REFORMA DE ALUMNOS
Pese a que las últimas reformas educativas (LOGSE en 1990 y LOCE en 2002) se autojustifican por una pretendida "extensión" y "democratización" de la enseñanza , uno de sus principales objetivos, declarado o encubierto, ha sido la regulación del flujo escolar. Se trata de distribuir y orientar a los alumnos hacia distintos niveles de formación de acuerdo con las "necesidades económicas". Una vez descartado que el derecho a la educación y el libre acceso a los bienes de la cultura sean valores por sí mismos, el mercado parece ser el único criterio para determinar esas "necesidades": qué porcentajes de la futura mano de obra y qué grados de cualificación son "rentables". Álvaro Marchesi, Secretario de Renovación Pedagógica con el gobierno socialista y principal impulsor de la LOGSE, reconocía no hace mucho14 que, aparte de homologar con los demás países europeos el final de la enseñanza obligatoria y el inicio de la edad laboral, la reforma venía a reaccionar ante la "masificación" de las Enseñanzas Medias (postobligatorias) y de la Universidad, operada al calor del tardío despegue económico en nuestro país. No son de extrañar, por tanto, sus resultados.
Efectivamente, los elevados índices de fracaso en la nueva ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria entre los 12 y 16 años), de muy desigual reparto social, así como el descenso generalizado de los niveles de conocimiento y exigencia, ha derivado ya a un alto porcentaje de jóvenes al mundo laboral sin cualificación, o, en todo caso, con la mínima que proporcionan los Programas de Garantía Social (sin titulación reconocida) o la Formación Profesional de Grado Medio, que, en poco más de un año, habilita sólo para funciones muy limitadas y que no tiene continuidad hacia la Formación Profesional Superior. La nueva versión de la "atención a la diversidad", encarnada en los diferentes "itinerarios" diseñados por la LOCE, pretende disminuir las escandalosas cifras del fracaso, encaminando desde la propia enseñanza obligatoria el muy diferente destino de los alumnos "universalmente" escolarizados.
Tanto la LOGSE como la LOCE han reducido el acceso al Bachillerato de forma manifiesta, particularmente en los centros públicos. Aún así, a los alumnos que logran terminar un Bachillerato de dos cursos (con exigencias académicas desproporcionadas en relación a los bajos niveles tolerados en la ESO), se les ofrece todavía el señuelo de los Ciclos Formativos Superiores, de sólo uno o dos años, para disuadirlos de la aventura universitaria.
Por su parte, la Universidad ha reformado sus "planes de estudio", multiplicando, por un lado, las carreras de ciclo corto (diplomaturas de tres cursos) y, por otro, devaluando las licenciaturas en el mercado profesional-laboral, si no son complementadas con costosos estudios de postgrado, tipo masters, en gran medida gestionados por entidades privadas. Así se selecciona la reducida elite bien formada que se necesita para el funcionamiento "correcto" del sistema.
Al tiempo que se configuraba esta carrera de obstáculos hacia la formación superior, otro aspecto a resaltar en el conjunto de las reformas ha sido la desreglamentación de las titulaciones. Junto a las titulaciones clásicas "oficiales", las universidades ofrecen una variopinta gama de "titulaciones propias", sin más reconocimiento que el que el mercado les quiera otorgar. En esa misma dirección se orientan las titulaciones profesionales inferiores. A este respecto, es preciso señalar que España es uno de los países europeos con un índice más bajo de titulación profesional: en torno al 80% de los trabajadores carece de cualificación reconocida y homologable. Aparte del considerable porcentaje de jóvenes que salen de la escuela sin titulación alguna15 (nivel 1), las recientes reformas orientan a la mayoría hacia titulaciones de nivel 2 (Ciclos Formativos de Grado Medio), cuya multiplicación y diversidad las convierte más bien en certificaciones de muy exiguas competencias, sin una verdadera formación de base. A esa devaluación de las titulaciones oficiales contribuye la creciente oferta de cursos y "productos formativos" de la llamada enseñanza "no reglada" o "no formal". De manera que cada joven se enfrenta al mercado de trabajo con un bagaje de "diplomas", "cursos" y "experiencias" de muy diversa índole, que cada empleador puede valorar a discreción. Se habla de promover una formación más "individualizada", menos homogénea. Pero también con menos reconocimiento en los convenios colectivos, donde los empresarios pugnan por abolir las categorías y funciones estables en pro del contrato y el salario individualizado.
La desestructuración acelerada del sistema educativo estatal único y la reducción de la formación básica a niveles mínimos encajan con un mercado laboral precario e inestable, en el que el trabajador, periódicamente devuelto al paro, debe hacerse responsable de su "empleabilidad", dispuesto siempre a reconvertirse mediante breves cursos de formación, llamada aquí "ocupacional", para acceder a un nuevo y transitorio empleo. Efectivamente, los jóvenes trabajadores están condenados a "aprender a lo largo de su vida": puro sarcasmo, que tiene poco que ver con la apertura y acceso permanente al saber y a la cultura, y mucho más con la "flexibilidad" de una mano de obra barata y adaptable a las exigencias cambiantes del mercado.
Colectivo Baltasar Gracián