La doble red y las propuestas del PSOE
A la vista de las reacciones que las distintas fuerzas políticas tienen ante cada nuevo anuncio de reforma educativa, podría parecer que en nuestro país existen dos modelos opuestos de entender la enseñanza: uno, el defendido por la mayor parte de las fuerzas políticas de izquierda; otro, el que defienden las más conservadoras. La realidad es bastante diferente: la construcción europea ha supuesto la convergencia de las políticas sectoriales de los diferentes Estados miembros; convergencia que ha servido, en el ámbito local europeo, de correa de transmisión de las directrices de las grandes organizaciones capitalistas (FMI, OCDE, etc.), es decir, de los principios intocables de la globalización neoliberal.
El neoliberalismo ha considerado siempre que el "estado del bienestar" es un despilfarro. En la actualidad, el objetivo del déficit cero sirve de pretexto técnico en todos los países para recortar gastos sociales como sanidad, cobertura del desempleo o educación; una política que, con sólo diferencias de detalle, comparten todos los gobiernos que se someten a las directrices del FMI y de sus ámbitos regionales, como la OCDE o la propia Unión Europea. En este marco globalizador, la educación debe sufrir cambios estructurales dirigidos a su progresiva mercantilización.
Por una parte, el Estado debe dejar de considerar la educación como un proceso dirigido a que cada individuo desarrolle una autonomía personal, un pensamiento crítico y la capacidad para participar activamente en la sociedad; para pasar a considerarla como un proceso de formación de mano de obra que, como todos los que intervienen en la producción, debe abaratarse en la medida de lo posible.
Paralelamente, la educación debe dejar de
ser considerada como un bien público, y, por tanto, protegido de las leyes del mercado,
para pasar a ser considerada como una mercancía que, como cualquier otra, es susceptible
de producir beneficio.
En contra de lo que se nos dice, las necesidades del mercado de trabajo son cada vez más
bivalentes. Es cierto que se necesitan trabajadores altamente cualificados, pero en un
número reducido, ya que están destinados a dirigir la producción y a cobrar salarios
elevados; en cambio, la economía de mercado quiere disponer de una enorme fuente de mano
de obra barata, poco crítica, sumisa y escasamente capacitada, dispuesta a cubrir la
inmensa mayor parte de los puestos de trabajo, mal pagados y en condiciones precarias. Los
costes de formación de este amplio sector de la población pueden ser abaratados y su
descualificación comienza a ser un objetivo económico de primer orden.
Una de las consecuencias más dramáticas de la transformación de la educación en mercancía es la privatización del sistema educativo. La empresa privada considera muy rentable la atención de las clases acomodadas de la población, que quieren asegurar a sus hijos una situación profesional bien valorada, pero no se encuentra igualmente atraída por las más desfavorecidas. En consecuencia, el sector privado necesita fragmentar el sistema educativo para obtener del mismo la máxima tasa de beneficio. Para el Estado queda el papel de mantener un servicio público benéfico, dirigido a los sectores más marginales de la sociedad; produciéndose, como consecuencia, desigualdades sociales cada vez más profundas
Esta situación deja un estrecho margen de maniobra a los gobiernos, dentro del cual conservadores y socialdemócratas se ven obligados a luchar por encontrar sus señas de identidad de cara a su electorado, lo que les lleva a exagerar sus diferencias, aunque unos y otros estén de acuerdo en la validez universal de los principios neoliberales, que han aplicado a través de una serie de reformas basadas en tres ejes fundamentales y en una corrupción ideológica del lenguaje:
La libertad de enseñanza, entendida no sólo como libre creación de centros, sino también como libre elección de centros por los padres.
La gratuidad, entendida como subvención del Estado a la elección de los padres.
La competencia entre centros educativos, sean estos privados o públicos.
UN POCO DE HISTORIA
Hasta 1970, el régimen franquista delegó
en la Iglesia Católica la educación secundaria (bachillerato), dirigida a las capas
medias y altas de la sociedad, reservando para el Estado un papel subsidiario.
En la década de los sesenta, los efectos del desarrollo económico hicieron saltar las
barreras sociales del antiguo y elitista sistema educativo, masificando secundaria y
universidad, y provocando un proceso de crecimiento del sector público, obligado a acoger
al nuevo contingente de alumnos. En 1970, con la LGE, el Estado, forzado por los hechos,
reconocía por primera vez su responsabilidad en la educación de todos los ciudadanos.
A la muerte de Franco, el desprestigio del nacional-catolicismo empujó a sectores importantes de las clases medias, en buena parte los de niveles de estudios más elevados, a escolarizar a sus hijos en la red pública. La relación entre pública y privada se invirtió respecto a la situación vivida diez años antes y los colegios religiosos pasaron a representar alrededor del 30% de la escolarización en secundaria. Entre los años 1970 y 1990 la enseñanza pública fue mayoritaria en España y, lo que es más importante, su prestigio igualó o superó al de la privada. Las órdenes religiosas perdieron importantes sectores sociales, cuya recuperación ha necesitado muchos años y un considerable esfuerzo estatal.
LAS SUBVENCIONES
Este esfuerzo ha sido, en parte, económico. Ya el régimen franquista, además de conceder a la Iglesia Católica enormes privilegios, le otorgó créditos ventajosos para construir sus colegios, y, aunque la necesidad de responder al incremento demográfico y a las nuevas demandas educativas obligaron a que, entre 1964 y 1971, la mayor parte de las inversiones del Estado en enseñanza se dirigiera al sector público, la iniciativa privada siguió contando con una parte nada despreciable del presupuesto educativo estatal.
En 1970, la LGE, con el pretexto de garantizarle la gratuidad a una demanda creciente, inició una política de subvenciones que cubría entre el 50 y el 100% de los gastos de personal y funcionamiento. Estas subvenciones estaban supeditadas a una serie de condiciones (atender a poblaciones marginadas, estar situados en zonas con deficiente escolarización pública, etc.) que nunca se cumplieron, lo que no impidió que se cobrasen.
Entre 1973 y 1982, las subvenciones pasaron de 1.510,9 a 78.922,1 millones de pesetas. Siguieron aumentando con la llegada del PSOE al poder (313.474 millones en 1994) y, en algunas Comunidades Autónomas, se extendieron a niveles educativos no obligatorios. Felipe González se atrevió a decir que "ningún gobierno de la derecha ha regalado tanto dinero a la enseñanza privada". Evidentemente, subvenciones y prerrogativas a la Iglesia católica han continuado creciendo con el PP.
LIBERTAD Y GRATUIDAD
En 1978, la nueva Constitución española reconoció el derecho a la "libertad de educación" que, interpretado como derecho a la libre elección de centro, ha sido una pieza clave en el proceso posterior. A ello hay que sumar la lectura que se ha hecho, en nuestro país, de la financiación pública de la red privada: no como forma de cubrir las necesidades de escolarización, asegurando la gratuidad, allí donde la red pública no llegaba (interpretación inicial, e idealista, del PSOE, que ha sido desmentida por los hechos), sino como subvención económica, igual para todos, sobre la que los padres puedan ejercitar su derecho a la libre elección de centro escolar para sus hijos; obviamente, este derecho está supeditado a las posibilidades económicas de la familia.
La gratuidad, cuando pone al alcance de todos lo que antes sólo unos pocos podían pagar, es un mecanismo de redistribución social y tiene un carácter igualitario. Cuanto mayor sea la calidad del bien gratuito, más atractivo será, mayor será el número de los que opten al mismo y, puesto que todos se beneficiaran por igual, mayor cota de igualdad se obtendrá. Una subvención "igual para todos", sin embargo, no supone gratuidad total y no redistribuye nada, sino que, en el mejor de los casos, deja las cosas en el punto de partida y, en el peor (como ocurrió, primero, con las subvenciones y, más tarde, con las concertaciones), subvenciona a los que, existiendo un servicio público gratuito, optan por una alternativa "de pago", de modo que del mecanismo de "gratuidad" resulta un aumento de las desigualdades sociales y una regresión del mecanismo de redistribución social. La palabra gratuidad sirve para disfrazar un mecanismo de destrucción de un servicio público. En el colmo de la hipocresía, la última reforma de los conservadores (LOCE, 2002), denominaba "extensión de la gratuidad" a la extensión de las concertaciones a los niveles no obligatorios (bachillerato e infantil), lo que se mantiene en las nuevas propuestas del PSOE. El concepto de gratuidad, y también el de libertad, pierden así su carácter igualitario y se transforman en eufemismos que sirven para edulcorar el proceso de privatización.
LA CONCERTACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS
En 1985, la LODE estableció una serie de medidas en cuanto a gestión, autonomía y proyectos educativos de los centros docentes, que trataban de estimular la competencia y contribuir a que los centros privados arrebataran al sector público la parte de alumnado que resultaba económicamente más atractiva.
Una de estas medidas resultó esencial en el éxito del proceso: las subvenciones a la educación privada pasaron a tener el carácter de "conciertos". El cambio de denominación supone un cambio de significado importante: mientras que las subvenciones tenían el carácter de ayuda, como reconocimiento de una labor de "interés social", la concertación supone un contrato entre dos partes en términos de igualdad. El cambio es, incluso, más profundo: mientras que las subvenciones reconocían un papel subsidiario a la red privada, la concertación supone una modalidad de gestión privada de la "oferta pública de plazas escolares". Estado y empresa firman un contrato por el que el primero financia a la segunda y da el carácter de oferta pública a las plazas así concertadas.
La confusión entre red pública y oferta pública (confusión a la que tanto el PP como el PSOE contribuyen) permite que se dé la paradoja de que, existiendo demanda de plazas públicas, se justifique el cierre de centros públicos y la ampliación de los privados en la libre elección de los padres. Así pues, concertación y libre elección son dos factores complementarios en el proceso de privatización de la enseñanza pública.
EL DETERIORO DEL SISTEMA PÚBLICO
El mecanismo no hubiera funcionado bien si el principal "producto" educativo, la formación del alumno, no se hubiera diversificado, y, en concreto, si no se hubiera favorecido el deterioro del sistema público, paso esencial para reconducir la libre elección de los padres hacia la red privada.
Los "conciertos", supuestamente, exigen a la empresa privada cumplir una serie de condiciones (plena gratuidad, no discriminación en la admisión de alumnos, cubrir necesidades escolares donde no llega la red estatal y atender a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables), condiciones que permiten diferentes lecturas políticas (cada partido gobernante las interpreta con mayor o menor rigor, favoreciendo -siempre- pero en mayor o menor grado, el desarrollo de la privada) y que, además, la mayor parte de las veces simplemente no se cumplen.
Aunque los centros "concertados" cobran del Estado por un servicio que, en teoría, ofrecen gratuitamente, en la práctica, existen numerosos mecanismos (uniformes, clases de refuerzo, actividades extraescolares, etc.) que hacen que, salvo excepciones, el alumno pague un suplemento, variable según el centro, que establece un amplio abanico de ofertas educativas. Los centros privados tienden, así, a seleccionar económicamente a su alumnado, lo que equivale a seleccionar a los alumnos con mejores expectativas de formación y a concentrar en la red pública los de peores expectativas. Esta selección constituye el principal mecanismo de deterioro de la escuela pública
Los privilegios de que goza la red privada (que aumentan con cada nueva ley) favorecen una selección suplementaria que permite eliminar a los alumnos más conflictivos, con peores resultados o, simplemente, a los que pueden perjudicar su imagen. En este sentido, destaca la importancia del hecho de que la mayoría de los centros concertados sean religiosos (en el curso 2001-02, el 89,5% de los centros concertados eran religiosos): el ideario de centro considera, entre otras cosas, su carácter confesional, hecho que ya de por sí permite eliminar (por incomparecencia) a una buena parte del alumnado inmigrante. Por si esta autoexclusión no funcionase, algunos colegios religiosos han hecho ya valer su carácter para evitar "activamente" la matrícula de alumnos de otras religiones.
El resultado de todo ello es que el alumnado con peores expectativas se concentra en los centros públicos, donde los resultados empeoran, caen los niveles, se deteriora su imagen y estimula la huida de nuevos sectores del alumnado.
OFERTA Y CAPACIDAD DE CONSUMO
Llegamos así a un sistema educativo fragmentado, en el que los padres pueden elegir dentro de una oferta, supuestamente gratuita, pero que, en la práctica, va desde lo gratuito hasta lo muy caro, que ofrece, además de un amplio abanico de expectativas académicas, diferentes posibilidades de relaciones sociales. Resultados académicos, cuestiones de prestigio social, connotaciones ideológicas y, en las Comunidades Autónomas con "lengua propia", la posibilidad de realizar los estudios en castellano o en la correspondiente lengua autonómica, diversifican la oferta educativa adaptándola a la capacidad de consumo de los padres.
Ante una oferta variada, son los " clientes ", en nuestro caso los padres, los que, según sus posibilidades, deciden qué prefieren y cuáles son los criterios de calidad que debe cumplir el " producto ", en nuestro caso, la educación. La selección final cubre tres aspectos: económico, cultural y académico. Lógicamente, aquellas familias que, económica y culturalmente, pueden elegir escogen las opciones que mejor aseguren a sus hijos el camino de los estudios superiores. Las capas medias terminan por abandonar la Enseñanza Pública, mientras que a las capas sociales que carecen de esos recursos se les reserva un sistema público cada vez más degradado.
LAS NUEVAS PROPUESTAS SOCIALISTAS
Hasta ahora, todas las reformas educativas (tanto las socialistas, como las populares) han coincidido, a pesar de sus aparentes diferencias, en un resultado común: el progresivo deterioro del sistema público de enseñanza, que ha favorecido la expansión del sector privado, provocando la fragmentación del sistema educativo y, como consecuencia inevitable, el aumento de las desigualdades sociales. A pesar de ello, la propuesta de reforma anunciada por el PSOE ha sido acogida con expectación en la comunidad educativa. La aparente firmeza mostrada con la "congelación de la LOCE" y las declaraciones a la prensa de la Sra. Ministra, respecto a la salida de la Religión de la Escuela, parecían justificar ciertas esperanzas de cambio. Por otra parte, todo proyecto de elaboración de una nueva Ley de Educación supone una oportunidad para replantear los problemas y buscar soluciones, y abre un período de debate y reflexión que hay que acoger con la esperanza de poder cambiar la realidad.
Dada la situación actual, la valoración de cualquier reforma educativa se debe hacer por su alineación, o no, con las directrices de las grandes organizaciones empresariales, y por su continuismo, o no, en este mismo sentido, con las reformas anteriores. En otras palabras, se trata de saber si las nuevas propuestas agravarán el proceso actual o si, por el contrario, actuarán en su contra. En este sentido, el documento es mucho menos ambiguo. Su lectura sugiere que lo que cabe esperar de la próxima reforma educativa es un nuevo paso en el camino señalado por las anteriores: en definitiva, nuevos avances en el proceso de desmantelamiento del sistema público de enseñanza.
En primer lugar, el documento, numerosas veces, se vincula de forma explícita a las directrices europeas; en particular, a "los objetivos estratégicos de la Unión Europea para el 2010", definidos en la Cumbre de Lisboa (2000). Estas directrices, aunque nos lleguen bajo el aura de la modernidad, tienen como objetivo explícito el integrar los sistemas educativos europeos en la economía de mercado.
En segundo lugar, el documento declara su continuidad con las reformas anteriores, justificándolas con un análisis optimista de sus resultados; análisis que en ningún caso se refiere a la dramática situación que vive la Escuela Pública en su relación con la privada, ni a la fragmentación del sistema educativo, la injusta distribución social de los malos resultados o la progresiva descualificación de los sectores sociales más desfavorecidos; en fin, no se refiere al desmantelamiento de la red pública.
Y, finalmente, varias de sus propuestas suponen una aceleración del proceso que denunciamos. En el documento, no sólo no se incluye ninguna medida dirigida a detener el proceso de degradación del sistema público de educación, sino que, en clara continuidad con el PP, se mantiene el que, probablemente, fue, por parte de la LOCE, el ataque más duro al sistema público: el proyecto de extender las concertaciones a los niveles no obligatorios. Y lo que es peor, se justifica con el mismo eufemismo utilizado por el PP: concertar nuevos niveles educativos no es extender la privatización, sino la gratuidad.
Para paliar el grave problema que la libertad de elección de centro, las concertaciones y la selección del alumnado por parte de la red privada han creado, las propuestas del documento se limitan a una declaración de intenciones en la que se exige que todos los centros sostenidos con fondos públicos se repartan equitativamente el alumnado. Esta medida, si se le puede dar ese nombre, es tanto como pedir a la empresa privada que renuncie a la búsqueda de beneficio, contradiciendo su propia naturaleza. Imaginar que una empresa, por muy dedicada a la educación que esté, pueda comportarse como una entidad sin ánimo de lucro, es puro idealismo. No es que sea imposible imaginar mecanismos para obligar a un colegio privado a renunciar a la selección de su alumnado, es que para ello sería necesario que existiera la voluntad política de hacerlo, y la ausencia de verdaderas medidas dirigidas a la reconstrucción de la Escuela Pública desmiente estos piadosos propósitos.
Los apartados que se refieren al Bachillerato y a la Formación Profesional recogen una serie de propuestas pensadas para aumentar la proporción de estudiantes de módulos profesionales de Grado Medio respecto a los que se dirigen al Bachillerato; en el mismo sentido se pueden interpretar las propuestas de modalidades en Bachillerato que tienen como horizonte la Formación Profesional superior, o la propuesta de conservar una Prueba General sólo para los alumnos que deseen entrar en la Universidad. Todas estas medidas están destinadas a hacer disminuir el flujo de estudiantes hacia la Universidad y a aumentarlo hacia cualificaciones más bajas. Éste es otro aspecto en el que el documento muestra su coherencia con las directrices de la UE.
A pesar de todo, el documento del PSOE abre un período de debate que debemos aprovechar. Aunque el Ministerio quiere controlar la discusión para que no se salga de unos estrechos márgenes y, sobre todo, para que ciertos temas queden fuera, aún se está a tiempo de reconducirla y centrarla en los verdaderos problemas. Es necesario que el significado de la Escuela Pública, y su relación con la red privada, ocupen un lugar central en esta discusión. Sólo después de asegurar las condiciones mínimas para detener el actual proceso de destrucción de la Escuela Pública, tendrá sentido discutir sobre otros aspectos, que son importantes y necesitan cambios, pero a los que la consolidación de la actual fragmentación del sistema educativo relega momentáneamente a un segundo plano.
Colectivo Baltasar Gracián