EDITORIAL
El profesorado tendrá algo que decir
Por encima de las bondades que, dependiendo de sus respectivos credos, se empeñan unos en atribuir a la ya lejana LOGSE y otros a la más reciente LOCE, resulta difícil ignorar un hecho: ambas han propiciado un declive manifiesto de la Enseñanza Pública y, con ella, el de las condiciones de la docencia.
Las marcadas diferencias entre los centros de las distintas redes y la desigual posibilidad de ejercer el derecho a la "libertad de elección" -dependiendo de las desiguales aspiraciones y recursos familiares- cada vez nos alejan más de la presunta igualdad de oportunidades, que debería ofrecer el sistema educativo. De modo casi imperceptible, se ha ido generando un mercado dentro de la enseñanza, en el que la proclamada gratuidad de las etapas obligatorias (y de otras que no lo son), no es óbice para que, poco a poco, un mayor porcentaje del gasto educativo pese sobre el bolsillo de las familias y determine, en buena parte, las expectativas de éxito o fracaso escolar.
De otro lado, entre el profesorado existe la conciencia generalizada de que, a lo largo de tan dilatado periodo de reformas -solapándose continuamente unas con otras- no sólo se ha deteriorado el marco escolar donde ejerce su labor, sino también su propio status profesional. Pese a las referencias demagógicas de los gobernantes de turno acerca del papel fundamental que deben jugar los docentes en los procesos de reforma, siempre y sin excepción, éstos se han visto orillados a la hora de elaborar los planes, abandonados a su suerte en la práctica del día a día y culpabilizados ante el fracaso irremediable de proyectos diseñados en despachos muy alejados del aula.
En la "Carta Abierta" que, tras el vuelco electoral del 14-M, el Colectivo Baltasar Gracián dirigió a los grupos parlamentarios, a partidos, sindicatos y a otras organizaciones comprometidas con la enseñanza, se aludía a varios de los indicadores más alarmantes de la situación actual: "el acusado avance del sector privado en detrimento del público; la progresiva fragmentación de la población escolar y el aumento de las desigualdades; el considerable descenso de las exigencias y niveles formativos para amplias capas del alumnado, lo que no impide índices escandalosos de fracaso y abandono escolar en la ESO, tanto más graves por su dispar distribución entre pública y privada, así como entre los distintos sectores sociales y económicos (alcanzando cotas muy por encima de las cifras oficiales del 25%); la proyección de esa disparidad en la desproporción de alumnos procedentes de uno u otro sector que acceden al bachillerato y a la universidad... Dentro de los centros se ha ido multiplicando el desconcierto ante la ausencia de pautas que propicien un clima de trabajo disciplinado y eficaz en el aula, las contradictorias orientaciones "pedagógicas", los constantes e inútiles cambios de currículo, entre los que cabe destacar el último y provocador refuerzo de la injerencia de la Iglesia en la escuela, atentando no sólo contra el carácter laico que debe presidirla, sino también contra el más elemental sentido de proporcionalidad entre las materias en presencia. En lo que al profesorado se refiere, se acrecienta la desmoralización y desasosiego por la insoportable degradación de las condiciones en que ha de ejercer la docencia, el aumento de la división, precariedad e inestabilidad de las plantillas, la eliminación de los últimos resquicios democráticos en la dirección y funcionamiento de los centros, la escasa consideración social y administrativa de su labor, etc, etc, etc."
La moratoria decretada por el nuevo gobierno en relación a la aplicación de las últimas reformas será bienvenida si se convierte en ocasión para abrir el debate en torno a los muchos despropósitos cometidos en la enseñanza y en torno a las medidas imprescindibles para reenderezar el camino. Pero también advertíamos, en la citada carta, del peligro que encerraba la idea de un nuevo "pacto por la educación", lanzado por diversos sectores, como marco para hacer prevalecer los muchos y privados intereses amalgamados en la educación. Ya han empezado a aparecer presiones de todo tipo para condicionar los contenidos de la nueva reforma que el gobierno quiere consensuar, además de convertir el espacio educativo en terreno privilegiado para las escaramuzas políticas entre gobierno y oposición, entre administración central y administraciones autonómicas.
A este respecto, lo ocurrido en la Comunidad de Madrid manifiesta, de forma escandalosa, un desprecio olímpico, no sólo al sistema educativo, sino también al profesorado y a los equipos directivos, a quienes se ha querido situar en el centro de un fuego cruzado de órdenes y contraórdenes, confusas y apresuradas, de cara a la planificación del nuevo curso. Lejos de ser una simple anécdota, nos debe prevenir sobre lo mucho que está en juego y lo poco decidido en torno al futuro de la enseñanza.
Por tanto, sería de ingenuos alimentar ilusiones y esperar sentados un resultado incierto para lamentarlo una vez más. De hecho, algunas de las propuestas anticipadas por el propio gobierno (mantener el status actual de la religión en la escuela, sin denunciar los acuerdos antidemocráticos con el Vaticano, o aceptar la extensión de la gratuidad a la educación infantil, con indiferencia de su titularidad pública o privada) mucho nos hacen temer que todo quede en ligeros y formales retoques a lo puesto en marcha por los anteriores gobiernos socialistas y aznaristas, sin poner remedio al curso destructivo al que se ha empujado a la escuela pública. El actual Secretario de Estado para la Educación, Alejandro Tiana Ferrer, cuando no hace mucho se hacía eco de los peligros derivados de la introducción de la lógica del mercado en la educación, terminaba por rechazar las posiciones defensivas ante los cambios producidos, contentándose -en una huida hacia adelante- con medidas reguladoras según el modelo LODE y caminos alternativos del tipo "tercera vía" del laborismo inglés renovado1. En ambos casos, conocemos sus desastrosos resultados para el sector público, puesto que el mercado no entiende de otros principios que el de su propia extensión y el del máximo beneficio privado.
Es preciso que todas las fuerzas (sindicatos, colectivos y asociaciones) que dicen estar a favor de la defensa de la enseñanza pública tomen la iniciativa para discutir y proponer las medidas imprescindibles que puedan reparar el mucho daño causado ya. La pasividad ante propuestas o imposiciones reaccionarias (como ha sucedido con el decreto de Esperanza Aguirre sobre el nombramiento de directores en la Comunidad de Madrid), pensando que una mano divina resolverá en su momento a favor de las aspiraciones democráticas, significa olvidar las muchas expectativas defraudadas por gobiernos de diferente signo que, con mayor o menor entusiasmo, han terminado por plegarse a los intereses espurios que cohabitan dentro de la educación. Como siempre, únicamente la movilización puede garantizar el respeto a la voluntad de la mayoría.
Por nuestra parte, pensamos que la idea de "recuperar espacio público y democrático" en la Escuela, puede servir de eje aglutinante en el nuevo periodo abierto, para exigir medidas que frenen la privatización del sistema educativo, garanticen la igualdad y la calidad en toda la enseñanza, recuperen la dirección y funcionamiento democráticos de los centros y apoyen la dignificación de la labor docente. Medidas que, con mayor detalle, precisamos en la mencionada "Carta Abierta" y sobre las que manifestamos nuestra disposición a debatir libremente y a intercambiar opiniones en cualquier foro interesado en el futuro inmediato de la educación. Así lo haremos con los grupos parlamentarios y fuerzas políticas que ya nos han contestado. A ello invitamos a todos los sectores que manifiesten igual inquietud, muy en particular al profesorado, sobre el que se ha querido cargar el peso y responsabilidad de reformas que han decidido otros.
1 Tiana Ferrer, A.: "La Educación hoy: una mirada a las políticas de mercado en Educación", en Aurora Ruiz (coord.), La Escuela Pública. El papel del Estado en la educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.