EDITORIAL
¿EN QUÉ HA QUEDADO LA LOE?
En
pocas ocasiones como hoy, el tema de la enseñanza en general y de las reformas
que le atañen han ocupado tanta atención de personas,
colectivos y medios de comunicación. Al mismo tiempo, también es necesario
señalar que, tal vez, la profusión de entrevistas, encuentros, debates y tinta
derramada nunca fue más vana de contenidos. Un periodista "especializado" que
intervenía en uno de esos debates televisivos de gran
audiencia, confesaba la general ignorancia sobre los entresijos de la educación
y lo que realmente acontece en el día a día de los
centros. La frivolidad del tratamiento, el cinismo de las
palabras y la artificiosa utilización de los problemas educativos para el simple
enfrentamiento político, han sustituido el mínimo rigor que un asunto de esta
índole exige. Por eso, aparte de una exacerbación sin precedentes de las
diferencias (bastante nimias, en el fondo) y descalificaciones del más grueso
calibre, lo que ha llegado al común de los ciudadanos difícilmente podrá
llevarles a una mayor clarificación, tanto sobre el alcance de las alternativas
propuestas como de los verdaderos intereses en juego.
Por nuestra parte, debemos, como mínimo, dar una explicación por la tardanza en dar salida al número 10 de Crisis 2005, que de ningún modo significa inhibición o distancia con el debate presente. Toda una cadena de circunstancias personales ha impedido a buena parte de los miembros activos del Colectivo contribuir como lo han hecho anteriormente, al tiempo que nuestras limitaciones internas han imposibilitado la incorporación de savia nueva para ampliar, como sería conveniente, la propia capacidad de reflexión, análisis y discusión. Valga esta endeble justificación para lograr el anhelado "efecto llamada" y poder contar con la aportación valiosa de tantos otros colegas preocupados por los mismos asuntos. En todo caso, la publicación en la primera página de la web de artículos de opinión al hilo de la actualidad y la apertura de una nueva sección, "Espacio para el debate", con el fin de recoger diferentes posturas sobre temas controvertidos, pueden paliar hasta cierto punto los desajustes en la periodicidad deseada de los números de la revista.
Entrando ya en el tema que nos ocupa, con la LOE en la recta final del trámite parlamentario, la impresión contrastada con muchos compañeros de la enseñanza no puede ser más descorazonadora.
De partida, la reforma educativa alentada por el nuevo gobierno socialista no parecía apuntar demasiado alto, y, dado el tono cada vez más pálido de los sucesivos borradores, pocos entusiasmos deben quedar, si es que alguno había despertado. Aún contando con el aval formal de constituir uno de los puntos fundamentales incluidos en su programa electoral, se imponía la autolimitación presentando un proyecto de ley que, en palabras de los responsables ministeriales, "no quería molestar a nadie". La grandilocuencia de los principios y objetivos, en los que decía inspirarse la nueva reforma, no podía ocultar que, a la hora de las concreciones, se limitaba a suavizar los aspectos más contestados de la "popular" LOCE, con el propósito expreso de integrar "las mejores aportaciones" de todas las anteriores leyes educativas. Claro está que la bondad de dichas aportaciones depende inevitablemente del prisma bajo el que se las contemple y hacia dónde se pretenda llevar la educación. Desde luego, muy poco coincidentes con lo que desde estas páginas hemos venido defendiendo.
A día de hoy, podemos decir, sin malevolencia, que los cuidadosos retoques formales a la literatura recibida en herencia, de las anteriores reformas educativas, poco o nada van a cambiar el curso degenerativo de nuestro sistema público de educación. Proponérselo en serio exigía tomar decisiones de más hondo calado que, inevitablemente, debían abordar desde la fragmentación actual del sistema, la existencia determinante de redes diferenciadas y su financiación, hasta la estructura misma de los niveles y currículos educativos configurados desde la LOGSE, que, a fin de cuentas, ningún gobierno ha querido tocar posteriormente.
Desde sectores muy diversos, a los que se ha unido una insistente presión mediática, se ha puesto en primer plano la necesidad de lograr un "pacto educativo", para evitar la inestabilidad, que todos dicen lamentar, de un sistema educativo sometido al capricho reformador del gobierno de turno. En el artículo de portada en la web entramos en un análisis más pormenorizado de la presunta inestabilidad y de los contenidos cristalizados en los acuerdos "de hecho". Cualesquiera que sean los avales con que salga finalmente la LOE del parlamento, esa presión inducida por los sectores más reaccionarios ha terminado por lograr el resultado pretendido. Bajo el señuelo del "pacto", la progresiva dilución de los contenidos, la discusión formal de palabras y matices, incluso el griterío en la calle y los aspavientos en las mesas de negociación, han servido efectivamente para rebajar aún más las presuntas intenciones progresistas del gobierno y hacer palmaria su claudicación ante los intereses privados afincados en la educación que, una vez más, consiguen prevalecer sobre las exigencias democráticas de la ciudadanía.
Esta ley puede que, guardando las previsibles reticencias, termine siendo aceptada por buena parte de la derecha, porque no le parece mal recoger lo cosechado, tiempo habrá para adelantar nuevos peones, y porque, siendo serios, poco o nada se aparta del camino que conviene a sus intereses. Sin embargo, de ningún modo podemos hacerla nuestra quienes mantenemos un firme compromiso con la defensa de la escuela pública y laica, con el derecho democrático a una educación de calidad, con la exigencia de medidas urgentes para resolver y no disimular el fracaso escolar, con la salvaguarda de un servicio de titularidad y control públicos para garantizar por igual a todos los ciudadanos su desarrollo personal y el acceso a la formación, derechos elementales negados por la ley del mercado que la LOE preserva y alienta.
Lamentablemente, ante la descarada ofensiva de la derecha y la reacción clerical, la mayoría de las fuerzas que se dicen de izquierdas han terminado por respaldar, "como mal menor", una ley con la que nadie reconoce estar contento. Cuatro migajas firmadas con el Ministerio han servido como coartada para una vergonzosa claudicación. Las actitudes defensistas y la renuncia a principios democráticos, lejos de frenar a las fuerzas conservadoras, les dan alas para nuevas osadías. Al mismo tiempo, inducen a la confusión y desmovilización entre amplios sectores de la población, incluidos los profesionales de la enseñanza, que creían llegado el momento para una reforma más ambiciosa. Otra ley muy distinta sería posible si las fuerzas políticas y sindicales, que ostentan la representación de la mayoría, pusieran su empeño en una dirección contraria a la observada, llamando a la movilización de esa multitud de ciudadanos cuyo porvenir depende, entre otras cosas, de tener acceso a una enseñanza pública y enteramente gratuita en iguales condiciones de calidad.
Tratando de contribuir a la clarificación imprescindible para delimitar las posiciones enfrentadas en el terreno de la educación, se propuso hace tiempo elaborar los contenidos del presente número de Crisis en torno al controvertido tema de la comprensividad, en cuyo nombre se ha querido justificar todo tipo de dislates conducentes a la degradación de la enseñanza "para todos". Sin dejar de hacernos eco de los acontecimientos más recientes, los diversos artículos que finalmente se recogen mantienen la referencia común a los tópicos que, bajo barniz "progresista", han contribuido al desarme ideológico que acompaña inseparablemente a las políticas de cesión y claudicación ante los planteamientos de la derecha. Recuperamos un excelente análisis retrospectivo sobre los males estructurales mantenidos y teorizados con las leyes socialistas (sistema dual, cambio de funciones de la escuela, "errores" pedagógicos,...). En otro artículo, queda claro que, además de verse prolongados esos nefastos resultados con los gobiernos "populares", cuando éstos tienen ocasión de tomar sus propias iniciativas "rectificadoras" (como en el caso de la Comunidad de Madrid), invariablemente acaban por hundir aún más a la escuela pública. Se inicia la reflexión sobre el papel histórico que ha cumplido la perversa utilización del concepto de comprensividad, así como su aberrante aplicación diferenciada para quienes sí deben formarse y adquirir conocimientos y para aquellos otros que deben conformarse con una "educación para la vida". Por último, se incluyen dos reseñas de libros: uno de muy reciente publicación, que retoma posiciones de aparente radicalidad en la crítica a la escuela "burguesa", para olvidarse de lo que de conquista tiene para la clase trabajadora; otro es reedición de un clásico que, curiosamente, trae a colación temas educativos de claro entronque con la actualidad.