Michael Perelman. “Privatizing Education”, Monthly Review, 10 (March 2006), 45-51.
Privatizar la educación es uno de los objetivos más apreciados de la derecha estadounidense, que ve en ello no sólo la forma más natural de lograr un control sobre lo que se enseña (en materia de religión o biología, por ejemplo) sino también un modo de lograr establecer, respecto de los centros públicos, un lucrativo mercado de la educación, en el que poder introducir organizaciones de gestión privada.
El artículo de Michael Perelman, Privatizing Education, pasa revista a la situación de los centros públicos en los EE.UU. cuya gestión se está privatizando, comenzando por la externalización de algunos servicios, y terminando por la gestión completa, dirección incluida, de los mismos, y pone de manifiesto la precaria situación en la que estos centros acaban encontrándose, así como la indefensión económica con que tienen que ir solucionando día a día sus problemas.
Teniendo en cuenta que, en algunas CC.AA. españolas, como en la de Madrid, por ejemplo, el modelo privatizador está siendo promovido e implantado con celeridad creciente, no es mala idea observar cómo éste cobra fuerza en un país en el que el neoliberalismo económico y el conservadurismo político y religioso actúan en común, ya que es este mismo bagaje ideológico el que subyace en las intervenciones políticas de los conservadores españoles cuando gobiernan.
Para los políticos estadounidenses conservadores, afirma el articulista, la educación pública es un objetivo que aflora a menudo en sus intervenciones públicas, cuando tratan de ganar puntos interesándose en asuntos generales, como por ejemplo, la situación de los niños que sufren atraso escolar. Según Perelman, los mismos líderes políticos o económicos que deploran en sus intervenciones el estado de la educación pública son, a la vez, responsables de esa situación, a la que luego quieren dar solución privatizando esos centros, una vez, eso sí, que han procurado dejarlos sin recursos.
Pues son los recursos los que marcan la diferencia entre unos centros y otros, haciendo que haya, más que una segregación social o racial, una segregación económica, muy visible en las escuelas, pues, aunque ésta es inconstitucional en los EE.UU., resulta penosamente visible en los centros públicos que dependen de los impuestos locales, los cuales varían mucho de un lugar a otro, hasta el punto de que en las áreas más pobres los recursos son muchos más bajos y, por consiguiente, los niños pobres no tienen las mismas oportunidades en su educación que los hijos de familias que viven en sectores más prósperos.
Pero, incluso en el caso en que, como en las escuelas urbanas, un determinado distrito recibiera los mismos fondos, insiste el autor en que éstos se gastan de diferente forma, dependiendo del tipo de estudiantes que el centro reciba. Si éstos son pobres, o proceden de un área desfavorecida, los establecimientos gastan más en educación especial, en orientación, en seguridad, etc. E incluso afrontan una desigualdad respecto de los profesores, ya que, al ser centros en los que es más difícil enseñar, los profesionales con mayor experiencia o con mayores deseos de ascender prefieren escuelas con mayor nivel, y así son los profesores menos experimentados, o con menores posibilidades de ser contratados en otras partes por tener menos titulación, los que enseñan allí.
Y no hay que olvidar el apartado de la conservación de los edificios, más costosa en los más viejos que son, con frecuencia, los más necesitados de reparaciones que, también, deben ser realizadas con los fondos que se reciben de los impuestos municipales. Cita el autor un informe elevado al Congreso por la Oficina General de Cuentas en el que se afirma que “un tercio de las 80.000 escuelas públicas del país se encuentra en tal necesidad de reparaciones que los catorce millones de niños que asisten a ellas lo hacen en condiciones inadecuadas e insalubres”. Y cita, en este mismo aspecto, las denuncias de un experto en educación, Jonathan Kozol, quien describía un ejemplo extremo de esta situación mencionando el centro Martin Luther King en East St. Louis, Illinois, donde las aguas residuales invadían dependencias de la escuela, incluso en las cocinas donde se preparan las comidas de los estudiantes.
Otro ejemplo, esta vez en la próspera California: Muchos estudiantes carecen de libros de texto, o tienen que utilizar fotocopias que los propios profesores costean de su bolsillo, porque las escuelas no tienen medios, ni siquiera tiza, lápices o folios para escribir. Una falta descarada de recursos que llega hasta la tiza, los bolígrafos o unas simples tijereas, y que se ha ido haciendo cada vez más acusada, porque no se le ha puesto remedio a tiempo. Los centros públicos así gestionados, que casi siempre corresponden a áreas empobrecidas y pobladas por alumnos negros, y también pobres, claro, acaban haciendo perder la confianza de las familias (sobre todo pobres) en la educación pública, y también en la capacidad de que ésta dé a sus hijos las oportunidades que debería.
¿A qué obedece esta organización económica del reparto de fondos y recursos a las escuelas? ¿No resulta básicamente injusto que una escuela tenga todo lo que necesite porque en ese sector los ciudadanos pagan más impuestos, mientras que en las áreas más pobres falte de todo, precisamente allí donde se necesitaría una acción positiva de equilibrio?
Si esto no sucede, es, precisamente, por falta de una convicción política clara de reparto y de creación de igualdad de oportunidades que es, en fin de cuentas, la mejor muestra de justicia distributiva. O, por el contrario, de una decisión política de que las escuelas que atienden a alumnos más desfavorecidos se vean en desigualdad de oportunidades respecto de otros centros que sí tengan todas las condiciones para ser elegidas por los padres.
Estas desigualdades, sigue diciendo Perelman, son inexcusables, pues el Estado ha aplicado durante años recursos muy escasos para lograr el equilibrio, y ello va a marcar de por vida a los alumnos que asisten a estas escuelas, a los que, por otra parte, les faltan, además, todas las ventajas concebibles, pues, con frecuencia, crecen probablemente entre grandes tensiones familiares, reciben alimentación más escasa, y suelen sufrir serios problemas de salud que pueden afectar a su desarrollo intelectual. Así pues, es lógico que estos niños, que crecen con las desventajas sociales de la pobreza y que van a escuelas empobrecidas donde carecen de lo más necesario para su educación, no desarrollen las habilidades prácticas y psicológicas que los mercados de trabajo buscan y pagan bien, por lo que las vías del éxito social no van a estar nunca abiertas para ellos.
Respecto al correcto desarrollo de la capacidad psicológica en estudiantes que asisten a escuelas con menos recursos, insiste Perelman en que es una dimensión no descartable en estos jóvenes, y hace referencia a un experimento realizado por dos profesionales psicólogos. Éstos enviaron a un cierto número de profesores los resultados de un test que, supuestamente, predecía qué estudiantes iban a quedar retrasados en su aprendizaje. El test fue aceptado por los docentes como una prueba que consideraron muy ajustada: sólo que no se había realizado ningún test, pero la aceptación del mismo como verdadero por parte de los profesores afectó mucho a su modo de trabajar con sus alumnos, e incluso afectó positivamente a algunos de ellos, hasta el punto de que los ayudó a trabajar mejor... pero dejó en la misma situación a los estudiantes que no creían estar entre los “predestinados” al éxito.
Al referirse a este experimento, el autor del artículo subraya que el test funcionó de manera similar a como actúan en una clase las expectativas que se tienen sobre los alumnos: los profesores detectan enseguida los signos de la situación social de sus alumnos, especialmente si éstos no son blancos. Los profesores, parece ser, albergan pocas esperanzas de éxito con respecto a estos niños, ya que, como es sabido, pocos han salido de su situación de retraso. Los niños, por su parte, probablemente actuarán de acuerdo con las expectativas que observan sobre ellos en sus profesores, y así se cumplirá la profecía de su bajo rendimiento. Sólo si hay un empeño especial por parte de algunos profesores, el dispositivo resulta burlado.
Perelman se queja de que los críticos de la educación pública ignoren el inmenso potencial de jóvenes estudiantes que se malogra por estas desigualdades; por el contrario, ellos sobrecargan el sistema educativo (público) con exageradas estructuras administrativas que hacen muy poco por la educación. Ellos, continúa, nunca mencionan que el interminable flujo de órdenes que estos centros reciben se explican en muy buena parte por esa burocracia administrativa. Cita, por ejemplo, el que él llama el cínico programa denominado No Child Left Behind Act, que requiere de las escuelas un gasto desmesurado en realizar pruebas. El dinero anual estimado en los costes de estas pruebas asciende a 400 millones de dólares. Y, además, existe una penalización sobre las escuelas que han tenido malos resultados en estas pruebas, pues entonces tienen que gastar aún más dinero en servicios de dudosa eficacia, pero que se supuestamente han de mejorar los resultados, un dinero que sin duda podría utilizarse en actividades más positivas.
Sin embargo, desde la perspectiva conservadora, esta derivación de fondos hacia actividades poco efectivas para solucionar los problemas reales es bienvenida, ya que, en el fondo, la educación pública queda rebajada con estas medidas, apareciendo estos centros como muy necesitados de reformas, y eso da pie a que la sociedad pida una completa privatización de los mismos.
Así, dado que las condiciones de la enseñanza pública son desastrosas para los pobres, los piadosos conservadores claman por la privatización de la educación, pero sin mencionar cómo han ido actuando para conseguir su objetivo; ni tampoco hacen éstos ninguna sugerencia para impedir esta situación, como podría ser, por ejemplo, aumentar el dinero de los impuestos para dar una oportunidad a estos centros de salir adelante. En lugar de ello, estos políticos fingen estar convencidos de que el supuesto ahorro que se produciría por la mayor eficiencia de los gestores privados sería más que suficiente para financiar la mejora de la educación... una promesa similar, escribe Perelman, a la que hicieron hace tiempo a los que pedían mejoras en el sistema de salud.
Por otra parte, otros promotores de la privatización de la educación ven en este proceso una oportunidad de crear división entre la población negra afectada por la misma y los sindicatos de profesores, cuyos miembros es sabido que votan a los demócratas. Apoyar, por ejemplo, el cheque escolar significaría –dicen- que todos, incluídos los padres de familia pobres, podrían sacar a sus hijos del sistema público... y, de paso, se conseguiría debilitar el poder de los sindicatos de profesores. Así, el cheque escolar se coloca en el centro del impulso privatizador de los conservadores, argumentando que equilibraría las desigualdades en el acceso a una educación de calidad en un mercado libre.
Sin embargo, si éste tuviera éxito, habría que vigilar estrechamente su funcionamiento, porque podría suceder que, entonces se modificara los parámetros a partir de los cual se podría conceder, o bien podría ocurrir que se redefiniera el contenido de lo que incluyera el “servicio” de la educación, al igual que ha ido sucediendo con otros programas sociales, como la sanidad, por ejemplo. Los programas para los pobres inevitablemente acaban siendo programas pobres, afirma Perelman, porque pronto los contribuyentes comenzarían a protestar por tener que pagar estos servicios, y pedirían a las escuelas que “se dejaran de lujos”. Y los políticos relevarían a los ricos de pagar sus impuestos para educación, mientras que los pobres verían de nuevo reducidas sus oportunidades.
Los profesores de los centros públicos y sus sindicatos se oponen a la privatización de la educación por estos y por otros motivos. Cuestionan los docentes que el Estado sea capaz de controlar la calidad de la educación que impartan los centros privados, porque, para empezar, éstos tendrán la ventaja de poder escoger a sus alumnos-clientes, excluyendo a los estudiantes difíciles o más necesitados de apoyo. Y, por tanto, siguen razonando, la educación pública (residual) tendrá que ponerse más a la disposición de los estudiantes física y psíquicamente incapacidados, con lo que los centros públicos tendrán dificultades para igualar los resultados de los privados, a menos que alguno de estos últimos demuestre ser absolutamente incompetente en su gestión. Finalmente, sigue diciendo Perelman, aun cuando en la actualidad los profesores están en general mal pagados, los centros privados tratarán de rebajar más sus condiciones de contratación. Y cuando los sindicatos de los profesores anuncian que los docentes van a sufrir también las consecuencias de estos cambios, la derecha los señala como un grupo de interés, que pone sus egoístas necesidades por encima de las de los estudiantes pobres a su cargo, especialmente de los negros, y así trata de desmontar sus reivindicaciones. Los profesores, a su vez, se defienden diciendo que ellos protestan sobre todo de la desigualdad del sistema educativo, pero la derecha consigue muchas veces pintar a estos sindicatos de profesores como a enemigos públicos.
Perdidos unos y otros en estos debates, el hecho más triste es que ningún gran partido político parece estar preparado para salir en ayuda de la educación pública, que ha sido un apoyo de la economía de los Estados Unidos. Los efectos económicos de la privatización, anuncia Perelman, no se sentirán imediatamente, pero, con el tiempo, cuando gran parte de los trabajadores sufran las desventajas de una educación inferior, los efectos negativos serán indiscutibles en todos los niveles de la sociedad.
Michael Perelman es profesor de economía en la California State Univesity, y el artículo reseñado forma parte de un libro suyo que está a punto de aparecer, titulado Fouling the Nest: How Right-Wing Extremism and Business Incompetence Destroy American Prosperity. Su principal preocupación respecto de la privatización de la educación no tendría que ver, por tanto, sólo con los principios éticos de la igualdad o de la justicia, o con una defensa del sistema público, que sostienen más explícitamente otros estudiosos de la situación de la educación en EE.UU. como Jonathan Kozol, por ejemplo, sino sobre todo con las consecuencias que esta privatización va a tener para la economía estaounidense.
Y éste es, precisamente, el punto nodal que conecta la situación que describe Perelman con la deriva que está teniendo en nuestro país el continuo flujo privatizador que tiene lugar, con el consiguiente deterioro de los centros públicos, a los que no se cuida con la debida firmeza en cuanto a optimizar sus posibilidades, conteniendo la situación de degradación que están padeciendo, y a la que venimos haciendo sobrada referencia en los números de nuestra revista.
Más allá de planteamientos básicos en cuanto a la necesidad de equidad, de tratamientos lógicos y justos de nuestro sistema educativo, está también el hecho de la economía: ésta no puede ir adelante con ciudadanos formados a medias, con escasos conocimientos, con poca o ninguna capacidad de voluntad, con una formación que, ya está bastante demostrado en foros nacinales e internacionales, deja bastante que desear. La privatización casi total, con un elemento público residual no arreglará nada: más bien nos dejará como un país disminuido.
María José NAVARRO