EDITORIAL

Un sistema educativo en regresión

Nunca como ahora había tenido el tema de la educación una presencia tan asidua y relevante en el discurso político y en los medios de comunicación, salvo en algunos momentos en los que ha servido de excusa para banales escaramuzas políticas. Aparecen de continuo informes internacionales, nacionales o autonómicos; estudios comparativos sobre el rendimiento escolar o investigaciones sobre sus factores determinantes; comentarios periodísticos sensacionalistas o sesudos artículos de expertos. Incluso, con cierta frecuencia, se convierte en materia de tertulias y controversias mediáticas.

A ello no es ajena la crisis económica actual, que ha trastocado todos los referentes de un largo periodo y obliga a buscar nuevas y viejas soluciones. A falta de mayores precisiones sobre cómo salir del túnel, se habla de la necesidad de un “cambio profundo en el modelo productivo”, lo cual supondría elevar la competitividad de las respectivas economías, apostar por sectores de alto valor añadido y avanzar con decisión en la formación del capital humano que demanda la nueva “sociedad del conocimiento y de la información”. De ahí el redoblado interés que los responsables políticos dicen conceder a los sistemas educativos y la urgencia de subsanar sus desajustes en relación con las exigencias de la deseada recuperación económica.

El hecho de que se trate de un discurso lo suficientemente vacío como para poder aplicarse a cualquier país con la ilusa pretensión de que todos van a ganar la carrera de la competencia, no le resta cierta eficacia inmediata. Al menos, apuntar un horizonte más halagüeño que la situación actual, para mantener cierta calma social y, sobre todo, contener la peligrosa marea de millones de parados. ¡Algo habrá que hacer con ellos, mientras tanto! Entretenerlos con programas de formación y reciclaje, además de mantener viva la esperanza y la responsabilidad personal en la propia “empleabilidad”, encontrará sin duda el respaldo de organizaciones patronales y sindicales que algún beneficio extraen de ellos.

De momento, el recurso a lugares comunes como los antes citados tiene un valor más ideológico que práctico, pero ha permitido que algunos abandonen -siquiera eventualmente- la excesiva autocomplacencia exhibida hasta ahora con respecto a las reformas educativas llevadas a cabo, y abrir paso a posiciones más críticas acerca de sus pretendidos logros. Claro está, que para exigir nuevas reformas o retoques a las ya puestas en marcha. Y, a la hora de las propuestas, la perspectiva y objetivos sobre los que se quiere reorientar la enseñanza, nos ponen de nuevo en alerta.

El informe del Consejo Económico y Social del pasado marzo dirige sus reproches hacia la insuficiente vinculación de la formación con el empleo. El gobierno, por su parte, piensa que la superación de las carencias reconocidas de nuestro sistema educativo pasa por el uso generalizado de las nuevas TICs (ordenadores para todos) y por acelerar el paso para acercarnos a los ritmos que impone la UE sobre dos ejes fundamentales: aumentar el flujo hacia la Formación Profesional de grado medio y culminar el proceso de Bolonia, es decir, la implantación de un Espacio Europeo de la Educación Superior, más selectivo y vinculado al mercado.

En ningún caso se aborda un balance retrospectivo sobre los principios rectores de las reformas acometidas, la eficiencia de las estructuras y mecanismos puestos en funcionamiento y, sobre todo, la conjunción de factores que han llevado a una situación que hoy nadie, excepto los ciegos y necios de intento,  juzga encomiable.

Omisión consciente

La ceguera, interesada, viene de lejos. Hasta hace bien poco eran escasos los análisis que, desde un punto de vista de defensa neta del derecho universal a la educación, se atrevieran a poner en cuestión los objetivos últimos de las reformas emprendidas a partir de la transición democrática. Sobre el supuesto de que su finalidad no era otra que la de llevar la democracia y la modernización a un sistema de enseñanza anquilosado tras largos años de dictadura, toda crítica era automáticamente considerada como resistencia al cambio desde intereses corporativos y reaccionarios.

El incuestionable carácter progresista que se atribuían los sucesivos proyectos reformadores (defendido más recientemente en la LOE con su explícita vocación continuista), descalificaba cualquier crítica de fondo, situándola sin más en el mismo terreno defendido por la derecha más recalcitrante y el integrismo clerical.

Sin embargo, había más que motivos para poner en evidencia, desde principios democráticos y sociales, el curso regresivo vehiculizado por las distintas reformas educativas. Y eso es lo que ha venido haciendo el Colectivo Baltasar Gracián, pagando el tributo de la marginación y de injustas descalificaciones por parte de quienes se han erigido, dentro de la educación, en guardianes celosos del nuevo orden establecido.

Nuestro punto de partida ha sido siempre meridianamente claro. Uno de los supuestos fundamentales de toda democracia es la universalización de los derechos individuales y colectivos, reconocidos formalmente con el triunfo de las revoluciones burguesas y retomados como bandera de lucha en los posteriores movimientos sociales. De ahí que la denuncia permanente de las desigualdades reales, y la exigencia a los poderes públicos de medidas para asegurar al conjunto de la ciudadanía el efectivo ejercicio de derechos y libertades, hayan constituido siempre una de las señas de identidad de las fuerzas verdaderamente democráticas y progresistas.

Hasta la reciente irrupción en escena de la actual crisis global, para los intelectuales orgánicos que todo régimen genera y alimenta, vivíamos en el mejor de los mundos posibles (con sus inevitables imperfecciones). Desahuciada toda alternativa, cualquier cuestionamiento de las bondades del sistema dominante era al punto tildado de retrógrada vuelta a obsoletos principios del pasado. La presión asfixiante del pensamiento único -asentado en los principios neoliberales que han venido ocupando todos los ámbitos de la sociedad-, ha producido un desarme ideológico generalizado (incluso entre sectores pretendidamente de izquierdas), para terminar debilitando gravemente la capacidad de análisis y resistencia frente a la formidable embestida reaccionaria dirigida a desmantelar los avances sociales conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial.

La educación no ha sido una excepción. Y nuestro país tampoco. En este caso, con las notas distintivas de una tardía e insuficiente incorporación a las tradiciones democráticas y de una entusiasta acomodación a directrices internacionales (OCDE, UE) ya entonces regresivas, pero acogidas aquí con la premura y falta de prudencia propias del neófito.   

Sólo este cúmulo de contradicciones nos permite entender que la frustración de un verdadero cambio democrático en la enseñanza -puesta en evidencia desde las primeras reformas educativas emprendidas por los gobiernos socialistas- haya podido hacerse pasar como avance histórico en la racionalidad y democratización de nuestro sistema educativo. También que sus promotores y apologistas, investidos de la prepotencia que otorga el poder y pertrechados con todo un “moderno” envoltorio de palabrería seudo-pedagógica, se hayan atrevido a descalificar toda objeción, por sensata que fuera, y a denigrar, de manera particular, al profesorado, que ha sufrido en primera línea los despropósitos organizados desde las alturas. Todavía hoy, sigue siendo el chivo expiatorio sobre el que es lícito descargar, sin muchos miramientos, la responsabilidad de los fracasos de las reformas arbitradas por otros: se insiste una y otra vez en su falta de formación, actualización, profesionalidad, motivación, etc.

Resulta curioso que, contrariamente a la propaganda sobre los ambiciosos propósitos y benéficas consecuencias derivadas de las reformas, los abundantes estudios sobre la evolución del nivel educativo de nuestra población y la correlación entre sus diversas variables, eludan toda referencia al papel de dichas reformas en los inadmisibles índices de fracaso y abandono escolar o en la reducción del flujo de alumnos hacia los niveles superiores de formación.

Por el contrario, la opinión razonada y los datos recogidos en este nuevo número de Crisis apuntan a una valoración muy diferente del proceso desencadenado con las reformas educativas que, sin ser el único elemento a tener en cuenta, se han convertido en un instrumento, consciente y a la postre eficaz, para contribuir de forma decisiva al progresivo deterioro del sistema público de enseñanza en nuestro país. Los tres artículos que recoge el número 15 de nuestra revista son partes de un mismo argumento: Educación y capital humano, desvela el significado restrictivo de la educación que defiende la perspectiva neoliberal presente en las reformas en curso; Datos para un diagnóstico, pone de relieve los resultados negativos que confirman una inversión del proceso expansivo de la educación desarrollado hasta finales del siglo anterior; El papel de las reformas en el deterioro de la enseñanza, trata justamente de situar su responsabilidad en el estado de cosas a que hemos llegado.

Partir de la realidad para modificarla

Sin obviar la doble función que cumple todo sistema de enseñanza -la educación integral de los ciudadanos y, al mismo tiempo, la formación de sus capacidades laborales-, nos situamos frente a cualquier pretensión reduccionista de supeditar el sistema educativo a las “necesidades económicas” (definidas por quienes monopolizan, dirigen y sacan beneficio del actual y dislocado sistema económico). Nuestra posición parte de una defensa incondicional de la democratización de la enseñanza, basada en el derecho universal a acceder al patrimonio cultural de la humanidad y entendiendo (como recoge incluso el artículo 27 de la Constitución) que la educación, primordialmente, “tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”.

En consecuencia, la evaluación de toda política educativa pasa por constatar hasta qué punto ha logrado elevar el nivel educativo general de la población o, por el contrario, ha provocado un descenso significativo. En la frecuente polémica en torno a este punto (decisivo para determinar el carácter de las últimas reformas), interesa diferenciar, por una parte, la extensión del acceso y titulación en los sucesivos niveles de educación y, por otra, la calidad y capacitación que proporcionan cada uno de ellos, puesto que éstas últimas condicionan, a su vez, las expectativas de continuidad y progresión.

Teniendo en cuenta los datos al alcance de todos, y con todas las precauciones que su elaboración y frecuente manipulación aconsejan, nuestras conclusiones difieren bastante de las que suelen extraer los portavoces institucionales. Si bien nadie puede ignorar el aumento explosivo de la demanda de educación, paralela al desarrollo económico y democrático de los 70, también es cierto que ese proceso de extensión en todos sus niveles, además de prolongar insuficiencias y desequilibrios,  ha sufrido estancamientos y retrocesos con el inicio del presente siglo. La inflexión coincide con la plena implantación de las reformas auspiciadas por la LOGSE, proyectando sus efectos sobre el conjunto de un sistema cada vez más fragmentado por CC.AA. y en una doble red de centros, a la que la LODE había dado carta de naturaleza legal.

Para nosotros no se trata de una simple coincidencia carente de significado causal. Entre otras cosas porque los resultados coinciden, en buena parte, con los propósitos declarados.

Una vez ensanchada la base de mínimos con la extensión de la enseñanza obligatoria, la orientación predominante neoliberal que preside el discurso de las reformas las lleva explícitamente a limitar el derecho a la educación, a encauzar el flujo de alumnos hacia determinados niveles de formación en función de criterios de rentabilidad de cara al mercado laboral, que en modo alguno exigen un alto grado de educación para la mayoría. Pese a inercias ineludibles a corto plazo y resistencias esporádicas, los proyectos sobre los que se han articulado las sucesivas reformas han tenido finalmente consecuencias bastante predecibles. Algunas expresamente buscadas (disuadir a la mayoría de acceder al Bachillerato y a la Universidad) y otras inevitablemente conexas (provocar un deterioro general del sistema público hasta el punto de no garantizar los mínimos propuestos y los compromisos internacionales).

Hoy nos encontramos con un sistema educativo con altos índices de fracaso y abandono, fragmentado territorialmente y en distintas redes de centros hasta extremos desconocidos, generando crecientes niveles de desigualdad y discriminación social. Una realidad que, en lugar de ocultar o justificar, preferimos denunciar para cambiarla. Más aún cuando, con el pretexto de la crisis global, se hace patente el peligro de nuevos intentos para imponer retrocesos en derechos y conquistas sociales.