que lo que está en juego es el propio derecho a una educación pública y de calidad. No serán las simples protestas, medidas de paños calientes o pintorescas “ocurrencias” (huelgas a la japonesa, de celo, encierros,…), lo que puede echar atrás la provocación de la Consejería de Educación. En las dos asambleas celebradas en julio la propuesta más aplaudida fue que “en esas condiciones no se empieza el curso”. Eso tiene un nombre: huelga que paralice el sistema educativo hasta conseguir la retirada de los recortes incluidos en dichas “Instrucciones”. Si permitimos que la maquinaria escolar se ponga en marcha con los nuevos rotos y averías que introducen estas “Instrucciones”, será más difícil pararla y demostrar su inviabilidad (y la Consejería concluirá que todavía es posible dar una vuelta de tuerca más).

Evidentemente, para el éxito de una huelga en el ámbito escolar hace falta que la hagan suya la mayoría del profesorado y que la acompañe una verdadera movilización social. En esa dirección apuntaban las propuestas organizativas “de abajo arriba”, que sin eludir las responsabilidades de las organizaciones sindicales y ciudadanas de cara a una convocatoria nítida y decidida, ponían el acento en las asambleas de los centros, en la constitución de comités de huelga conjuntos y su coordinación por barrios y zonas, el apoyo de estudiantes y padres de alumnos, el respeto a las decisiones tomadas democráticamente. Pero eso no se consigue con medias tintas y chantajes al estilo de esos padres, presuntamente defensores de la Escuela Pública , que proponían en todo caso “una huelga compatible con los derechos de los alumnos”, entendiendo por ello centros abiertos, los alumnos dentro y los profesores entreteniéndolos con distintas actividades “aunque no se dé el currículo”. Ya hemos comprobado lo poco que importa a los responsables políticos de la educación qué se hace en las aulas mientras se mantenga la apariencia externa de “orden”. El derecho de los alumnos (y de sus padres), como dijo un representante de los estudiantes, es a tener una educación pública de calidad; y para lograrla –y no aceptar un mayor deterioro- lo que se precisa ante estas nuevas medidas que colman el vaso de la provocación es una huelga real con todas las consecuencias que tienen las huelgas reales, no los meros amagos o protestas puntuales para volver al día siguiente a la “normalidad”, perfectamente asumibles por la autoridad competente.

Ese es el reto. El éxito o el fracaso no están escritos de antemano. Pero es nuestra responsabilidad intentar, con la unidad y decisión necesarias del profesorado y de todas las organizaciones que dicen defender la Escuela Pública , poner todos los medios a nuestro alcance para que esta nueva agresión “no pase”.

 

Colectivo Baltasar Gracián

 

 

Visita del Papa a Madrid

Defender el laicismo del Estado y de la Escuela

(Junio 2011)

El Cardenal Rouco Varela declaraba días atrás, aludiendo a los jóvenes del 15M, que “se encuentran con sus vidas rotas, y si las soluciones temporales y materialistas no funcionan, como no están funcionando, el fracaso está servido, y la rebelión también, y el desconcierto todavía más” . Su diagnóstico y solución no dejan de ser sorprendentes: “ no conocen a Dios, no conocen a Cristo (…) , la imagen amable y cercana de Dios, de un Dios que va a tu encuentro y te coge la mano para salvarte" . Esa es la propuesta de “salvación” que, con toda clase de medios puestos a su disposición, viene a ofrecer el Papa Benedicto XVI en la mal llamada Jornada Mundial de la Juventud (porque sólo atañe a sus jóvenes partidarios católicos) ante la crisis bestial económica, social y política que afecta a millones de seres humanos y a la juventud en particular.

Pero, por aberrantes que nos puedan parecer estas y otras ideas saludadas y difundidas en los medios ultrarreaccionarios de nuestro país, se debe reconocer al Cardenal y al Papa el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus creencias y convicciones, a reunirse con sus adeptos y montar para ellos el evento público que les plazca. Lo que no es de recibo es que esos eventos de carácter privado, porque privadas son las creencias por muchos miles que las compartan, sean declarados “de interés público” (sinónimo aquí de estatal) por el Gobierno de un estado que se pretende aconfesional, para así justificar el recibimiento oficial del Papa con un aparatoso boato (incluido el desfile de la Legión ), la subvención con 25 millones de euros de las arcas públicas, las exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones, la prestación gratuita de servicios y funcionarios por la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la apertura de más de 200 centros escolares para alojamiento de los jóvenes seguidores del Papa.

Estamos una vez más ante un atentado intolerable a los principios democráticos más elementales, ante una confusión palmaria del espacio público y el privado, entre Estado e Iglesia, ante el uso de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos para financiar intereses y creencias particulares.

En varios centros escolares de la Comunidad de Madrid, se han aprovechado los últimos claustros del curso para expresar el rechazo del profesorado a la orden proveniente de la Consejería de Educación que obliga la apertura de colegios e institutos en agosto para ponerlos a disposición de los jóvenes “peregrinos” católicos. Máxime, según dice el texto que adjuntamos, “en un contexto de grave crisis económica, en el que los fondos para educación, y para los servicios públicos en general, se reducen notablemente” , defendiendo además que “la escuela Pública debe ser, por su propia naturaleza, universal, laica y mantenerse alejada de cualquier impronta confesional” .

Diversas asociaciones políticas y ciudadanas, defensoras del laicismo que debe infundir al Estado, a las instituciones públicas y, en particular, a la Escuela , han presentado un Manifiesto (que también se adjunta) de rechazo a la implicación de las administraciones y recursos públicos en la visita del Papa y preparan una manifestación para el 17 de agosto con el fin de expresar públicamente la repulsa de los ciudadanos que, creyentes o no, ven incompatible con la democracia la pervivencia de prerrogativas y privilegios concedidos ancestralmente a una confesión religiosa que, con hechos de este estilo, demuestra su vinculación con el poder de la jerarquía de determinadas confesiones religiosas.

Nuestro Colectivo se suma a estas iniciativas y llama a la ciudadanía, y de manera particular al profesorado, a apoyarlas.

Colectivo Baltasar Gracián

 

El movimiento 15M, otra respuesta a la “crisis”

(Mayo de 2011)

Desde esta página web, que viene alzando su voz en defensa del derecho democrático a la educación, saludamos al movimiento del 15M y unimos nuestro esfuerzo al de tantos miles que exigen democracia real ya .

Asistimos a un acontecimiento que ha irrumpido en la escena política con una fuerza inesperada, sobre todo para los predicadores de la impotencia y la resignación ante lo que llaman efectos inevitables de la “crisis”.

El gobierno en el poder y los que pretenden sucederle se disputan el protagonismo y el grado de audacia en la imposición de recortes al derecho a un trabajo y salario digno, a una casa, a las prestaciones sociales, a la pensión.

Había que decir basta, que no nos representan quienes se inclinan ante poderes que nadie ha elegido, que sacrifican la soberanía de los pueblos a las exigencias de los mercados de las finanzas fraudulentas y de la especulación y están dispuestos a llevarnos a un retroceso social sin límites.

Democracia -por encima del juego trucado de los votos y de la alternancia de políticos corruptos- es responder a las demandas de la mayoría , de los millones de parados, de las incontables familias agobiadas por las hipotecas abusivas, a la precariedad del trabajo y los bajos salarios, a las generaciones de jóvenes sin horizonte ni futuro. Eso es lo que han puesto en el centro las multitudinarias concentraciones en numerosas plazas dentro y fuera de nuestro país.

El humor cáustico habitual de El Roto retrataba de forma precisa la masiva ocupación de la Plaza del Sol por miles de personas de todas las edades, pero con un protagonismo notable de la juventud:

“los jóvenes salieron a la calle, y súbitamente todos los partidos envejecieron”,

decía la leyenda de su ilustración el mismo domingo 22 en El País .

Efectivamente, mientras el circo electoralista superaba records de vaciedad y cinismo, la movilización que ha tomado la madrileña Puerta del Sol como referencia, pese a la espontaneidad y pluralidad de sus expresiones, apunta al verdadero corazón de la democracia: qué intereses se representan y para quién se gobierna.

Es un comienzo, con las fortalezas y debilidades de lo nuevo y a contracorriente de lo oficialmente instituido, y una palanca esperanzadora para la organización de la fuerza de la mayoría que ponga freno a la marea de destrucción social. Su extensión y centralización puede suponer un paso decisivo para arrastrar a muchas otras fuerzas en la exigencia democrática a todos los poderes públicos, desde los municipios a los parlamentos, de medidas urgentes en dirección contraria a las leyes de contrarreforma promulgadas hasta ahora, de ofrecer soluciones reales a los problemas que pesan sobre la mayoría de la población.

A ese esfuerzo queremos contribuir.

Colectivo Baltasar Gracián

Enlaces con el Movimiento 15M:

http://tomalaplaza.net/

http://madrid.tomalosbarrios.net/

https://n-1.cc/pg/groups/129071/acampadasol/

https://n-1.cc/pg/groups/253519/spanish-revolution/

 

Democracia Real ya

http://www.democraciarealya.es/