EDITORIAL
Las propuestas educativas ante las próximas elecciones
Desde el colectivo Baltasar Gracián hemos intentado mostrar, en repetidas ocasiones, cómo las sucesivas reformas del sistema educativo que se han realizado en este país, más que oponerse entre sí, han dibujado una línea de continuidad, en cuyo horizonte se vislumbra una degradación acelerada del sistema público de enseñanza y de las funciones que hasta ahora ha venido, en cierto modo, cumpliendo. Independientemente de los propósitos expresados, los desarrollos de dichas reformas han propiciado siempre nuevos pasos hacia la privatización del sistema, configurando un mercado educativo cada vez más diferenciado; de modo que la disparidad de opciones, expectativas y resultados generada dentro del sistema de "doble red", lejos de paliar las desigualdades sociales y económicas de origen, las extiende y refuerza. Los datos aportados anteriormente sobre el fracaso escolar y su distribución social, complementados ahora con los referidos al abandono antes de terminar la ESO, son lo suficientemente graves como para haber provocado una reacción seria y rigurosa, tanto entre los defensores a ultranza del marco legislativo prefigurado por la LODE y la LOGSE, como entre los últimos adalides de la calidad y del progreso que dicen perseguir esos fines con la nueva LOCE. Desgraciadamente, hemos de constatar que no ha sido así, y que estos problemas, cruciales para el futuro de nuestro sistema educativo, son obviados por los políticos de uno y otro signo, contando con el silencio cómplice de los pretendidos expertos y sociólogos de la educación con ellos alineados. Es evidente que una asunción coherente de la situación puesta de manifiesto, con esos y otros estudios, obligaría a tomar decisiones que ninguno de ellos parece estar dispuesto a adoptar.
Con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 14 de marzo, volvemos a asistir a las consabidas confrontaciones entre lo que los distintos partidos institucionales definen como "su" modelo para una enseñanza de calidad. Por lo pronto, las propuestas que estamos oyendo estos días tan sólo parecen buscar el "impacto mediático". En la absurda competición del conocido "puedo prometer y prometo" (más plazas, más ordenadores, más horas lectivas y de estancia en los centros, más horas de inglés o castellano,...), no hay una sola referencia a medidas que hagan pensar en un cambio real en la orientación de fondo que lleva al deterioro generalizado del sistema público de educación. Este consenso común de base, que también se manifiesta en la sorprendente convergencia terminológica de las distintas opciones políticas, no impide que aparezca la peculiar forma de hacer de cada cual.
Sobre los propósitos del partido gobernante basta señalar, como botón de muestra, los pasos más recientemente avanzados en el desarrollo y aplicación de su "Ley de calidad": además de extender las subvenciones a la educación infantil (no obligatoria), los nuevos centros públicos de preescolar serán de "gestión indirecta" (es decir, privada); para el grueso del sector público, primaria y secundaria, se apresuran a configurar un nuevo cuerpo de directores, designados por la Administración y fuera de todo control democrático; el nuevo espacio de privilegio otorgado a la religión en todas las enseñanzas (en detrimento, por ejemplo, de las ciencias y otras materias ya asentadas) envalentona a la Iglesia para utilizarlo como púlpito de sus campañas más delirantes y reaccionarias,...
En el caso de las alternativas presentadas por el PSOE, la preocupación también está más que justificada: aparte del prometido -y finalmente dosificado- esfuerzo inversor en el "prioritario" sector de la educación, las medidas concretas con que pretende adornarse no van más allá de la sensacionalista puja con otras parecidas del PP, dentro de la apreciación compartida acerca de que el problema actual de la enseñanza no estriba en otra cosa sino en la adaptación a las "nuevas tecnologías", y otros tópicos al uso de peligrosa polivalencia. En todo caso, para tranquilidad de los muchos intereses privados aposentados en la enseñanza, el líder socialista destacaba, entre los principios rectores de las propuestas electorales, el de "educar a todos entre todos, centros públicos y concertados" (pervivencia del sistema de doble red "pública", término que ahora sólo implica financiación con dinero público) y el de "otorgar mayor autonomía a los centros", bases fundamentales para establecer una creciente diferenciación y desigualdad entre ellos, como premisa para el desarrollo de un nuevo mercado de ofertas y demandas educativas.
Quienes no se andan con rodeos, para llamar a las cosas por su nombre, son los dirigentes de la patronal del Círculo de Empresarios. Ellos no someten su programa a las urnas, pero se permiten el lujo de hacerlo valer ante las formaciones en liza. Travestidos de simples "agentes sociales", pretendidamente "apolíticos", han hecho comparecer sucesivamente a Rajoy y Zapatero para plantear sus exigencias "al gobierno que salga del 14-M", tanto da. Dicen que su objetivo no es otro que el de conseguir un "sistema más competitivo y eficaz", y que, para ello, "hay que acabar con la gratuidad de la sanidad, la educación y el transporte". La solución propuesta en relación a estos servicios públicos pasa por "la gestión privada competitiva, subvencionando no los servicios, sino a quienes precisan esa ayuda para obtenerlos". Principios de actuación que, aplicados a la educación, se traducen en la defensa del cheque escolar sólo para los padres más necesitados (con la ventaja añadida de poder elegir centro), "debiendo pagar todos los demás". Así de claro.
Esta "liberalización" de la enseñanza y su sometimiento a las leyes mercantiles es lo que hoy se propugna desde organismos internacionales como la OMC, a través del Acuerdo General sobre Comercialización de los Servicios (AGCS), y se deja traslucir en todas las directrices emanadas de la propia Unión Europea. Por eso, no es de extrañar que se estén produciendo parecidos procesos en los demás países comunitarios, tal como reflejan los artículos publicados en el presente número acerca de lo que sucede en otros países de la Unión Europea (ver las secciones de DOBLE RED y LIBROS), si bien las vías de privatización y desmantelamiento de los respectivos sistemas públicos de educación adoptan características propias, de acuerdo con su particular historia y estructura.
Sin embargo, también es preciso subrayar la confluencia de las voces que en unos y otros lugares se aprestan a denunciar las maniobras encaminadas a la destrucción de la enseñanza, y las resistencias levantadas ante cada agresión a las conquistas logradas en la lucha por una escuela pública única, gratuita y laica desde hace siglos. Es desde esta perspectiva como pensamos que debe enjuiciarse el pretendido valor progresista o reaccionario de los planteamientos puestos en circulación por los partidos en la campaña electoral. Esperamos que nuestra modesta publicación contribuya a esclarecer los problemas de calado que aquejan a la enseñanza y a unir fuerzas crecientes para evitar la catástrofe a la que pueden precipitarla los planes puestos en marcha.