EDITORIAL
INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN
“Hablan de nosotros como simples números, pero somos personas”. Así se expresaba, al terminar uno de los debates electorales entre Zapatero y Rajoy, un grupo de inmigrantes en un bar de Lavapiés, al pedirles su opinión el periodista de El País. Efectivamente, los dos candidatos a la presidencia del gobierno, habían competido en datos sobre quién había sido más celoso en el control de fronteras, había transigido con mayor o menor cantidad de “regularizaciones” o había logrado más repatriaciones forzosas. Como ahora seguirán debatiendo, bajo los auspicios de la UE, sobre cuántos inmigrantes asentados desde hace años hay que “convencer” para que vuelvan a su país o qué nuevas medidas disuasorias cabe emplear (empezando por la criminalización directa de los considerados “ilegales” que, privados de todo derecho, podrán ser retenidos hasta 18 meses para facilitar su expulsión).
Al menos, hay que reconocer el poco disimulo con que empresarios y responsables políticos dejan patente el valor que les merecen esos millones de seres humanos, que han venido para ganarse la vida con su trabajo (el verdadero “efecto llamada” aquí y en todas partes). Ahora, y en función de los vaivenes de crisis que no son responsabilidad de los trabajadores, piensan que les van a sobrar, y, siguiendo los pasos de los gobiernos europeos más reaccionarios, tratan de deshacerse, en primer lugar y de forma expeditiva, de aquellos que se encuentran más indefensos. Para ellos, tanto los legales como los ilegales (ninguna persona lo es ni quiere serlo) sólo han contado y cuentan como mano de obra barata para usar y tirar, con el menor coste posible.
Por eso hablaban y hablan de números, obviando las duras pruebas de todo exilio y las secuelas del desarraigo, las esperanzas y frustraciones, las penalidades y, en muchos casos, las tragedias personales que hay detrás de cada inmigrante llegado a nuestro país (como antes sucedió con tantos españoles obligados a emigrar hacia otras tierras), huyendo de las guerras y de la miseria, en busca de unas mejores condiciones de vida.
Cuando los protagonistas del debate referido trataban de convencer a la audiencia de su actitud “comprensiva” hacia el fenómeno migratorio y sacaban a relucir su lado “positivo”, no se referían a los propios sujetos agentes y pacientes del hecho, sino únicamente al provecho y ventajas que a los autóctonos nos pueda reportar. Repitiendo lo ya oído en otros foros, también ellos aludieron a la contribución de los inmigrantes al desarrollo económico, al papel insustituible en trabajos y condiciones que los de aquí ya no aceptamos, al incremento de la natalidad o de los ingresos del Estado y de la Seguridad Social, muy por encima, decían, de las contraprestaciones por ellos recibidas.
No sabemos si tales argumentos “interesados” hacen mella en los sectores que, jaleados por algunos medios de comunicación, vierten su bilis racista y xenófoba públicamente, lo que no les impide ser los primeros en el uso y abuso de esa mano de obra más sumisa y peor pagada.
Para quienes nos reclamamos del valor universal de los Derechos Humanos, y de su aplicación sin discriminación alguna a todas las personas; para quienes defendemos el derecho de todos a todos los derechos, incluidos el de buscar unas condiciones dignas de vida y trabajo, esos argumentos nos abochornan. Tienen muy poco que ver con el fomento del respeto democrático hacia las personas y, por el contrario, vienen a alimentar actitudes de mezquindad y cicatería antidemocrática. Sin duda, los líderes políticos han mostrado más interés en manifestar su “comprensión” hacia lo que ellos llaman “preocupaciones del hombre de la calle” (sentimiento de “invasión”, “atentado” a nuestras costumbres, saturación y competencia por los servicios públicos,…), por el presunto rédito electoral que les pueda reportar la pura demagogia, en lugar de asumir la responsabilidad de garantizar un status de igualdad en derechos ciudadanos a todas las personas que viven y trabajan en un mismo país, que en eso, entre otras cosas, consiste la democracia.
Uno de esos derechos fundamentales, que los estados modernos reconocen y dicen garantizar a todos por igual, es el de la educación. En el caso de la inmigración, insisten en que constituye, además, un instrumento privilegiado para la integración en la sociedad de acogida. El hecho de que niños y jóvenes, hijos de inmigrantes, sean escolarizados conjuntamente con los nativos en un mismo sistema educativo, debería ser garantía para su inserción en un mismo proyecto de ciudadanía, con acceso a “iguales oportunidades”, según el decir “políticamente correcto”. La escuela serviría a la vez como vehículo de relaciones primarias de niños y mayores y de promoción de las nuevas generaciones hacia mejores niveles de formación y trabajo en su nuevo país, favoreciendo así la pretendida “cohesión social”.
En estos momentos, cuando el fenómeno de la inmigración ha cobrado un papel relevante en nuestro país y la presencia de alumnos extranjeros en las aulas es ya más que notable, nos ha parecido conveniente abordar monográficamente el tema en este nº 14 de Crisis. Tanto más cuanto esta presencia y el tratamiento que merece a las autoridades educativas se han convertido en un factor añadido en el curso de fractura y segregación al que conscientemente se encamina nuestro sistema educativo.
Obviamente, nuestra posición de partida no se identifica con ninguno de los discursos xenófobos -o más propiamente “aporófobos”, de fobia contra el pobre-, en cualquiera de sus expresiones, que confunden con toda intención a las víctimas con los responsables de los problemas. Pero tampoco nos satisface la mucha literatura vertida sobre inmigración y educación, que prefiere refugiarse en la pura teoría de lo deseable en un mundo sin contradicciones, alejado de la realidad. De poco sirven, por ejemplo, las loas beatíficas acerca del valor del intercambio, mestizaje y mutuo enriquecimiento que supone una perspectiva intercultural (frente a la simple asimilación o coexistencia segregada de culturas), al margen de las situaciones reales que empujan a la emigración y las que sufren los inmigrantes en los países de llegada. No compartimos el idealismo como recurso para rodear los problemas y no resolver sus causas.
Partimos del “hecho” de la reciente inmigración y del “derecho” de los inmigrantes como personas a buscar mejores condiciones de vida y trabajo, por encima de cualquier prejuicio y valoración previa. Las migraciones han constituido un fenómeno permanente a lo largo de la historia de la humanidad, aunque con diferente intensidad y características según la época. En el momento presente no son ajenas a la llamada “globalización” que condena a pueblos enteros a la depauperación y a situaciones de guerra, obligando al éxodo masivo de gentes que buscan sobrevivir en condiciones algo más seguras y dignas. En tanto no se ve en el horizonte un cambio radical de la política “global”, la emigración desde distintos focos de conflicto y miseria continuará siendo un fenómeno inevitable.
No hay que negar que las migraciones son un problema. Pero el primer y principal problema es el que afecta a los inmigrantes: la falta de derechos y seguridad, la mayor precariedad laboral, la discriminación social y política, que ponen trabas a su integración plena como ciudadanos de pleno derecho en el país de “acogida”. De ahí se derivan otros en relación con los autóctonos (competencia, salarios, servicios,..), en tanto las administraciones públicas y las patronales utilizan el flujo de mano de obra extranjera para modificar a la baja las condiciones generales de vida y trabajo. Sin despreciar el uso demagógico del tema con fines políticos, al que ya hemos hecho referencia.
Siendo el de la inmigración un fenómeno complejo y poliédrico, nos limitaremos a su relación y tratamiento desde el sistema educativo, en tanto los responsables políticos sitúan a la Escuela como instrumento fundamental para la cohesión social, y a la educación como derecho universal e incondicional. Queremos acercarnos a este aspecto de la inmigración en España, para analizar hasta qué punto el sistema de enseñanza y los mecanismos puestos en marcha cumplen con los objetivos proclamados de formación e integración o si, por el contrario, también se reproducen en este marco la desigualdad y discriminación social. Más en concreto, puesto que se ha convertido en un supuesto generalizado, interesa aclarar si, dentro de un sistema educativo en fragmentación, con un progresivo deterioro del sector público, los alumnos hijos de inmigrantes son causa o víctimas de la degradación que venimos denunciando.
En un primer artículo, “Inmigración y educación. Los datos”, hemos intentado hacer una radiografía del reciente proceso de inmigración y su reflejo en la escolarización en España, con una selección de datos y gráficos que precisen su dimensión y especificidad. Recoge, en primer lugar datos comparativos de España con Europa y países más significativos al respecto; se hace, después, un seguimiento de la evolución del fenómeno migratorio en España en los últimos diez años y su distribución/concentración geográfica, con particular atención a la Comunidad de Madrid; finalmente, hasta donde nos ha sido posible, hemos actualizado los datos de escolarización de alumnos extranjeros en España, por CCAA y mayor detención en Madrid, así como de su distribución por niveles educativos, índices de éxito/fracaso, etc.
El segundo artículo, “Inmigración y educación. El marco legal”, entra en el análisis crítico de la legislación sobre extranjería y el trato dispensado a la población inmigrante, que incluye las condiciones de contratación legal, acceso a servicios sociales, residencia, nacionalidad, etc. Como decíamos al principio, si el objetivo declarado de las leyes, tanto de la Unión Europea como de los estados miembros, se ha centrado en el filtro selectivo del flujo migratorio según las “necesidades económicas” en los momentos de crecimiento, y ahora en la expulsión expeditiva de la mano de obra “sobrante” (hablan de ocho millones), evidentemente, al trabajador inmigrante y a su familia no se les está tratando como personas. El artículo hace una valoración sobre la política seguida al respecto, tratando de dilucidar si su orientación ha estado dirigida hacia una efectiva integración con plenos derechos o más bien hacia el control, la expulsión o al mantenimiento de una situación de precariedad/desigualdad, que presione la vuelta al país de origen. Incluye un apartado específico del tratamiento de la inmigración en las leyes educativas.
Finalmente, un tercer artículo, “Inmigración y educación. De la teoría a la práctica”, hace una exposición más detallada del trato educativo real que se dispensa a los alumnos inmigrantes: la práctica en las aulas y los instrumentos educativos puestos en marcha (distribución/concentración del alumnado, formas de escolarización,…), los objetivos propuestos y los resultados concretos de la atención cotidiana en el marco escolar (aulas de enlace o acogida, educación compensatoria, …).