LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y

EL PROYECTO EUROPEO PARA SU PRIVATIZACIÓN

José Luis GARCÍA SIGUERO

1. En el sistema educativo español anterior a la entrada en vigor de la L.O.G.S.E., la Formación Profesional era considerada por todos los sectores implicados en la educación (profesores, padres, alumnado y autoridades académicas) como el reducto en el que se atendía a los jóvenes con dificultades para el aprendizaje. El Bachillerato parecía ser el camino único para conseguir una formación educativa con perspectivas de futuro y de calidad. Sin embargo, la realidad no era tan oscura, y muchas personas conseguían altos niveles de formación y titulación a través de la Formación Profesional. Una de las claves que facilitaba el éxito de estos alumnos era la estructura reticular del sistema, que permitía el paso desde la FP al Bachillerato o a la Universidad.

En cualquier caso, todos los sectores educativos estaban de acuerdo en la necesidad de solucionar los numerosos problemas que la FP planteaba y en conseguir que dejase de ser vista como el lugar de formación de aquellos jóvenes que “no valían” para otra cosa.

La L.O.G.S.E. transformó esta situación y consiguió que los jóvenes españoles tomasen a la FP como un itinerario formativo normalizado; pero el factor que contribuyó a este cambio no fue tanto la mejora de los programas educativos y de los medios materiales (aunque, en este caso, sí fue sensible la inversión), como el hecho de que esta ley provocase, paralelamente, una escandalosa, rápida y profunda degradación de la ESO y, en consecuencia, mayores dificultades para cursar el Bachillerato que, a su vez, también baja de nivel . Así, dos factores contribuyeron a que un creciente número del alumnado optase por la Formación Profesional en la nueva etapa: por un lado, el hecho de que la degradación de los niveles de formación estuviese provocando que muchos alumnos se sintiesen incompetentes para afrontar estudios de Bachillerato y posteriormente universitarios, y, por otro, el que, simultáneamente, se publicitase hasta la saciedad (y faltando a la verdad) que las salidas profesionales eran más fáciles y rápidas desde la FP que desde la Universidad.

2. La actual situación, con una FP prestigiada, ya permite a nuestras autoridades enfrentar el proyecto de su privatización, al igual que está pasando con otros niveles académicos. La Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales (aprobada en el 2002) suministran las herramientas necesarias para esta tarea. No es objetivo de este artículo exponer detalladamente la nueva estructura de la FP, simplemente queremos desvelar cuales son los elementos más significativos que van a poder permitir realizar a la Administración, en connivencia con los empresarios interesados en el sector de la enseñanza, lo que estamos denunciando.

La idea central de las nuevas leyes es posibilitar a la iniciativa privada (no sólo nos referimos a la realizada por colegios privados, sino también a “empresas” de todo tipo) que forme a jóvenes y adultos, y que sus “acreditaciones” terminen teniendo la validez de “titulaciones” oficiales. La Ley de FP y Cualificaciones Profesionales permite que competencias profesionales adquiridas por los más diversos medios (estudios no reglados realizados en centros públicos o privados, tales como el FORCEM, sindicatos, empresas, ayuntamientos, alguna Casa de la Cultura, etc., pero también los adquiridos en la experiencia laboral) se transformen en “créditos”; así, la acumulación de algunos de éstos podrá desembocar en una “cualificación profesional”, y la conjunción de varias de éstas dará lugar a una titulación equivalente a la que se consigue con la FP reglada.

Para mejor comprender lo que estamos intentando decir, siquiera sea a modo intuitivo, es necesario fijarnos en otros aspectos de las leyes arriba mencionadas, que nos permitan tener una visión más global del problema. La formación “no reglada”, de momento, es subsidiaria de la formación reglada, pero la nueva legislación posibilita que esto deje de ser así. La equiparación de “títulos” (dados por la Administración) y “certificados” (dados por empresas privadas u otros organismos) es posible gracias a un sistema de certificación de “competencias” que pudiera obedecer más a intereses de mercado que a formativos. Este factor pudiera ser la clave para que los centros públicos se vacíen del alumnado que cursa estudios de formación reglada, pues podría ocurrir que se lograse adquirir un título de formación profesional a la vez que se está consiguiendo un salario, e incluso, por qué no, en menos tiempo.

3. Otro hecho que nos llena de preocupación es que estas nuevas leyes posibilitan una enorme potenciación de la concertación en un nivel de enseñanza no obligatorio. En la comunidad de Madrid ya hay algunos ciclos de grado medio que llegan al 50% de concertación, siendo la media de un 47%, y estos datos se sopesan mejor si pensamos en el agravante de que se conciertan más los ciclos que más demanda plantean (las nuevas tecnologías, los relacionados con el mundo de la comunicación, etc.). El alumno interesado por un ciclo regularmente demandado, y que quiera matricularse dentro de la enseñanza pública, puede quedarse en la lista de espera o verse obligado a desplazarse tan lejos de su domicilio que, de hecho, vea negado su derecho a la educación pública y gratuita. Si a esto añadimos que se cierran muchos ciclos en algunos centros por falta de alumnado, mientras se mantienen en la concertada, acabamos viendo cómo, en la práctica, se está impidiendo que la población cuente con la posibilidad de estudiar FP en centros públicos tradicionales.

4. La justificación de esta nueva estructuración de la FP se hace en base a ideas perfectamente racionales y defendibles en principio, pues es de utilidad para muchos trabajadores españoles que sus conocimientos sean reconocidos tanto fuera de la empresa para la que trabajan, como fuera del Estado Español, para así posibilitar su movilidad laboral, y que no se encuentren en desventaja respecto a trabajadores de otros países que ya tienen legislaciones con estas características. Pero la clave de la racionalidad o no del nuevo sistema de FP está en el modo como se desarrolle el sistema de homologación de titulaciones: si la Administración se reservara el derecho en exclusividad a establecer pruebas de Estado (realizadas en Centros públicos y por funcionarios) como única vía para alcanzar las distintas titulaciones (Técnico medio o Técnico superior), la actual legislación podría no tener efectos tan perniciosos, pero la situación no será ésta casi con toda probabilidad. La Administración sólo se limitará a certificar las cualificaciones profesionales que les propongan las entidades colaboradoras en cualquiera de sus modalidades; es decir, que tanto los centros oficiales de enseñanza reglada, como los concertados, así como todos los que se ajusten a las nuevas y variopintas formas de adquirir titulación, podrán otorgar titulación con valor oficial. El reverso de esta moneda, claro está, es que los títulos pierden toda relevancia para los convenios colectivos de las empresas; es decir, que ahora el nivel de titulación no será relevante a la hora de negociar el salario del trabajador. Es cierto que muchas de estas cosas funcionaban así ya, pero ahora, con la nueva ley, encuentran un mayor respaldo institucional.

5. Otro elemento que hay que analizar es la Red de Centros Integrados que se organizará en cada comunidad autónoma. Un Centro Integrado es un centro educativo de Formación Profesional en el que se integran los tres subsistemas de formación profesional, es decir, que será habitado por estudiantes, desempleados y trabajadores ocupados. Esta era una vieja demanda de los sindicatos, y, en principio, el tener unos centros de referencia para las empresas, en donde se formen los futuros trabajadores con buenos medios de aprendizaje, donde actualicen sus conocimientos aquellos que, debido a los constantes cambios de tecnología, lo precisen, parece una medida muy plausible. Pero hay muchas circunstancias que rodean a estas nuevas instituciones que arrojan sombras sobre su utilidad y finalidad. Empezaremos por decir que los directores serán nombrados por el “Consejo social” (equiparable al Consejo Escolar de otros centros educativos), compuesto por miembros de la Administración, empresas privadas y profesorado, y que, como era de esperar, el peso de los funcionarios dentro de este órgano estará disminuido frente al que tienen los “agentes sociales” y la Administración. Los órganos colegiados del centro sólo serán consultados para la elección de los directores, que, como ya viene siendo habitual, funcionarán como auténticos jefes de personal en lugar de fomentar la mejora de la educación. Parece una estructura diseñada al servicio de las empresas.

La ley subraya que estos centros deberán prestar especial atención a todo aquello que esté relacionado con la inserción laboral de los estudiantes y trabajadores, lo que permitirá el que se potencien o eliminen ciclos formativos según las necesidades del mercado . ¿Es sólo el mercado quien debe dirigir la estructura del sistema educativo de un país? ¿No sería necesario hacer prevalecer otro tipo de intereses? En fin, así, al menos, queda claro quien dirige el modelo de sociedad en el que vivimos. Además, para subrayar el interés que se toma la Ley por esta finalidad, habrá un organismo encargado de evaluar la calidad de la formación a través de parámetros obtenidos después de la inserción laboral (Sistema de Evaluación y Calidad Externa), cuyo fin será el reajustar con agilidad las distintas cualificaciones profesionales para que se adecuen a las exigencias del mercado

6. Dos son las conclusiones que podemos sacar de todo lo dicho. Por un lado, la nueva ordenación de la FP se concibe como una forma de suministrar conocimientos básicos para que las empresas no tengan que formar a sus trabajadores en demasía, pero sin suministrar la formación personal y cultural de los alumnos. Dicho de otro modo: se desatienden los aspectos formativos y se hace hincapié en los “adiestrativos”. Sin duda alguna, se está persiguiendo el abaratar los costes de formación.

Por otro lado, las empresas encontrarán trabajadores menos formados en las ramas básicas del saber y mejor adaptados a sus necesidades específicas, y si a esto añadimos la separación entre titulación y derechos laborales que anteriormente reseñamos, el resultado será, sin lugar a dudas, una mano de obra más dócil, más manipulable y menos reivindicativa.

Mucho nos tememos que sean éstas las intenciones de nuestros gobernantes y de las fuerzas sociales que han redactado esta ley. No deja de ser significativo que todo esto que estamos narrando ahora no haya sido puesto en la picota, en su momento, por los grandes sindicatos; al fin y al cabo, éstos, además de las empresas, están a las puertas de repartirse un pastel gigantesco, la oferta privada de la nueva FP. Quienes pretendan acaparar y ofrecer servicios educativos, buscarán el máximo beneficio, y no creemos que se preocupen por el buen funcionamiento de la enseñanza pública; incluso, cuanto más se debilite ésta, será mejor para ellos. Así se harán con parte de los dineros sacados de los impuestos de los españoles (y de los cuantiosos fondos comunitarios) para pagar un sistema de enseñanza hecho a la medida de los intereses de la patronal; en el que no se velará por la formación personal de los ciudadanos sino por el adiestramiento de la mano de obra en las nuevas tecnologías; en la que prime el concepto de “formación a lo largo de toda la vida”, que no es otra cosa que el nombre con el que se ha rebautizado al hecho de tener una serie de conocimientos mínimos que permitan al trabajador entrar en la cadena productiva en una continua readaptación.

7. Otro problema gigantesco será el de la situación laboral de los funcionarios, pues, ante la competencia desleal que sufrirá toda la FP, muchos centros se cerrarán total o parcialmente, desaparecerán ciclos formativos, ramas, etc. Los desplazamientos forzados de profesores serán cada vez más habituales y, sospechamos, no tardaremos en ver cómo algunos de ellos se verán semiforzados a ingresar en algunas de estas enseñanzas no regladas, bien sea para completar horarios, bien sea en alguna otra modalidad.

Alguien dijo que lo que significó la industria del automóvil para el capitalismo del siglo XX, lo significará la mercantilización de la educación en el XXI. Ya estamos viendo cómo los estudios de la universidad se completan con los másteres, cada vez más necesarios; la enseñanza secundaria pública se destruye gracias al apoyo sistemático y escandaloso a los centros concertados, y, por lo que parece, la Formación Profesional se puede diluir como un azucarillo entre muchos organismos privados, estatales o paraestatales, no dedicados específicamente a la educación.