RESISTENCIA
En las últimas reformas se insiste de forma reiterativa en el papel determinante del profesorado para asegurar el éxito de su efectiva implantación. Cuando han aparecido los problemas y las contradicciones entre los propósitos y las realidades, también ha sido el profesorado el chivo expiatorio de todos los males detectados, tratando así de eludir un análisis crítico de las medidas puestas en marcha y los recursos aportados. Los defensores impenitentes de la LOGSE aseveraban que era necesaria una previa reforma de los formadores, un "cambio de chip" particularmente en el profesorado de Secundaria, acostumbrado a un alumno más selecto y a una docencia de materias especializadas, cuando era preciso acoger dentro de la nueva Enseñanza Secundaria Obligatoria (de 12 a 16 años) al conjunto de la población y asumir un enfoque de áreas más que de asignaturas. La LOCE, por su parte, pretendía recoger en su preámbulo el malestar generalizado del profesorado por la nefasta experiencia anterior, para proponerlo como punto de apoyo de la nueva "reforma de la reforma". Lo cierto y verdad es que el profesorado ha ido desarrollando una gran desconfianza sobre las sucesivas administraciones, independientemente de su color político, porque la experiencia es la de una continuidad en el abandono y degradación de la escuela pública en beneficio de la red privada y confesional, que ningún gobierno ha querido cuestionar. Degradación que ha ido pareja con el deterioro del clima de convivencia y estudio en los centros, de las propias condiciones laborales y profesionales en que se realiza la labor docente. Por más explicaciones justificativas que pretendan inventar los distintos responsables de este acelerado proceso de regresión en la enseñanza pública y en su calidad, los docentes saben que no hace tanto tiempo esa misma red pública daba cobijo no sólo a los alumnos procedentes de las clases trabajadoras sino también a buena parte de las llamadas clases medias, ofreciendo a unos y otros una formación con suficientes garantías de continuidad hacia niveles superiores, algo que las nuevas reformas educativas parecen descartar entre los objetivos prioritarios de la enseñanza pública para dejarla en manos de la red privada. De ahí que se haya ido configurando una cierta resistencia entre el profesorado, aunque poco organizada, ante la amalgama de nuevas funciones alejadas de la docencia; la mayor división y discriminación interna; la precariedad y falta de estabilidad crecientes; el refuerzo de la autonomía y burocratización de los equipos directivos en detrimento de la democracia en los centros, y, sobre todo, el declinante status social y profesional, que está generalizando una situación de frustración e impotencia.
Es inevitable que estas y otras quejas aparezcan también en los propios sindicatos, pero, dado su compromiso fundamental con la reforma "socialista" (de la que la LOCE es, en buena medida, su continuación), su acción se ve limitada a reivindicaciones puntuales de los muy diversos colectivos, y alguna que otra manifestación testimonial dentro de las "plataformas en defensa de la escuela pública", perfectamente compatibles con los procesos acelerados de privatización de la enseñanza llevadas a cabo por administraciones que, hasta ahora, se han cuidado de compensar a las organizaciones sindicales con otras concesiones para su propia supervivencia como aparatos, a la vez que mermaban su independencia. Esta falta de independencia, y el apoyo como "progresistas" a medidas que han supuesto una clara regresión en el terreno de la educación, han producido un verdadero desarme ideológico difícil de remontar.
Esto no ha impedido que en determinados momentos se hayan producido estallidos que han manifestado, a veces de forma masiva y contundente, ese descontento. La movilización en los años 1986 y 1987 de los estudiantes ante los nuevos planes de estudio; así como la del profesorado, que no veía mejorar su situación profesional y retributiva con la reforma, se llevó por delante al ministro Maravall, primer impulsor de ésta. Una y otra vez saltaron a la calle los colectivos más directamente afectados por una u otra medida concreta, como las manifestaciones y cortes de carreteras protagonizadas por las asociaciones de padres de alumnos y poblaciones rurales contra el cierre-concentración de centros en 1995-96, o las más recientes ante el aumento de presupuestos y subvenciones al sector privado.
Sin embargo, es justo señalar que la dispersión de la contestación y el aislamiento de los diferentes colectivos, cuando se ven directamente afectados, ponen de relieve el mucho camino que queda por recorrer para organizar una resistencia proporcional a la gravedad de los ataques actuales dirigidos al desmantelamiento y privatización de los sistemas públicos de educación. Aún así, la perspectiva y experiencia que proporcionan las últimas dos décadas de contrarreformas educativas, permiten la aparición de voces críticas que ponen de manifiesto el nexo reaccionario que las une y la necesidad de vertebrar una oposición frontal. A ello pretenden modestamente contribuir colectivos de profesores como el nuestro.
Colectivo Baltasar Gracián