EDITORIAL
ENTREVISTA CON EL MEC
Como informábamos en el editorial del número anterior, enviamos el documento "Recuperar la enseñanza pública es posible" a distintas instituciones y organismos relacionados con el mundo educativo, y, entre ellos, al Ministerio de Educación. Dos meses después, un asesor de la Secretaría de Estado nos respondió agradeciendo nuestra colaboración y emplazándonos para una reunión, que tuvo lugar el pasado día 18 de enero en Madrid.
En esa reunión, los representantes de las tres agrupaciones firmantes pudimos exponer con cierto detenimiento nuestras opiniones sobre el documento del MEC, Una educación de calidad para todos y entre todos. Allí fuimos informados de que era intención del Ministerio recibir a todas las agrupaciones que se hubieran dirigido a ellos, para conocer todas las opiniones que el mencionado texto suscitaba, y que éste era el marco en el que se encuadraba nuestra entrevista. Asimismo, se nos dijo que altos cargos del Ministerio se habían prodigado en conferencias y reuniones por todo el ámbito territorial español, para así ser accesibles a los distintos sectores sociales implicados en la enseñanza. También afirmaron que consideraban que el foro abierto en Internet era una buena herramienta para conocer las más diversas ideas de todo aquel que las quisiera publicar, que sólo se habían censurado documentos ofensivos, y que ninguna opinión se había visto recortada o eliminada; esto, a su juicio, mostraba a las claras la voluntad de conocer las opiniones de toda índole por parte de los responsables de la nueva reforma. Los representantes del Ministerio que nos recibieron manifestaron con rotundidad que esta reforma tendría muy en cuenta las opiniones del profesorado, pues tenían clara conciencia de que el éxito de la nueva ley dependía sobremanera de que diera satisfacción a las demandas de este sector del entramado educativo.
Sin embargo, los representantes de las tres organizaciones echábamos en falta algún mecanismo eficaz de consulta a los profesores; a nuestro juicio, era en los claustros, y no en charlas más o menos formales, o en Internet, donde se tenía que haber consultado al profesorado. Mecanismos para realizar la consulta en los claustros se podían haber creado. El hecho aducido por el Ministerio de que ya no tiene relación directa con los centros educativos, dado que las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de educación se han completado, nos parece una excusa más que una objeción, ni siquiera han encontrado el modo de hacer llegar a cada profesor un ejemplar del texto que nos ocupa, salvo en Ceuta y Melilla, que dependen directamente del MEC. A nuestro juicio, los resultados de las discusiones en los claustros podrían haber sido objetivables, en alguna medida, si se hubiese establecido algún tipo de mecanismo pensado para ese fin, aunque éste hubiera sido abierto en sus planteamientos. Los medios desarrollados hasta ahora no garantizan de ningún modo el que se tengan en cuenta los criterios mayoritarios de los que se decidan a participar, y su objetividad siempre se podrá poner en cuestión. Los colectivos presentes hicimos notar, además, que la falta de estatuto que tenía la opinión del profesorado, canalizada por los modos de recogida de opinión en marcha, restaba fuerza al propio Ministerio cuando se tuviese que enfrentar a los poderes fácticos directamente implicados en la enseñanza. Hicimos sentir nuestro temor de que las consultas a organismos como la Iglesia, la patronal del sector o las Comunidades Autónomas, al realizarse éstas por vías más institucionales, tuviesen mayor peso que las de los docentes a la hora de ser tenidas en cuenta para la redacción final del proyecto de ley. Pensábamos que una ley orgánica no puede ser el producto de un proceso precipitado de debate y que aún había tiempo para realizar esas consultas que pedíamos, y así lo solicitamos. Si, como se nos aseguró, la conciencia del Ministerio de la necesidad de consultar al profesorado, y de tener en cuenta su opinión, es clara, ésta se ha de concretar articulando un proceso de consulta institucional al sector principal de los trabajadores de la enseñanza. Si este proceso no se realiza, asistiremos a otra reforma estéril en sus resultados, que sólo servirá para modificar aspectos formales, sin solucionar los enormes problemas que nos aquejan y sobrepasan.
La consulta no debería hacerse en términos parecidos a las cuestiones planteadas por el documento ministerial y que acompañan a cada uno de los apartados; son preguntas, éstas, que rodean los temas clave, los soslayan, y centran la discusión en aspectos marginales, incluso, a veces, planteando cuestiones sorprendentes por lo anecdóticas. Así, en ningún momento se plantea el principal problema que aqueja a la enseñanza pública en España: el de la existencia de una doble red de centros educativos, que es el factor que en la actualidad más fragmenta y deteriora el sistema público de enseñanza. La doble titularidad entre centros públicos y privados, y la existencia de la concertación, unida a otros mecanismos que hacen posibles las diferencias establecidas por cada una de las comunidades autónomas, o la falla cultural y educacional que produce el desigual reparto de la riqueza entre las familias, atentan contra la idea misma de un sistema público de enseñanza y, por tanto, exigen con toda evidencia que el Estado, en su papel de compensador de las desigualdades, opte por establecer mecanismos que atenúen dicha fragmentación, y ninguno mejor que el desarrollo de un sistema educativo público eficaz. Sin embargo, ni una sola de las preguntas propuestas por el Ministerio apunta hacia una solución del problema de la fragmentación, incluso es muy posible que se profundice la fractura con la muy probable extensión de las concertaciones a la etapa de Infantil. Sobre este tema no nos dio la sensación de que se pueda discutir, parece ser una decisión tomada desde "más arriba" del nivel de nuestros interlocutores, y, sin embargo, apareció a lo largo de toda la reunión como la pieza clave para solucionar los problemas que nos aquejan.
Lo mismo ocurrió al tratar el tema del estatuto de la asignatura de Religión: al ser la situación actual producto de unos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, que el Gobierno no se plantea denunciar, el asunto supera la instancia ministerial, y queda cerrada la única solución racional posible y enteramente satisfactoria: sacar las religiones confesionales fuera del ámbito escolar. Se seguirá, pues, para satisfacer las demandas de la Iglesia, manteniendo una situación generadora de problemas que, en el mejor de los casos, terminarán dirimiéndose en los tribunales, y todo ello por la falta de decisión política del gobierno a la hora de asumir sus responsabilidades.
Otro factor condicionante para la nueva ley serán las directrices europeas e internacionales sobre el modo como se debe estructurar la enseñanza en todos sus niveles, más pensadas para adelgazar los sectores públicos que para fortalecerlos. Sin embargo, España, a nuestro juicio, requiere una ley más a su medida: una que acabe con la doble red, que instaure una enseñanza pública de calidad para todos y que iguale por arriba los conocimientos de todos los ciudadanos españoles.
¿Hasta donde pueden llegar los redactores de la nueva reforma? ¿Qué puntos quedan fuera de su alcance? Es por esto por lo que echamos en falta algún mecanismo institucional de consulta al profesorado, que pudiera servir al Ministerio de contrapeso a tantas fuerzas fácticas que operan en contra de mantener un sistema educativo público y eficaz; por lo que echamos en falta que no nos hayan pedido, con más decisión, nuestra colaboración, y por lo que echamos en falta, por qué no decirlo también, el que los sindicatos con mayor capacidad de convocatoria y mayores medios económicos, hubieran articulado un sistema de presión en defensa de uno de los ideales sociales que debieran iluminar su quehacer.
En lo referente a cuestiones más concretas de contenido, manifestamos nuestro desacuerdo con los análisis (demasiado optimistas) de la situación en que se encuentra la enseñanza pública en España, que han sido desmentidos por la publicación de los resultados del Informe Pisa 2003. Tampoco nos cuadraban los referidos al aumento de la población universitaria, en unos momentos en que la Universidad se queja de la falta de matrícula en la mayoría de las facultades y escuelas. En fin, donde más hincapié hicimos a la hora de centrar nuestras consideraciones fue en lo referente a la educación Infantil y Primaria, así como al Bachillerato.
Las tres organizaciones convocadas
mantuvimos la opinión de que el texto muestra muy poca preocupación por la enseñanza
infantil y primaria, y, más en concreto, por atajar el problema del fracaso escolar en
estos niveles educativos. Aunque es cierto que se citan de pasada los principales temas,
no se hace un análisis riguroso de la situación y, por tanto, no se prevén las medidas
necesarias. A nuestro juicio, es en la Infantil donde se gestan las primeras desigualdades
y, por eso precisamente, donde los poderes públicos debieran intervenir con mayor
decisión. Luego, en la Primaria, las diferencias se van ahondando. El texto ministerial
habla de este asunto, pero no lo relaciona, en la práctica, con el fracaso escolar en la
ESO, dando la impresión de que éste no es un problema a solucionar, sino que sólo se
trata de aprender a convivir con él. Nosotros creemos que el fracaso escolar no es una
condena ni un destino, sino una situación que se puede superar a base de decisión
política, presupuesto económico y planteamientos pedagógicos exigentes, que no condenen
a los ciudadanos a tener una
educación a medida y nivel de la clase social de la que proceden.
Respecto a lo que se dice sobre la Secundaria Obligatoria, las medidas que se proponen siguen la línea de las establecidas por la LOGSE; eso se deja notar tanto por el tipo de discurso que se establece, como por los mecanismos previstos para la solución de los problemas. La idea de un ahondamiento en los niveles de diversificación no nos parece, en principio, errónea (mientras se acuda a solucionar, al mismo tiempo, el fracaso escolar en origen), pero exigimos a las autoridades que establezcan los mecanismos necesarios para garantizar la libertad de elección de centro a quienes deseen que sus hijos asistan a la escuela pública y, a la vez, quieran que reciban una enseñanza de calidad, y para que no suceda, como ocurre ahora en muchas zonas y barrios, que los padres optan por la escolarización concertada forzados por el deterioro de la calidad de la enseñanza producido en la ESO en los centros públicos, porque en los centros concertados se selecciona al alumnado por los más diversos mecanismos, muchas veces ilegales. Tanto en la reunión que estamos comentando, como en otros foros de debate a los que hemos asistido, el Ministerio ha repetido hasta la saciedad que el alumnado se repartirá homogéneamente entre todos los centros sostenidos con fondos públicos; falta ver si hay decisión política para llevar adelante medidas eficaces en ese sentido.
Mayores preocupaciones nos producen las novedades que aparecen en lo referido al Bachillerato. El documento del MEC trata de justificar un aumento de las funciones de aquél, aumento que pone en peligro el mantenimiento del nivel académico que hasta ahora tiene, que es, además, mucho menor del que había en la modalidad establecida por la LGE (BUP y COU). Nuestra inquietud viene marcada por la idea que apunta el texto ministerial de, por un lado, ofrecer asignaturas más relacionadas con la Formación Profesional en su nivel superior y, por otro, disminuir el número de asignaturas obligatorias de modalidad. Lo que el texto dice, después de subrayar la idea de que el actual bachillerato sí sirve para posibilitar el acceso a la universidad, es que hay mucha desconexión entre la FP superior y los contenidos de las asignaturas que se deben estudiar: ¿significa esto que se propondrán asignaturas aligeradas de contenidos teóricos, diseñadas a medida de los que busquen caminos de aprendizaje menos escarpados? ¿o, simplemente, como se nos dijo, que la optatividad será mayor entre las asignaturas ya existentes? Uno de los problemas que tiene el sistema educativo español es el proceso de adelgazamiento de contenidos, al que asistimos desde hace ya muchos años; si este proceso se ha visto más acentuado en la etapa pensada para los jóvenes entre 14 y 16 años, esperemos que ahora no se atente de manera definitiva contra la Secundaria Postobligatoria, único reducto que hay ahora en el sistema educativo público para recibir enseñanza de calidad. No estamos satisfechos con la situación actual (por ejemplo, la formación científica de los actuales bachilleres raya en lo lamentable), pero un paso más por este camino puede suponer un salto cualitativo hacia la debacle.
Propusimos dos medidas concretas: 1ª) que se abriera un camino reglado entre la FP de grado medio y la superior, que se concibiera el Bachillerato como un camino hacia la universidad, y que, en todo caso, se procurara hacer de estos estudios una buena preparación para quienes los precisen para completar su formación personal y adquirir competencias intelectuales que les permitan proseguir cualquier vía de formación personal que decidan; 2ª) que se ampliase la duración de este nivel educativo un año, sin que ello significase una prolongación de la edad de escolarización en los institutos.
Respecto al tema de la situación del profesorado, manifestamos una vez más la preocupación que nos produce que el anunciado Estatuto se deje para después de la ley, en lugar de desarrollarse paralelamente a ella. Este tema es una laguna pendiente de la administración desde hace demasiados años y del que no tenemos noticias de su grado de preparación.
Y respecto a la organización de los centros y su funcionamiento democrático, pedimos que se vuelva a considerar a las direcciones de éstos como representantes de los profesores, en lugar de ser, como ahora lo son, representantes de la administración; que el peso en su elección competa en mayor medida a los claustros, y que, a estos últimos, se les devuelvan las atribuciones sustraídas en cada una de las reformas legales realizadas en los últimos años y en las normativas que las han desarrollado. La prueba de que se quiere contar con los profesores, y de que se confía en ellos, sería el cumplimiento de lo que desde aquí solicitamos.
El texto del ministerio, a nuestro juicio, no ha abierto un verdadero debate: ha sido poco discutido en los centros y el profesorado lo ha ignorado en gran medida, a pesar del malestar generalizado que se manifiesta en conversaciones informales sobre la situación de la enseñanza. Este hecho debería hacer reflexionar a las autoridades académicas sobre el acierto de las medidas tomadas a la hora de fomentar el debate. Una ley orgánica no se puede hacer cada año, ni en cada legislatura; la historia de la LOCE es un buen ejemplo de ello. Si queremos establecer un marco legislativo duradero, éste debe hacerse en base a una solución racional de los problemas y no en base a un consenso con los múltiples poderes fácticos, que, ya se sabe, no se preocupan del buen funcionamiento de la enseñanza pública o, incluso, están interesados en su deterioro.
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En la primera parte de este boletín publicamos los dos primeros artículos de reflexión y análisis sobre los primeros epígrafes del documento del MEC. En la segunda parte incluiremos otros tres artículos en los que nos referiremos específicamente al Bachillerato, a la educación en valores y a la situación del profesorado.
Es nuestra intención, desde este número, el contribuir a un debate que pueda generar una reforma educativa que afronte los, a nuestro juicio, verdaderos problemas de la enseñanza. El ministerio no debiera entender que la crítica rigurosa es una crítica a olvidar por radical. Radicalidad (ir a la raíz) es lo que precisa nuestro sistema educativo: radicalidad en los análisis y radicalidad en las medidas que se han de tomar para cambiar el curso de los acontecimientos. Una enseñanza pública y de calidad es posible, siempre será posible: la condición necesaria es la decisión política de realizarla; la condición suficiente ya es un tema más complejo, pero no parece caber en la línea de adelgazamiento y privatización a que se ven sometidos los sistemas educativos del primer mundo.