LAS PRUEBAS DE NIVEL Y LOS MANEJOS DEL CONSEJERO PERAL
José Luis GARCÍA SIGUERO
Desde hace muchos años viene siendo habitual el hablar de la mala calidad de la educación que proporciona el sistema educativo español. El tema de la bajada de nivel de los conocimientos de los alumnos fue, ya desde los años inmediatos a la implantación de la LOGSE, un tema recurrente en las conversaciones entre profesores, y, más adelante, ha pasado a ser el tema dominante en todo tipo de convenciones y congresos convocados por los organismos oficiales, sindicatos y organizaciones de enseñantes y personal dedicado a lo pedagógico. Sin embargo, la situación no ha dejado de deteriorarse progresiva y aceleradamente; además, es éste un proceso que algunos tienden a presentar como inevitable, dado que se viene produciendo en casi todos los países, y, especialmente, en los de nuestro modelo económico y social. Pero, en este mundo, lo único inevitable es aquello que las leyes de la física y el inexorable principio de causalidad establecen como tal, y no atañe en absoluto a aquellos asuntos que son producto de la organización política de una sociedad, pues estos dependen de la libertad y del principio de autodeterminación. Es en este ámbito, en lo político, donde pretendo que se contextualice el análisis que a continuación voy a hacer, pues, a mi juicio, el deterioro de la calidad de la enseñanza es la consecuencia de las decisiones de ciertos organismos supranacionales que presentan sus intereses como naturales inevitables, y, por tanto, la consecución de los fines establecidos por ellos como altamente deseables. Los dueños del mundo decidieron hace ya muchos años que, en el futuro, el gran negocio radicaría en la privatización de algunos servicios públicos, tales como la atención médica, la educación, la seguridad ciudadana, etc. Hasta ahora estas funciones, en mayor o menor grado, las cumplían los Estados, ahora se trata de sacar de este ámbito administrativo aquellas partes de estos servicios que pudieran ser rentables para "la iniciativa privada". En esta tarea privatizadora están enfrascados todos los gobiernos de los países de nuestro entorno, aquellos que, sin embargo, dicen defender una sociedad del bienestar.
El actual proyecto de ley sobre educación (LOE), que se está discutiendo en el Parlamento Español, no se plantea el afrontar el mayor problema que está desestructurando nuestro sistema público educativo, a saber, la situación de desventaja en que éste se encuentra frente a la enseñanza privada concertada y que se debe, fundamentalmente, a tener que cumplir multitud de funciones que no son propiamente educacionales. Los centros privados concertados acotan mejor sus funciones; seleccionando, además, al sector de población que los pueblan y captando recursos mediante métodos que bordean la legalidad. Frente a este estado de cosas, la escuela pública se ve obligada a atender a un sector de la población que busca cosas muy diferentes en ella, unos alumnos quieren llegar a la Universidad, otros obtener un título que les permita acceder al mercado laboral lo más rápidamente posible, y los hay incluso que acuden a nuestras aulas con la sola pretensión de cumplir con la legalidad vigente que impone la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Cuando en un mismo espacio físico se encuentran personas con tan diferentes objetivos es muy difícil el poder desarrollar una actividad productiva y ordenada; si a esto le añadimos que estos objetivos que se plantea cada alumno están en consonancia con su procedencia social, y que ello conlleva diferentes tipos de comportamiento, tenemos ya explicitados los principales ingredientes que explican el porqué muchos padres optan por buscar para sus hijos centros concertados en los que la homogeneidad del alumnado pueda ser mayor. Cuando desde el Partido Popular (y otros partidos con posibilidad de gobierno) se habla del derecho que asiste a los padres de elegir centro educativo para sus hijos, hacen hincapié en presuntos motivos ideológicos y soslayan que el autentico motivo es esta situación tan palmaria. En realidad, lo que quieren estos partidos políticos es lo contrario, es decir, desean eliminar la libertad de que los padres puedan elegir centro educativo para sus hijos y que se vean impelidos a optar por centros concertados; buscan, en definitiva, eliminar a la escuela pública como una de las posibles opciones educativas; es decir, buscan que la escuela pública pierda su función primordial y se quede para cumplir funciones asistenciales, esas que, según señalábamos al principio, ahora nos están siendo adjudicadas progresivamente y para las que no tenemos fácil respuesta por falta de medios y de personal especializado.
Es éste el contexto que puede hacer comprensible la secuencia de acontecimientos que, desde el pasado mes de mayo, ha tenido lugar en Madrid, relacionados con la prueba de nivel que la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma convocó para todos los alumnos de 6º de primaria y por la que se pretendía diagnosticar el grado de conocimientos que estos alumnos tenían en matemáticas y en aspectos relacionados con el dominio de la lengua escrita (o, al menos, eso se decía). La prueba consistió en dos exámenes de 45 minutos cada uno, en los que hubo que, en el primero, responder a cinco preguntas relacionadas con un texto que se había dictado previamente y otras cinco preguntas que versaban sobre cultura general, y en el segundo, resolver cinco problemas de matemáticas y algunos ejercicios de cálculo.
La convocatoria de la prueba "pilló" por sorpresa a la comunidad educativa: nunca se había hecho antes nada semejante, era una actividad de la que no había antecedentes y, además, no se enmarcaba en ningún programa general de evaluación del sistema educativo. Las protestas llegadas desde sectores sindicales y de asociaciones de padres de alumnos fueron desoídas y el examen se realizó con cierto grado de normalidad, pues algunos grupos que intentaron organizar acciones de resistencia a la realización de dicha prueba, no tuvieron los resultados deseados. El colmo del desafuero se produjo unos meses más tarde (en octubre), cuando desde la Consejería de Educación se publicaron los resultados, después de que Luis Peral, su máximo responsable, se hubiese comprometido (en el mes de mayo) pública, explícita y reiteradamente a no hacerlo. Para un buen análisis de este asunto remitimos al artículo "Evaluadores deshonestos" de Amelia Carrillo y Félix García Moriyón, publicado en el periódico Escuela (Nº 3684, 10 de noviembre del 2005). Los argumentos y opiniones que allí se exponen son todos acertados e irrebatibles.
Aquí pretendemos añadir algunos contenidos que, a nuestro juicio, contextualizan con mayor completud la inaudita decisión de las actuales autoridades de dar publicidad a los datos.
Por las mismas fechas en que se anunció la intención de realizar dicha
prueba, llegó a algunos institutos de secundaria la propuesta de la Consejería
de Educación para que, aquellos centros que lo solicitasen, se pudieran acoger a
un "plan de mejora". El documento que contenía la propuesta era digno de verse,
dos folios de maquetación precaria, con dudosa calidad en la expresión de
algunos párrafos, redactados, sin duda, precipitadamente, y donde apenas se
podía adivinar de qué tipo de propuesta se trataba y qué se proponía: era, valga
la expresión, "un papelajo impresentable". A los pocos días, la Ministra de
Educación informó ante la prensa de unos planes de mejora en los que sí se
podían conocer las líneas generales de un programa de mejora para los centros
situados en zonas desfavorecidas, y con mayores necesidades educativas, para
atender dignamente a los sectores de población que allí se matriculan. Los
centros educativos que habían sido invitados a apuntarse al proyecto de mejora
por la Consejería de Madrid tomaron la decisión de hacerlo o no, considerando la
propuesta de la Consejería, no a
partir del "documento" enviado por ésta, sino a partir de los recortes de
periódicos en los que se exponían las principales ideas de lo dicho por
Sansegundo, suponiendo que se trataba más o menos de lo mismo; al fin y al cabo,
del folio y medio enviado por Peral no se podía sacar nada en claro y muchos
empezamos a sospechar que fue concebido para pisar en el terreno mediático al
ministerio del PSOE. Si a lo anterior se añadía que el anteproyecto de ley (LOE)
elaborado por el actual gobierno de Rodríguez Zapatero también propone hacer
algunas pruebas de nivel para diagnosticar los problemas educativos, a muchos
nos quedaba patente que la actuación de Luis Peral no estaba pensada para
mejorar la educación madrileña, sino para desgastar al gobierno y luchar
políticamente por la victoria en unas próximas elecciones, utilizando a la
Comunidad de Madrid como un medio para alcanzar sus objetivos (valdría la pena
recordar, para calibrar lo que le interesa a Luis Peral
la educación, que desde la Comunidad Autónoma de Madrid no se hizo ninguna
contribución ante el debate abierto por el Ministerio a partir del texto
titulado "una educación para todos y entre todos").
La precipitación de las dos propuestas educativas del mes de mayo de la Consejería de Madrid fue tal que no se pudo ni disimular el azoramiento. Los directores que acudieron con posterioridad a las reuniones para ver en qué se concretaba el asunto del "plan de mejora"sufrieron (y siguen sufriendo) reuniones sin contenido, en los que son ellos mismos los que ven cómo sus propuestas van dando "miga" al plan, que no saben hacia donde van porque no hay ningún tipo de dirección, pero que soportan los trámites porque, al final, esperan que eso se traduzca en alguna concesión monetaria que ayude a mejorar alguna de sus instalaciones y/o que se les concedan algunos profesores, tan necesarios para atender a la multitud de funciones dudosamente educativas con las que se ha sobrecargado a nuestra institución en los últimos años.
El actual Consejero de Educación, D. Luis Peral, ha maltratado al sistema educativo madrileño año tras año. Hace no mucho se jactaba de haber mejorado los presupuestos más que el año anterior y, acto seguido, daba cifras en las que se dejaba patente que en torno al 70% del aumento se dirigía a aumentar las concertaciones. De los altos cargos dependientes de él han salido frases dolorosas para los que queremos que la educación llegue a todas las clases sociales, tales como la reivindicación del "derecho a la ignorancia", o argumentos capciosos en los que se dice que, por ejemplo, la enseñanza concertada sale más barata que la pública.
Si algo caracteriza a los gobernantes del Partido Popular, presentes o pasados, ha sido el diseñar planes acelerados de privatización del sector público de enseñanza, y si algo caracteriza a los cargos del PSOE es que hacen lo mismo con menor precipitación o, en el mejor de los casos, no se oponen a este "destino trágico".
Los argumentos que se han dado contra la publicación de los resultados de la citada prueba de nivel, desde sectores de la izquierda políticamente correcta, sólo han producido confusión: no se dejaban claros los presupuestos políticos desde los que se hacían, y no se hacía explícito si estaban contra la publicación de datos en general o sólo contra éstos en concreto; en fin, se ocultaba calculadamente la propuesta clara de cuál sería, a juicio de los críticos políticamente correctos, un buen modo de diagnosticar los fallos del sistema educativo.
Desde el Colectivo Baltasar Gracián siempre hemos reivindicado que se realicen pruebas de nivel, objetivas, tanto de valor meramente diagnóstico como con efectos académicos, pues creemos que son necesarias tanto para mantener la calidad de la enseñanza como para que el Estado recupere la función homologadora que nunca debió perder. No estamos, pues, en contra de que se hagan pruebas objetivas para todo el alumnado, pero lo que se realizó en Madrid a finales del curso pasado nada tiene que ver con esto: D. Luis Peral no tiene ninguna intención de mejorar la calidad de la enseñanza en los centros públicos y, por eso, no necesita hacer ninguna prueba evaluadora -recordemos que recientemente se ha negado a que Madrid sea tomada como punto de análisis especial para realizar el próximo informe PISA, algo que vendría muy bien si quisiera hacer lo que dice querer hacer-. No puede ser una prueba evaluadora un examen desgajado de todo proyecto evaluativo, sin el menor atisbo de sistematicidad en su planteamiento y al que se le encuentra utilidad "a posteriori". Detengámonos un poco en esta última afirmación y observemos, a este respecto, que la ligazón entre los resultados del examen y el plan de mejora de centros con necesidades especiales fue una idea del mes de octubre de Luis Peral, quien la utilizó como único argumento académico para justificar la publicación de los resultados en contra de la palabra dada. La prueba de nuestra afirmación se basa en que, como hemos dicho, la decisión de afiliarse al "plan de mejora" fue tomada por los centros el pasado mes de junio, un plan que está previsto que se desarrolle a lo largo de 4 años. Que D. Luis Peral justifique así (a posteriori) la defensa de la publicación de los resultados deja bien claro que falta vergüenza a la hora de usar sistemáticamente la mentira como herramienta política. En las mismas fechas (octubre), mintieron sobre la publicación de unos resultados y sobre la justificación de los planes de ayuda a centros desfavorecidos.
El otro argumento fue de corte partidista e inmoral, pues Peral alegó que desde el PSOE se habían puesto muy pesaditos con eso de querer conocer los resultados y que, antes de dárselos a ellos exclusivamente, mejor publicarlos, pues, estaba claro, a juicio del Consejero, que esta gente los habría aireado a la menor ocasión; "pues para eso lo hago yo", debió pensar el ilustre.
Un comportamiento tan inaudito como el de Luis Peral no nos sentimos capaces de juzgarlo sólo en términos políticos. En este momento, el hacer juicios de intenciones nos resulta inevitable, e inevitable y recurrentemente nos viene a la cabeza la idea de que la publicación de los datos era una idea premeditada: ocultada, por un lado, a los técnicos que la diseñaron para no humillarlos en su trabajo y, por otro, a la oposición política para acallar en alguna medida sus protestas. Muy probablemente, los responsables de mejorar el servicio público de enseñanza querían en realidad hundirlo con unos resultados en los que, como se sabía por anticipado, la enseñanza concertada obtendría mejores resultados que los centros públicos. Si de algo nos tenemos que congratular es de que, en alguna medida, el tiro les haya salido por la culata.
No nos gustaría terminar este escrito sin resaltar que, como corolario de los resultados, no faltó quien firmase la opinión de que todo el desastre educativo es culpa de los profesores, que están anticuados, que han de cambiar sus métodos de enseñanza, que han de reciclarse y, en fin, que están anclados en el pasado y además tienen muchas vacaciones.