ESTRUCTURA JERÁRQUICA

La distribución geográfica de las diferencias sociales, alrededor de las grandes ciudades, ha facilitado el fraccionamiento del sistema educativo español en una jerarquía de centros que tienden a reproducir y ampliar estas diferencias. La estrecha correlación que hay entre nivel económico, nivel de estudios de los padres y expectativas educativas16 es la clave del éxito del mecanismo puesto en marcha por la Administración con el fin de adaptar la oferta educativa al mercado17. Un factor complementario, la movilidad del alumnado, permite completar y corregir esa adaptación. Para ello, las autoridades educativas aprovechan el que tanto las plazas escolares de los centros públicos como las de los privados-concertados se consideren de oferta pública, para aplicar una política que desarrolla varios aspectos complementarios:

- Diferentes criterios de escolarización para centros públicos y privados:

            En los centros públicos, tienen preferencia las familias con nivel de renta más bajo. Este criterio de discriminación positiva (que asegura la escolarización de los hijos de familias con menores ingresos y que no se aplica en los centros privados-concertados) actúa como factor de concentración del alumnado con menos expectativas, y, como consecuencia, provoca la disminución del nivel de conocimientos de los alumnos de estos centros, lo que tiende a alejar de los mismos a los alumnos con mayor nivel económico y mejores expectativas.

            En la red pública, la localización de la vivienda determina el centro de escolarización, factor que no cuenta en la privada, donde los alumnos pueden (pagando) desplazarse libremente. La movilidad funciona, obviamente, como un factor de selección económica.

            Estos dos criterios se aplican rígidamente en los centros públicos, pero no en los privados, que, además, disponen de otros mecanismos legales complementarios (idearios, proyectos o especialización de centros) que les permiten seleccionar a su alumnado por criterios que terminan siendo económicos. Como consecuencia, se tiende a una división económica de la población escolar.

- La política de reparto del alumnado seguida por las autoridades educativas:

            La Administración, a través de sus delegaciones territoriales, reparte las plazas escolares (de oferta pública) entre centros públicos y privados-concertados, ajustándose a la demanda de crecimiento de la red privada, de modo que el número de plazas en los centros públicos disminuye continuamente, mientras que aumenta en los privados.

            Este reparto es, además, cualitativo, tanto entre centros privados y públicos (selección económica practicada por los primeros), como dentro de la red pública (selección económica determinada por la zona de residencia), jerarquizando los centros según las expectativas de resultados "asignados" al nivel de renta.

- La rigidez en la aplicación de criterios pseudopedagógicos:

            La LOGSE dio prioridad a la escolarización según la edad frente a la escolarización por niveles de conocimientos, lo que se justificó en criterios pedagógicos que consideran que los alumnos maduran más adecuadamente entre los de su misma edad. Este criterio se ha aplicado rígidamente en los centros públicos, provocando, con frecuencia, desfases irreversibles en los alumnos con bajo nivel, lo que les impide, en la práctica, continuar sus estudios. La misma rigidez se ha aplicado a los alumnos inmigrantes, independientemente de su nivel de conocimiento del castellano, lo que, en un gran número de casos, ha conducido a una escolarización absolutamente inútil de los mismos.

            La extensión de la comprensividad a los 16 años (LOGSE, 1990) se acompañó de la imposición, desigual en cada tipo de centro, de una metodología pedagógica hiperburocratizada (conocida como "pedagogía LOGSE") que anticipó y justificó una caída de niveles. Esta imposición, como es lógico, no afectó de la misma manera a todos los centros. Por una parte, la autonomía de los centros privados les permite evitar a sus alumnos los efectos más negativos. Por otra, las autoridades educativas la aplican de forma desigual en los distintos centros públicos. Como resultado, se ha producido una caída desigual del nivel de conocimientos del alumnado, que reproduce y amplifica el de los resultados en cuanto titulación (los alumnos de los centros con mayor índice de fracaso escolar tienen, en general, un nivel más bajo de conocimientos, y viceversa).

- La gestión de la "integración" social y de alumnos con dificultades (físicas o psíquicas):

            Se da un doble y contradictorio proceso. Por una parte, la Administración impone una integración maximalista: la misma escolarización para todos, incluyendo alumnos con deficiencias graves. Por otra parte, el pretexto del respeto a las diferencias sirve para realizar una discriminación "positiva" a nivel de centro que, al no ir acompañada de la inversión necesaria, lleva a un trato desigual de las desigualdades que no sólo no las disminuye, sino que las amplifica. Varios problemas aparecen como consecuencia:

- Esta forma de integración ha permitido la desaparición de muchas plazas especializadas; incluso, la desaparición de centros educativos completos, dedicados al tratamiento especializado, más costoso, de los alumnos con deficiencias graves.

- La selección negativa de alumnos que realiza la privada (tanto de los que pueden deteriorar su imagen social -emigrantes, minorias desfavorecidas, adolescentes conflictivos, etc.- como de los que, por sus características físicas o psíquicas, necesitan mayor atención y de los que se esperan pobres resultados) conduce a su concentración en los centros públicos.

- La falta de los medios necesarios se compensa, por parte de la Administración, con una defensa del derecho a las diferencias que permite transformar la supuesta discriminación positiva (dar más al que tiene menos) en negativa (dar diferente al que es distinto).

- Ese trato desigual tiene como consecuencia un aumento de las desigualdades (se les da menos porque sus expectativas son menores). El problema del idioma de los alumnos emigrantes se "soluciona" (en el mejor de los casos) con programas de seis meses cuyos objetivos declarados no son capacitarlos para continuar sus estudios, sino el que "puedan relacionarse" con sus compañeros.

             La LOCE plantea para estos alumnos, cuando por su nivel de conocimientos (y dominio del idioma) no puedan acceder a la escolarización que les corresponde por su edad, una escolarización diferente, dirigida a su integración inmediata en el mercado de trabajo, transformándolos a los 16 años en mano de obra barata.

- La concentración de estos problemas en los centros públicos, aumenta el carácter asistencial de éstos y ahuyenta de ellos a los alumnos que económicamente pueden hacerlo.

- Esa concentración está en la base de una naciente xenofobia (realmente habría que hablar de aporofobia, odio al pobre), que atribuye el deterioro del sistema público a este tipo de alumnado. Se confunde, así, la causa del deterioro de los centros públicos (selección económica en los privados) con su efecto (concentración de los alumnos con más problemas y menos expectativas en los públicos).

Colectivo Baltasar Gracián

Volver a índice Nº 3