LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO INGLÉS
Mª Ángeles LÁZARO
La OCDE afirma que la educación es una parte integral de la globalización neoliberal, además de ser afectada por su impacto. El mundo de los negocios, como responsable fundamental del actual sistema económico, ha diseñado un programa global para el sistema escolar, cuyo objetivo esencial es la preparación de trabajadores a la carta. Ese programa es promovido por la propia OCDE, el Banco Mundial y la Unión Europea.
La Unión Europea y su Tratado Constitucional manifiestan que la educación es responsabilidad de los gobiernos nacionales y que no hay una política de armonización. Sin embargo, esas afirmaciones se contradicen con el fuerte proceso de convergencia propiciado por la propia UE, que se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000. Allí quedó claro que el objetivo principal de su política educativa era la producción de capital humano para una economía competitiva. Además, los diferentes países que la forman tienen el compromiso de cooperar estableciendo objetivos educativos cuantificables, indicadores para calcular el progreso de los alumnos; realizando evaluaciones comparativas, creando puntos de referencia e intercambiando experiencias.
El país europeo donde el programa neoliberal está más avanzado es Inglaterra. Utilizando como base los cambios producidos en la época de Margaret Thatcher, el gobierno de Anthony Blair, no sólo ha intensificado el liberalismo, sino que tiene vocación de hacer de su país una palanca del neoliberalismo europeo.
En este contexto, el conocimiento del sistema educativo inglés tiene interés para todos los países de la Unión y, naturalmente, también para EspañaNos basamos, para el análisis, en las numerosas publicaciones de Richard Hatcher [1], Director de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la University of Central England de Birmingham.
Nos referimos, en primer lugar, al programa escolar. La economía actual necesita una plantilla laboral muy estratificada: una minoría muy cualificada académicamente y una mayoría adaptada a una formación profesional flexible y desregularizada, que demandan los empresarios. El Libro Blanco de los Alumnos de 14-19 años, publicado por el gobierno británico el pasado mes de febrero, establece dos itinerarios en el sistema educativo. A partir de los 14 años, mientras que algunos seguirán preparándose para acceder al Bachillerato y lograr la titulación, un gran número de jóvenes empezará una formación profesional con un currículo que comprende inglés, matemáticas, ciencias, educación cívica y sexual, religión y formación sobre el mundo del trabajo y la empresa. Se abandona la educación común para todos, entendida como proyecto de formación humana, y se sustituye, para la mayoría, por lo que R. Hatcher llama "el equivalente de un salario mínimo nacional en el ámbito de la educación". Se justifica esa pobreza del currículo, sin lugar para las ciencias sociales, las humanidades, las lenguas modernas y las artes, por la necesidad de adaptación al mercado de trabajo en una sociedad moderna. El sistema económico requiere trabajadores flexibles, acomodables a una rápida evolución económica y sin conocimientos anticuados en la cabeza. Hay una segunda justificación también de naturaleza económica: una educación completa y de calidad para todos es, para el gobierno, ineficaz y cara.
Serán los empresarios también los que, según la ley, decidan las líneas de aprendizaje y los contenidos de los diplomas, ya que el sistema educativo será dirigido por un organismo estatal no elegido, el Consejo de Enseñanza y Especializaciones, controlado por los patronos, que podrán seleccionar a sus futuros empleados, mientras se están formando profesionalmente a cargo del dinero público.
La misma OCDE, por tanto con el beneplácito de los empresarios, recomienda un modelo eficaz de gestión y administración educativas, la llamada Nueva Gestión Pública, que consiste en importar un modelo de gestión y administración de negocio privado.
En Inglaterra se ha comenzado a implantar dicha fórmula. Ha operado descentralizando el sistema educativo y generando diversos tipos de centro. Los presupuestos, relacionados con el número de alumnos, han sido delegados a los centros, incluida la partida de salarios del personal. Se exalta la libre elección de centro por los padres, que ahora tienen en el mercado una gran variedad de productos para elegir, como un gran triunfo de la democracia.
La diversidad de los centros, geográfica, social y presupuestaria, se completa con una diferenciación en la oferta educativa dentro del sistema escolar. Los colegios se especializan en una materia, además de impartir el programa nacional. Existe, por otra parte, una diferencia entre centros públicos normales y centros públicos afiliados a la Iglesia. Entre las razones que se detectan para esa diversificación, están la respuesta a la necesidad económica de una plantilla laboral diferenciada y estratificada, y el intento gubernamental de abaratar la enseñanza que, igual para todos, sería inútilmente cara. Sin embargo, las justificaciones son otras: las aptitudes diferentes de los alumnos, la libertad de las familias para escoger escuela, crear un sistema más innovador y eficaz. Todo ello habría de redundar, supuestamente, en una ampliación de la democracia.
La diversidad opera también en el interior de cada escuela, donde es normal agrupar a los alumnos por nivel de capacidad, pretendiendo extenderse ese proceso incluso a los niveles elementales, y la creación de programas especiales para el 5 o 10% de alumnos "especialmente dotados".
El proceso de diversificación de centros está generando una competencia mercantil entre ellos, que va acompañada de un mantenimiento, cuando no un aumento, de las discriminaciones sociales y geográficas.
Pero, para alcanzar plenamente los objetivos liberales, la descentralización, la diversidad, la autonomía y la competencia de los centros, el Estado gendarme crea nuevas formas de regulación centralizadoras: se impone un rígido programa de estudios a nivel nacional; se fijan los objetivos de rendimiento de los alumnos; se establecen frecuentes pruebas nacionales, con publicación de los resultados; se crea una inspección punitiva de los centros (Oficina de Niveles de Educación); se establecen premios para las escuelas con éxito y sanciones para las que fracasan, pudiendo llegar al cierre de las mismas.
También la regulación del trabajo de los profesores es central. El director del centro, enlace entre la política del gobierno y los resultados de la escuela, ha aumentado su poder: es el jefe de la empresa educativa. El cuerpo de profesores se jerarquiza, al mismo tiempo que se intensifica su trabajo y se fijan los objetivos que tiene que conseguir en el rendimiento de los alumnos. Se ve sometido a un aumento de las inspecciones y su remuneración se determina en relación a los resultados de sus escolares. Para formar y reciclar a estos nuevos profesores se ha creado la Agencia para la Formación de Docentes, de ámbito estatal.
Por último, el laborismo ha promovido ampliamente la privatización como medio de reducir los gastos del Estado. La argumentación utilizada es que la competencia entre proveedores puede abaratar los costes y hacer al sistema educativo más innovador y eficiente, ayudando además a superar la resistencia conservadora y burocrática de profesores y Autoridades Educativas Locales (LEA). Las LEA son departamentos encargados de la educación en las colectividades locales, que solían proveer de servicios a los centros: cantinas, limpieza, comedores escolares, mantenimiento de edificios, construcción y renovación de escuelas, provisión de profesores suplentes y otros servicios de apoyo educativo. Dichas LEA se han visto forzadas por ley a transferir sus fondos a las escuelas, y la prestación de sus servicios se ha privatizado totalmente o en parte. Bajo el Plan de Financiación Privada del gobierno, empresas educativas subvencionan las nuevas construcciones, sustituyendo a la subvención estatal, que recibían las LEA, que tienen la obligación, no obstante, de devolver el préstamo a plazos. Mientras dura la deuda, la empresa es propietaria de los locales de la escuela; la gestiona y la dirige, y contrata al personal no docente.
La contratación privada se ha extendido
también a los servicios de inspecciones escolares, administración del salario de los
profesores, preparación de profesores, al mismo tiempo que la Ley de Educación de 2002
fomenta la gestión privada de las
escuelas.
Con todo, la privatización no ha atraído demasiado por ahora a las empresas, porque los beneficios son escasos y sigue existiendo algún riesgo de oposición pública. El interés de los negocios de la educación se ha centrado fundamentalmente en la enseñanza postobligatoria, los sistemas de enseñanza a distancia o la creación de universidades en el extranjero. El gobierno laborista ha hecho también hincapié en el desarrollo de una industria educativa británica, capaz de competir en la futura economía global de servicios neoliberal, tal vez anticipándose a las intenciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio sobre privatización de servicios sociales.
Hasta ahora, la forma mayoritaria de participación de las empresas en los centros educativos es el patrocinio sin beneficio, sobre todo, en los centros especializados, que deben de hallar un patrocinio externo de 71.000 euros para lograr ese status.
Otra forma de patrocinio se ejerce en las Academias, colegios públicos gestionados por patrocinadores privados. El patrocinador pone el 20% del capital del centro y el Estado el 60% restante. La propiedad del solar y los edificios pasa a la Academia, lo que constituye un buen negocio para la empresa patrocinadora, que nombra además a la mayoría del consejo directivo, y controla al centro y a sus docentes.
Los mecenas son grandes empresarios, que obtienen diversas recompensas: promoción de sus empresas, logro de influencia política o transmisión de valores empresariales al mundo educativo. Se podría además elucubrar sobre si no se estará creando una nueva forma de avance hacia la privatización de la escuela pública.
El gobierno alaba el sistema de patrocinio como una forma eficaz de modernizar, en sentido empresarial, la enseñanza.
Por último, la mencionada Ley del 2002 permite y fomenta que las propias escuelas públicas funcionen como compañías comerciales, vendiendo sus servicios a otras.
R. Hatcher analiza también las consecuencias que la evolución mercantilizadora de la educación está teniendo en el sistema escolar inglés. Los itinerarios, la descentralización, la diversidad de los centros y la competencia entre ellos están reforzando las desigualdades sociales y geográficas de los estudiantes Los jóvenes de las clases menos favorecidas pierden la batalla de la competencia cultural, económica y emancipadora frente a las clases medias y altas. La correlación "privatización igual a eficiencia" no se ha cumplido, y, con frecuencia, la educación con ánimo de lucro, lejos de mejorarla, ha contribuido al deterioro del funcionamiento y las condiciones de las escuelas. Ha resultado, además, más cara para las LEA, puesto que antes tenían que devolver sus préstamos al Estado, pero ahora las subvenciones privadas se incrementan con honorarios de asesores y beneficios de las compañías.
El sistema tampoco se ha vuelto más democrático, ya que las compañías privadas no están obligadas por ley a la transparencia y, con frecuencia, ocultan su actuación bajo el argumento del secreto profesional. La capacidad de control social de los ciudadanos se reduce y el tráfico de influencias aumenta. Está emergiendo un complejo educativo corporativo-gubernamental inmume a la influencia de popular.
Las compañías privadas carecen, frecuentemente, de experiencia educativa, y la compran en el sistema público, contratando a ex-empleados de LEA y escuelas, para luego venderla con beneficio.
A pesar de todo esto, el nivel de resistencia social en Inglaterra es bajo. Los sindicatos docentes no actúan. Los profesores sueñan con dejar de serlo. Además, el gobierno se permite el lujo de anticiparse a la resistencia posible del profesorado, ideando mecanismos de dirección y gestión compartidos entre los miembros de las escuelas, para lograr una mayor apariencia de democracia y garantizarse su sumisión.
[1] De Richard Hatcher ya hemos publicado un análisis de la mercantilización del sistema escolar inglés ("Privatización y sistema escolar en Inglaterra", Crisis, 5 (febrero 2004), 17-25). Hatcher es un activo militante contra el neoliberalismo en la educación; ha participado en el Foro Mundial por la Educación de Porto Alegre, y trabaja para la formación de una red europea en defensa de la educación pública y contra la mercantilización educativa. Hace unas semanas vino a Madrid y tuvimos ocasión de charlar con él, largo y tendido, acerca de la acelerada destrucción de la enseñanza pública en la Unión Europea, y del aumento consiguiente de la desigualdad educativa y la fragmentación social.