PRIVATIZACIÓN
Hasta finales de los 60, la Iglesia Católica ejerció un monopolio casi absoluto en la educación secundaria, y a partir de los 70, aunque la pública pasó a ser mayoritaria, continuó siendo el principal proveedor privado. Si tenemos en cuenta, además, el doble beneficio (económico e ideológico) que la Iglesia saca de la educación, y el trato fiscal privilegiado que obtiene del Estado, su situación no facilita la entrada de otras empresas competidoras. Aunque en la Universidad y en la FP se desarrollan nuevas modalidades de privatización, y aunque, en la ESO, la LODE animara a otras empresas, generalmente pequeñas cooperativas, el desarrollo del sector privado ha sido, sobre todo, religioso. La privatización toma, así, la forma de recuperación de la demanda perdida por las órdenes religiosas.
Hasta 1970, el
Estado delegó en la Iglesia la educación secundaria, dirigida a las capas medias y altas
de la sociedad, reservándose un papel subsidiario, aunque, a través de las Reválidas,
homologaba los títulos y, así, ejercía un control sobre los colegios religiosos, a los
que, en reconocimiento de su "función social", subvencionaba. Una Primaria y
una Universidad en su mayoría públicas y una formación profesional casi inexistente
completaban el escenario educativo.
El desarrollo industrial, la migración a las ciudades, el baby-boom y la necesidad de
mano de obra cualificada contribuyeron a romper las barreras sociales del antiguo sistema
educativo, haciendo crecer al sector público y masificando la secundaria. La LGE (1970)
reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado en educación, pasando el sector
privado a tener un carácter subsidiario. Se añadieron dos años a la primaria
obligatoria (transformada en EGB), que se redujeron en bachiller; finalmente, con el fin
de desviar de éste a parte del alumnado, se instauró una formación profesional (FP).
Las subvenciones a los colegios privados continuaron, justificadas en la necesidad de
cubrir el aumento de la demanda y condicionadas a ciertos requisitos que no se cumplieron,
lo que no impidió cobrarlas. Poco a poco la enseñanza religiosa perdía prestigio,
mientras la pública lo ganaba y atraía a las capas medias. La relación pública/privada
se invirtió, pasando los colegios religiosos a representar el 30%.
En 1978, la Constitución española reconoció el derecho a la "libertad de educación", interpretado como libertad de elección de centro por la Iglesia y los conservadores. En 1985, la LODE estableció una serie de medidas que fomentaron la competencia de los centros privados, dirigida a ganar la parte de alumnado del sector público económicamente más atractiva. Las subvenciones pasaron a llamarse "concertaciones". Cambio que no sólo es de nombre: la subvención reconoce el papel subsidiario de la red privada, mientras que la concertación es una modalidad de gestión privada de la "oferta pública de plazas escolares". El Estado contrata a la empresa sus plazas escolares, que ofrece como si fueran públicas; a cambio, se exige que la empresa cumpla unas condiciones (plena gratuidad, no discriminación de alumnos, cubrir necesidades de escolarización y atender a poblaciones con condiciones económicas desfavorables), que permiten diferentes lecturas políticas y que, en la práctica, no se cumplen.
Como resultado nos encontramos con: 1) una oferta pública mixta de plazas de carácter privado (concertadas) y público; 2) la interpretación del principio de libertad de educación como libertad de elección de centro; 3) los recursos legales que permiten a los centros privados cobrar a los padres por un servicio que, en teoría, debe ser gratuito, y seleccionar, así, a su alumnado económicamente; 4) los privilegios que permiten a la privada seleccionar complementariamente al alumnado, eliminando al problemático, conflictivo o, simplemente, al que perjudica su imagen18; y 5) los distintos criterios de escolarización en centros públicos y privados. Todo ello favorece la selección económica del alumnado de la red privada, concentrando el de peores expectativas en la red pública, que ve impotente cómo baja su nivel y se deteriora su imagen, y cómo nuevas cohortes de estudiantes, que económicamente pueden permitírselo (nueva selección), huyen a la red privada. El proceso continúa sin pausa19.
La financiación de la red privada con dinero público ha tenido dos lecturas en España: 1) una forma de cubrir las necesidades de escolarización y asegurar la gratuidad donde la red pública no llega (interpretación idealista, desmentida por los hechos, que ha mantenido la socialdemocracia del PSOE); 2) una subvención igual para todos (cheque escolar) sobre la que se puede ejercer el derecho a la elección de centro, derecho que, obviamente, está subordinado a las posibilidades económicas (interpretación conservadora). La última reforma conservadora (LOCE, 2002) utiliza, con la mayor hipocresía, el concepto de "extensión de la gratuidad" para legalizar la concertación en los niveles no obligatorios (secundaria no obligatoria e infantil). Así, extensión de la gratuidad y privatización se vuelven sinónimos, y la extensión sólo sirve para reducirle los precios a quien ya se puede pagar bien una enseñanza privada.
Si una educación democrática, para ser rigurosa y crítica, debe ser laica, España sufre un proceso de regresión acelerada de ese principio. La Iglesia no sólo recupera el papel que cumplió entre 1940 y 1970, como educadora de las capas medias y altas de la sociedad, sino que amparándose en un Concordato de 1953, renegociado en 197920, presiona para introducir la religión en la escuela pública. La LOCE considera esta materia como parte esencial del currículo, obligando a los centros públicos a introducir como materia alternativa "el hecho religioso", con el mismo carácter y, en algunos casos, más horas que, por ejemplo, las ciencias naturales.
Colectivo Baltasar Gracián