EL ATAQUE IDEOLÓGICO
Los planes generalizados de contrarreforma educativa, como era de esperar, no se presentan como tales, sino envueltos en una serie de tópicos de progreso como la exigencia de "modernización", adecuación a los "cambios sociales y económicos", etc. Lamentablemente, se trata de tópicos vigentes en el uniformador pensamiento único e igualmente aceptados por los políticos de la derecha y la izquierda oficiales, contando unos y otros con la contribución impagable del bagaje conceptual aportado por los pedagogos y "expertos" fieles al poder de turno. Su finalidad no es otra que la de producir un desarme ideológico para debilitar cualquier tipo de resistencia que podría ser tildada de corporativa, conservadora o reaccionaria.
En los preámbulos de las principales leyes de reforma en el estado español aparecen esas alusiones comunes a una pretendida "democratización" de la enseñanza, junto a su adaptación al "dinamismo y complejidad crecientes,..., a los cambios tecnológicos,..., a la llamada sociedad del conocimiento y la información", para terminar por propugnar que las reformas educativas "deben pasar de ser acontecimientos excepcionales a procesos continuados de revisión, ajuste y mejora"21. En reciprocidad a ese propósito de los legisladores, se exige a los ciudadanos igual flexibilidad y disposición a la "formación permanente", al "aprendizaje a lo largo de la vida".
Estamos ante una fraseología ambigua, de rebosante optimismo, que quiere ocultar una realidad de signo muy contrario. Por ejemplo, que los cambios sociales a que estamos asistiendo, en gran parte determinados por los intereses de la globalizada especulación y concentración de capitales (también del conocimiento, la información y las decisiones), nada tienen que ver con el desarrollo "global" de la humanidad y la satisfacción de las aspiraciones personales. La destrucción masiva de fuerzas productivas, particularmente del trabajo, se ve acompañada de sangrantes procesos de regresión social, disminuyendo presupuestos y gastos sociales, mercantilizando lo que hasta ahora eran derechos garantizados a todos los ciudadanos por los estados. En consecuencia, los planes impulsados por organismos internacionales como el FMI, la OCDE, la OMC o la propia Unión Europea, y que tienen encima de la mesa los distintos gobiernos, no son otros que el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización (véase el Acuerdo General de Comercio de Servicios, propuesto por la OMC), incluidos los sistemas de educación. En ese sentido, no debe extrañar que el principio de "comprensividad" propugnado por la reforma LOGSE socialista -en un sistema dual de centros públicos y privados nunca cuestionado- haya servido para provocar mayores diferencias en los niveles de formación que alcanzan unos y otros alumnos, precipitando el trasvase de fondos y alumnos al sector privado. Tampoco que el "sistema de oportunidades", propuesto por la más reciente LOCE del partido popular, redunde en lo mismo, aumentando la discriminación y segregación de poblaciones con muy diversas posibilidades de formación. Curiosamente, pese al rechazo de esta última ley por la oposición socialista, la alternativa del PSOE también se situaba en la "superación del viejo debate entre centros públicos y privados concertados", dando la categoría de público a todo lo que se financia con fondos del Estado, prescindiendo de su titularidad. Tanto en un caso como en otro, la palabrería hueca sobre diversas apuestas pedagógicas o modelos de "atención a la diversidad", permite que avancen los procesos de privatización, el instrumento más eficaz de distribución y orientación del alumnado de acuerdo con las "necesidades" (y posibilidades familiares) del momento.
Hace poco afirmaba con el mayor descaro Zbigniew Brzezinski -antiguo Secretario de Estado con la Administración Carter- que bastaba la formación de tan sólo un 20% de la población para asegurar el desarrollo y dirección de la sociedad actual (economía, tecnología, cultura, etc). Si no se necesita que el 80% restante tenga un seria cualificación, si lo que está en primera línea es abaratar el coste de la mano de obra y, por tanto, el de su formación (devaluar el "capital humano" para elevar la tasa de ganancia en las inversiones productivas), es preciso reconocer que desde las "necesidades económicas" del capital actual no resulta rentable dedicar mayores presupuestos a la formación de una mano de obra destinada al paro o al empleo precario. Ya proveerá el mercado con menores costes generales (a costa del presupuesto familiar) el cupo de técnicos y especialistas que necesite en cada momento. A estos postulados les hacen el juego posiciones, pretendidamente de "izquierdas", que justifican el descenso de los niveles formativos y objetivos más modestos en la escuela pública pretextando su vocación "integradora" y la atención a "todo tipo de alumnos", dando por bueno el carácter selectivo de la red privada y la degradación progresiva de la pública relegada a una función asistencial. Así, la estratificación socio-cultural es aceptada como norma irrebasable desde la propia estructura del sistema educativo.
Como no podía ser de otra manera, el desmantelamiento de los sistemas públicos de educación repercute directamente en las condiciones profesionales y laborales de los docentes. Su figura queda cada vez más desdibujada y sus funciones devaluadas. Asistimos a una auténtica reconversión del status y las tareas atribuidas al profesorado, pero siempre hacia situaciones de menor estabilidad y mayor precariedad. El "nuevo perfil" que propugnan los "expertos" reformadores exige permanente "flexibilidad" para adaptarse a las reformas y a las reformas de las reformas. El profesor "tradicional", y el propio ámbito de la escuela, se ponen continuamente en cuestión como si fueran herramientas del pasado, en la perspectiva de su desaparición en un horizonte no muy lejano (en tanto subsistan vestigios de sistemas educativos empeñados en algo tan poco "útil" como transmitir la herencia cultural de la humanidad). La continuidad de los ataques a lo largo de los últimos años ha terminado por generalizar cierta desorientación y desmoralización en el conjunto del profesorado. Tanto más desamparado, en cuanto que la política seguida por las distintas administraciones ha sido la de desactivar las organizaciones sindicales, integrándolas en los propios planes gubernamentales. De ahí que la LOGSE pasara con el aval de un amplio consenso de fuerzas políticas y sindicales (frente a la desconfianza y críticas de buena parte del profesorado), o que, el rechazo formal de esas mismas fuerzas a la LOCE no haya impedido pactos y mutuas concesiones para dar vía libre a los ejes principales de ambas reformas: el avance de la privatización y el mercado en la distribución de la población escolar, promoviendo al mismo tiempo una orientación del flujo mayoritario de alumnos hacia los niveles inferiores de cualificación.
Colectivo Baltasar Gracián