EDUCACIÓN Y MERCADO
En España, donde la Iglesia católica ha monopolizado el sector educativo durante mucho tiempo, la enseñanza pública vivió su mejor momento entre 1970 y 1990, cuando llegó a ser mayoritaria y a igualar en prestigio a la privada1. Durante estos años, la elección entre una educación religiosa (de pago) y una pública (gratuita) estaba limitada a aspectos ideológicos. La adecuación del sistema educativo a las "necesidades de la economía", es decir, del mercado, supone, entre otras cosas, fragmentarlo para que sea capaz de ofrecer desde una cualificación adecuada a la elite destinada a dirigir, hasta una mínima formación para la mayoría condenada al paro o al trabajo precario; a la vez, hay que desarrollar el gasto privado, minimizando el público, y diversificar la oferta para adaptarla a la capacidad de consumo de los distintos sectores sociales. Todo ello requiere estimular el consumo de un artículo que, hasta hace poco, tenía costes limitados y era ofrecido gratis por el Estado, y requiere que éste, como primer paso, deba abandonar sus obligaciones al respecto. La descentralización se plantea, pues, como una primera necesidad. Después de la muerte de Franco, la transformación del Estado franquista (que era fuertemente centralista) en el Estado de las Autonomías2 favoreció este proceso. En 1985, la LODE3 adaptó el sistema educativo al nuevo ordenamiento constitucional, y buena parte de las competencias educativas, entre otras, la financiación y el diseño de entre el 35 y el 45% del currículo4, pasaron a las comunidades autónomas. El desigual reparto de la riqueza, y las diferencias entre los partidos políticos gobernantes en cada una de ellas, produjeron una primera diversificación. Y lo más importante: este proceso supuso un importante debilitamiento del papel del Estado en educación.
Las subvenciones que los colegios de la Iglesia habían estado recibiendo de Franco se mantuvieron y aumentaron con los gobiernos posteriores. Pero la ayuda económica no bastaba. Las subvenciones permiten bajar precios, pero los de los centros públicos (gratuitos) siempre serán mejores. Era necesario poner en marcha otros mecanismos. En 1985, la LODE instauró una serie de medidas dirigidas a estimular la competencia entre centros privados y públicos. Pero ¿en virtud de qué se puede competir? El "prestigio social" es un criterio limitado; mejorar los logros educativos supone una inversión económica de resultados dudosos, puesto que, en realidad, la mejora depende del esfuerzo, nunca asegurado, del alumno. La clave del éxito era más sencilla: empeorar los resultados de la red pública; para realizar esa tarea destructiva se contó con la "leal" colaboración del Estado.
La LODE puso en marcha la "autonomía" de centros, concepto útil de varias
maneras: 1) supuso un nuevo debilitamiento del papel del Estado; 2) permitió que los
centros de educación privados disfrutasen de privilegios (vedados a los públicos) que
favorecían su competitividad; 3) la "falsa autonomía" de los centros públicos
les responsabilizó de sus resultados, pero su gestión siguió siendo controlada por las
autoridades educativas, que aseguraron, así, el éxito de esta política.
Además, se dio carácter de oferta pública a las plazas de los centros privados
subvencionados (que pasaron a denominarse "concertados"5). Estos colegios cobran
del Estado por un servicio que, en teoría, ofrecen gratuitamente. En la práctica existen
numerosos mecanismos (uniformes, clases de refuerzo, actividades extraescolares, etc.) que
obligan al alumno a pagar un suplemento, variable según el centro, lo que establece un
amplio abanico de ofertas educativas.
Estos mecanismos no hubieran funcionado bien si el principal producto educativo, la formación del alumno, no se hubiera diversificado también, y, muy en particular, si no se hubiera favorecido el deterioro del sistema público. El precio de los centros privados selecciona económicamente a su alumnado, lo que equivale a seleccionar a los alumnos con mejores expectativas de formación. Los privilegios de que goza la privada (que aumentan con cada nueva ley) le permiten, además, eliminar a los alumnos más conflictivos, con peores resultados o, simplemente, a los que perjudican su imagen6. La movilidad del alumnado es otro factor de selección suplementario. De esta forma, el alumnado con menos expectativas se concentra en los centros públicos; con ello, empeoran sus resultados, caen sus niveles y se deteriora su imagen, lo que estimula la huida de nuevos sectores del alumnado.
Como resultado, tenemos un sistema educativo muy fragmentado, y en el que la oferta educativa, teóricamente gratuita, va desde lo gratuito hasta lo muy caro, con un amplio abanico de expectativas académicas. Resultados académicos, cuestiones de prestigio social, connotaciones ideológicas y, en las comunidades autónomas con "lengua propia", la posibilidad de realizar los estudios en castellano o en la correspondiente lengua autonómica, diversifican la oferta educativa y la adaptan a la capacidad de consumo de los padres.
En este marco, el papel reservado al sector público tampoco es homogéneo. Una parte del mismo, dirigido a la población con menos recursos económicos, tiende a transformarse en asistencial; el resto, se reparte entre centros con un acusado carácter preparatorio para la educación postobligatoria (bien universitaria, bien profesional) y otros de características intermedias; todo ello, muy ajustado geográficamente al carácter social de la demanda. La nueva legislación conservadora (LOCE, 20027) promete agravar esta situación con la extensión de las concertaciones a los niveles no obligatorios (educación infantil y postobligatoria) y con nuevos privilegios a la privada que favorecerán aún más la selección legal de sus alumnos.
Colectivo Baltasar Gracián